La Corte Suprema confirmó la condena contra el exsenador mendocino Marcelo Romano: los motivos
El máximo tribunal rechazó el último recurso de la defensa y ratificó la inhabilitación del exlegislador por intentar amedrentar a la policía en un control vial.
24 abril, 2026
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por la defensa de Marcelo Romano y dejó firme la condena de diez meses de prisión en suspenso contra el exsenador provincial de Mendoza.
A través de un fallo firmado por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal consideró inadmisible el planteo, lo que ratificó además la inhabilitación especial de 20 meses para ejercer cargos públicos por el delito de atentado contra la autoridad agravado.
El episodio que originó la causa judicial ocurrió el 11 de agosto de 2019, cuando efectivos policiales detuvieron a la hija del entonces legislador durante un operativo de control en la ruta. El procedimiento se inició tras una denuncia al 911 que alertó sobre una conducción peligrosa, sin embargo, las tareas de prevención se vieron interrumpidas por la llegada del entonces funcionario al lugar de los hechos.
Según consta en las actuaciones judiciales, Romano arribó en una camioneta y utilizó su investidura para presionar a los agentes que realizaban el operativo y lanzó diversas amenazas contra el personal policial, ordenando a su hija que se retirara del sitio, una acción que impidió de forma efectiva que los uniformados completaran el test de alcoholemia correspondiente y las actas de rigor.
En una primera instancia, el Juzgado Penal Colegiado N°1 dictó la sentencia condenatoria al considerar probada la intimidación ejercida por Romano. Ante esta decisión, la defensa técnica interpuso diversas apelaciones en las que argumentó supuestos errores en la valoración de la prueba, la inexistencia de protocolos específicos para el procedimiento y la presunta prescripción de la acción penal, pero todos estos planteos resultaron rechazados por los tribunales superiores.
Con la reciente resolución del máximo tribunal del país, se agotaron las instancias judiciales para el dirigente mendocino. La justicia determinó que su condición de funcionario público agravó la figura penal, al entender que utilizó su poder institucional para entorpecer el cumplimiento de la ley y el ejercicio legítimo de la autoridad policial.
