La ONU revela un total de 56 represores identificados en Nicaragua

El gobierno de Nicaragua persiste en reprimir a la oposición, continuando con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el país y en el extranjero, montando juicios injustos, privación arbitraria de la nacionalidad, expulsiones, confiscaciones, vigilancia, amenazas y acoso.    

La actualización de las investigaciones de los 3 expertos independientes mandatos por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU «para investigar las presuntas violaciones y abusos
cometidos en Nicaragua desde abril de 2018», exhuman «posibles dimensiones de genero», que
se han incrementado. Son 56 los personeros del Estado involucrados en la represión, incluyendo
los Copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe publicado en Ginebra.

Estos expertos no son funcionarios de Naciones Unidas, ni cobran sueldo, solo viáticos para
ejecutar sus mandatos, y actúan según su conciencia. Presentan informes periódicos de sus
actividades y comparecen en Ginebra para debatirlos públicamente en el seno del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU. El actual Grupo de expertos lo componen Jan Michel Simon
(Presidente, de Alemania), junto a Ariela Peralta Distéfano (Uruguay) y Red Brody (Húngaro).

Según los estándares de la ONU, el Grupo de Expertos con mandato para investigar lo hacen
desde fuera de Nicaragua. El gobierno no autoriza su entrada al país, pero existen «motivos
razonables para creer que, desde abril de 2018, agentes estatales y no estatales han cometido de
manera sistemática y generalizada» graves crímenes «contra un conjunto cada vez mayor de
personas opositoras reales o percibidas como tales y sus familiares», constituyendo entre otros,
crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, torturas, violencia sexual y deportaciones.

En un documento de 21 paginas, figuran los detalles sobre la inmensidad horrenda de los delitos,
que incluyen también encarcelaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales,
detenciones, confiscaciones y privaciones arbitrarias de la nacionalidad, juicios injustos,
expulsiones, prohibición de entrada al país, vigilancia, amenaza y acoso, y la particularidad del
aumento de las violaciones transnacionales, y las persecuciones por motivos políticos.

El incremento del número de víctimas se debió inicialmente al reprimir a los manifestantes,
«especialmente aquellos que desempeñaban un papel destacado, y en las personas que
prestaban apoyo logístico, humanitario, jurídico o de otro tipo». El Estado «pronto amplió el
número de víctimas, al apuntar a defensores de los derechos humanos, feministas, activistas,
periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, abogados, estudiantes, simpatizantes
de la oposición y sandinistas disidentes, especialmente figuras y lideres de alto perfil».

Desde el 2023, el impacto «de las víctimas se ha ampliado a sectores de la población con
capacidad de movilización y convocatoria», que pudieran constituir una «amenaza para el control
del Gobierno, como estudiantes universitarios, profesores y personal docente, campesinos,
Pueblos Indígenas, afrodescendientes y miembros la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas»,
consolidando el poder «de la Sra. Murillo, debido a la incapacidad del Sr. Ortega».

Al tiempo, se han «intensificado considerablemente las violaciones dirigidas contra nicaragüenses
en el extranjero. Si bien el principal blanco de los ataques han sido los mas destacados
disidentes, críticos y defensores de los derechos humanos, las violaciones transnacionales han
afectado a una gran diversidad de nicaragüenses, incluidos niños, en ocasiones únicamente por
publicaciones en las redes sociales en las que se cuestionaba al Gobierno».

Paralelamente, «el número de nicaragüenses exiliados ha aumentado drásticamente desde el

2018.A fines de 2025, 342.045 nicaragüenses habían solicitado asilo en el extranjero y 31.387
obtuvieron la condición de refugiados…, cifras que no incluyen a los que tenían otra nacionalidad,
a los que adquirieron una nueva nacionalidad durante el exilio, o legalizaron su situación
migratoria a través de medidas alternativas, ni los que no habían regularizado su situación».

Managua emplea métodos «diseñados para disuadir, castigar y silenciar a los exiliados, impedir la
reorganización de la oposición y socavar los refugios seguros». Intenta «eliminar la disidencia,
garantizar la impunidad y afianzar su poder». Las «víctimas han visto desmoronarse sus vidas por
la supresión de su identidad jurídica, el deterioro de los medios de subsistencia y el riesgo de
perder el acceso al asilo y la movilidad. Los familiares que se encuentran en el país y en el exilio,
incluidos los niños, también se han convertido en daños colaterales».

La privación arbitraria de la nacionalidad, ha sido otro de los instrumentos del régimen OrtegaMurillo, para reprimir opositores reales o percibidos como tales en el extranjero, y sus familiares.
La ONU ha documentado «los casos de 452 nicaragüenses declarados «traidores a la patria», tras
procedimientos manifiestamente injustos. En 94 de estos casos, los juicios, que se celebraron,
fueron en ausencia de los acusados y secretos… A varios nicaragüenses residentes en el
extranjero se los privó de su nacionalidad sin haber sido notificados previamente de que hubiera
ningún procedimiento en curso».

«Cuando intentaban obtener documentos oficiales, las víctimas fueron simplemente informadas
por las autoridades consulares o migratorias de que no existían. Estos casos también constituyen
una privación de jure de la nacionalidad, lo que significa que las víctimas, a pesar de tener pocas
o ninguna prueba para demostrar la privación formal de su nacionalidad, también tienen derecho
a la protección que proporcionan las normas internacionales sobre apatridia».

«Ademas de la privación de jure de la nacionalidad de cientos de nicaragüenses, otros —quizás
miles- han sido objeto de medidas, que los convertirán en apátridas de facto cuando no posean
una segunda ciudadanía, ya que permanecen fuera de Nicaragua sin la protección ni la asistencia
de su Estado de nacionalidad». Existen 2 variantes: «la prohibición de entrada en el propio país» y
la «denegación de pasaportes y documentos de oficiales». En ambos procedimientos las
decisiones remontan «a la Viceministra de Gobernación, en consulta con la Sra. Murillo».

Otro suplicio es «la confiscación de bienes y activos, como viviendas, vehículos, terrenos,
cuentas bancarias, negocios y pensiones pertenecientes a exiliados opositores, reales o
percibidos como tales, o a sus familiares». Los casos documentados por los expertos de la ONU
han sido «arbitrarios y se llevaron a cabo tras juicios injustos y sin ningún procedimiento legal
conocido». Así lo resolvió «el Fiscal General y su Oficina, ejecutando ordenes judiciales o
decisiones arbitrarias tomadas en consulta con la Sra. Murillo».

La denegación «de pasaportes y documentos significa la negativa de las autoridades consulares
nicaragüenses a expedir y renovar pasaportes, legalizar poderes de representación legal y realizar
otras funciones, o han retrasado dichos tramites a personas consideradas «amenazas» para el
gobierno y a sus familiares. La decisión de denegarlos es otra prerogativa de la Viceministra del
Interior, en consulta con la Sra. Murillo, que luego se transmiten al Ministerio de Relaciones
Exteriores y al Ministerio del Interior, embajadas y consulados, para que las apliquen».

«Las autoridades también han intentado provocar la «muerte civil» de nicaragüenses exiliados
bloqueando el acceso a los documentos del Registro Civil Central, sobre todo partidas de
nacimiento y certificados de matrimonio, o alterándolos o eliminándolos», afectando «a sus
familiares, especialmente supervisado «por el Consejo Supremo Electoral en consulta con la
Viceministra del Interior y la Sra. Murillo», privando a las víctimas de su identidad jurídica»

Todo ello «impide hacer valer derechos de propiedad, obtener un pasaporte, regularizar la
situación migratoria y establecer la filiación, ademas de restringir drásticamente el disfrute de
otros derechos humanos», afectando «a sus familiares, especialmente a hijos y cónyuges. Las
víctimas no puede acogerse a la asistencia de Nicaragua», convirtiéndose en «apátridas».

«Desde 2018 y, sobre todo, desde 2023, las autoridades han efectuado cada vez más
confiscaciones de bienes y activos, como viviendas, vehículos, terrenos, cuentas bancarias,
negocios y pensiones, pertenecientes a exilados opositores, reales o percibidos como tales, o a
sus familiares». Los casos fueron «arbitrarios y se llevaron a cabo tras juicios injustos o sin
ningún procedimiento legal conocido». Los perpetraron «la Fiscal General, ejecutando órdenes
judiciales o decisiones arbitrarias en consulta con la Sra. Murillo», asignándolas «a instituciones
estatales, y en ocasiones, a personas vinculadas al FSLN».

Abundan «las represalias contra familiares que se encuentran en el país … incluyendo a menores
de edad y a las asociaciones de los opositores reales o supuestos, domiciliados en el exilio,
como forma de castigarlos y presionarlos», puestos bajo «vigilancia, acoso, amenazas,
detenciones arbitrarias, confiscación de bienes, alteración de registros civiles, denegación de
pasaportes, y prohibición de salir del país», propagando «el miedo y la autocensura tanto en
Nicaragua como en el extranjero», con graves «consecuencias económicas y psicológicas».

El dispositivo de acoso y derribo de opositores al gobierno, se acompaña mediante una «red
transnacional de inteligencia … crucial para identificar, vigilar, y perseguir nicaragüenses
exiliados… en la que participan el ejército, la policía, el servicio diplomático y actores no
estatales, en particular miembros del FSLN y otras instituciones del Estado ». Lo hacen «a través
de una cadena de mando vertical»… proyectando «su aparato represivo en el exterior para
perseguir a nicaragüenses, cuyas decisiones son tomadas por la Sra. Murillo».

Dentro de Nicaragua, persisten «graves violaciones, constatando 75 nuevos casos de
desaparición forzada». Siguen siendo habituales las detenciones arbitrarias, «199 entre abril de
2025 y mediados de enero de 2026», cobrando protagonismo «personas mayores detenidas
arbitrariamente». Actualmente «permanecen privados de la libertad 13 hombres y 2 mujeres entre
61 y 82 años», entre ellos «lideres indigenas», 2 coroneles retirados y 1 asesor presidencial».

«Desde abril de 2018 se han producido 6 muertes de personas privadas de libertad, 2 de las
cuales fallecieron en 2025, uno disidente del sandinismo, otro asesor jurídico de la Iglesia
Católica. Desde que los detuvieran hasta el momento en que sus restos fueran devueltos a sus
familias, el 25 el 29 de agosto de 2025 respectivamente, «las autoridades no revelaron el
paradero ni la suerte que habían corrido ninguno de los 2 hombres y no se informó a las familias».

«Entre noviembre de 2025 y mediados de enero de 2026, fueron puestos en libertad 36 presos
políticos (26 hombres y 10 mujeres)… Sin fundamento jurídico», todos ellos «siguen estando
sometidas a condiciones restrictivas, como vigilancia estricta, prohibición de comunicarse, y
restricciones a la libertad de movimiento», conformando «un régimen de coacción y acoso
continuos que ejerce un efecto intimidatorio sobre las víctimas para impedir que denuncien las
violaciones que sufrieron durante su detención y que restablezcan sus redes de apoyo».

En consecuencia, el Grupo de Expertos insiste ante el gobierno de Nicaragua que «revele
inmediatamente la suerte y el paradero de todas las personas desaparecidas» y que «libere
incondicionalmente a todas las personas privadas arbitrariamente de la libertad, en particular
personas mayores, bajo la supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja y reforme a fondo
el sistema penitenciario de conformidad con las normas internacionales en la materia».

Añade que «ponga fin inmediatamente a toda persecución por motivos políticos, lo que incluye la
vigilancia, el acoso y la intimidación de opositores reales o percibidos como tales y sus familiares
en Nicaragua y en el extranjero; y restablezca los derechos humanos de todas las víctimas de
abusos y delitos cometidos desde abril de 2018, revocando toda la legislación y las reformas
constitucionales aprobadas desde el 2018 que sean incompatibles con las obligaciones
internacionales de Nicaragua», anulando «el estado de vigilancia y cree las condiciones
necesarias para garantizar la separación de poderes».

Insiste en que «lleve a cabo investigaciones con prontitud, de manera imparcial y exhaustivas de
todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, velando por que se
respete el derecho a la verdad, se enjuicie a los responsables y se conceda a las víctimas una
reparación plena, y, a fin que no se repitan las violaciones, adopte medidas que, entre otros
aspectos, tengan en cuenta las dimensiones de género e interseccionalidad e incorporen
asistencia medica y psicosocial».

Reclama que «permita la libertad de circulación, en particular el regreso seguro de los exiliados,
entre otros medios a través de la expedición de pasaportes y otros documentos», permitiendo «a
los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación ejercer su profesión de forma libre
e independiente en el país», poniendo «fin a la persecución de los miembros de la Iglesia Católica
y otras iglesias cristianas y vele por el pleno respeto del derecho a la libertad de religión».

Instando a que se «restablezca el estatus jurídico de las organizaciones de la sociedad civil cuyo
registro fue revocado arbitrariamente, devolverles todos los bienes y propiedades confiscados y
permitir que trabajen libremente en el país», exhortando al gobierno nicaragüense a que
«colabore y coopere plenamente con las Naciones Unidas y los mecanismos interamericanos de
derechos humanos, entre otros medios, concediéndoles acceso sin restricciones al país».

Desde Ginebra, Juan Gasparini