El interinato de Delcy Rodríguez en Venezuela
Las presentes recomendaciones a Venezuela de 3 expertos independientes mandatados por la ONU, quienes no son funcionarios ni asalariados de Naciones Unidas, y solo cobran viáticos para sus misiones, actúan según su conciencia. Se inscriben en un total de 180 recomendaciones formuladas por diferentes mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos de la ONU desde el 2019 a Venezuela, tras verificar violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos por el gobierno de Caracas.
La «reconfiguración sin transición de la dictadura chavista» en Venezuela, tras la captura del
presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos» el 3 de enero pasado, se encontraría en «un
proceso de recomposición autoritaria y re-configuración interna del poder», no ante «una
transición verificable hacia la democracia». Destacan en su gobierno la Presidenta Delcy
Rodríguez y su hermano mayor, Jorge Rodríguez, quien dirige la Asamblea Nacional. El Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, debatirá en Ginebra sobre el caso el 26 de junio próximo. (1)
Los primeros 5 meses de gestión «no muestran decisiones verificables orientadas al inicio de una
transición democrática. Responden principalmente a criterios de fidelidad política. No existe
cronograma electoral, ni renovación del Consejo Nacional Electoral, o medidas orientadas a
garantizar la independencia judicial. Tampoco se han creado mecanismos de verdad y reparación
para las víctimas, o desmontado el entramado normativo restrictivo que limita libertades». (2)
Por el contrario, «los hermanos Rodriguez impulsaron una reorganización del aparato estatal
basada en la sustitución de cuadros cercanos a Nicolás Maduro por funcionarios identificados
con su propio entorno político. La mayoría de las nuevas designaciones corresponden a personas
conocidas por su militancia y lealtad al proyecto bolivariano. Mas que una alternancia o apertura
institucional, el proceso da la impresión de una redistribución interna de poder, en búsqueda de
un nuevo punto de equilibrio tras la salida de Nicolás Maduro de la coalición gobernante». (3)
Pese a observarse «señales de apertura (menor intensidad represiva, retorno limitado de
liderazgos al espacio público, ampliación restringida del debate y reaparición de la agenda
electoral) estas medidas conviven con la continuidad de prácticas, actores y estructuras
anteriores. El objetivo no es desmontar las estructuras de poder precedentes sino adaptarlas a
las nuevas condiciones políticas, económicas e internacionales. La ingeniería de los Rodríguez
apuntaría a preservar la gobernabilidad del sistema mediante su reorganización interna». (4)
A su vez, la «ausencia forzosa» de Nicolas Maduro, «sin calificación constitucional definitiva…
ha generado un limbo institucional que afecta la seguridad jurídica, debilita la legitimidad del
proceso político y profundiza la desconfianza ciudadana sobre el rumbo de la transición». Falta
«determinar la naturaleza de la ausencia presidencial … activando el procedimiento establecido
constitucionalmente, convocando a elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables
dentro de un cronograma acordado y supervisado, ejerciendo la soberanía popular». (5)
«Uno de los aspectos más controvertidos de estos primeros 5 meses de gobierno ha sido la
designación, ratificación o permanencia de altos cargos públicos de funcionarios señalados por
organismos internacionales debido a su presunta responsabilidad en graves violaciones de
derechos humanos, corrupción o participación en estructuras represivas». Resaltan Gustavo
González Lopez, Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, Ministro de la Alimentación, Larry
Devos, Fiscal General, y Diosdado Cabello, Ministro del Interior, Justicia y Paz. (6)
«Uno de los principales riesgos del actual proceso político venezolano es la consolidación de la
simulación de cumplimiento sin transformaciones estructurales reales hacia la democracia y el
Estado de Derecho». Sucede con la Ley de Amnistía, «que no respondió a las expectativas
legítimas de las víctimas. Actualmente no existen listas públicas completas y verificables sobre
personas liberadas, mientras numerosos detenidos políticos siguen presos … bajo esquemas
restrictivos como arrestos domiciliarios, medidas cautelares y procesos abiertos». (7)
Al respecto, un caso emblemático ha sido el siniestro «Helicoide», «y otros espacios de reclusión
que no han sido cerrados ni transformados estructuralmente, manteniendo operativos con
población tanto de presos comunes como de presos políticos, pese a que su permanencia,
resulta incompatible con estándares mínimos de no repetición y garantía democráticas», con
ausencia «de verificación experta e independiente de cumplimiento». (8)
«Según la organización «Justicia, Encuentro y Perdón», alrededor de 250 personas habrían
recuperado la libertad» en estos últimos 6 meses, mientras que otras 679 personas continuaban
privadas de libertad por razones políticas. A pesar de la divulgación de cifras abultadas, las
autoridades nunca emitieron un listado oficial de las personas beneficiadas por la Ley de
Amnistía, dentro de una lógica de indulgencia y no de reconocimiento de la responsabilidad
estatal, convirtiendo la amnistía en una medida de alivio, mas que en una política de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición». (9)
«La sustitución de la cárcel, no equivale al restablecimiento pleno de los derechos civiles y
políticos para los liberados. La permanencia de procesos penales, regímenes de presentación
periódica ante tribunales, prohibiciones de salida del país u otras limitaciones generan un efecto
inhibidor sobre la labor de defensa de los derechos humanos, y mantiene mecanismos de control
estatal sobre personas que previamente fueron perseguidas por su actividad cívica». (10)
«En consecuencia, estas medidas refuerzan las preocupaciones sobre la existencia de avances
parciales o incompletos que, si bien reducen el número de personas encarceladas, no eliminan
plenamente las consecuencias de la persecución política ni garantizan condiciones adecuadas
para el ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos». Lo confirman casos emblemáticos
que han trascendido por su impacto internacional, como los de «Javier Tarazona, Rocío San
Miguel, Pedro Hernández, Carlos Julio Rojas, Carlos Correa y Kennedy Tejeda». (11)
Todos ellos, de una manera u de otra «fueron excarcelados tras periodos cortos o prolongados de
detención arbitraria, pero continuan enfrentando causas penales abiertas, con medidas
cautelares, restricciones a su libertad de movimiento, de expresión e información de sus casos; o
a la incertidumbre jurídica derivada de expedientes no conocidos. La sustitución de la cárcel no
equivale al restablecimiento pleno de sus derechos civiles y políticos. La permanencia de
procesos penales, regímenes de presentación periódica ante tribunales, prohibiciones de salida
del país u otras limitaciones generan un efecto inhibidor sobre la labor de defensa de los
derechos humanos y mantiene mecanismos de control estatal sobre personas que previamente
fueron perseguidas por su actividad cívica». (12)
Estas medidas «refuerzan las preocupaciones sobre la existencia de avances parciales o
incompletos, que si bien reducen el numero de personas encarceladas, no eliminan plenamente
las consecuencias de la persecución política ni garantizan las condiciones adecuadas para el
ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos». Durante este periodo «se han producido
97 agresiones contra periodistas, 18 detenciones arbitrarias, 16 impedimentos de coberturas, 15
deportaciones de corresponsales extranjeros, actos de hostigamiento y cierres de medios». (13)
Prosiguen las «detenciones selectivas contra activistas vinculados a partidos políticos y
organizaciones sociales. A diferencia del periodo previo al 3 de enero último, estas actuaciones
no derivaron en encarcelamientos prolongados o desapariciones temporales, pero sí en
procedimientos judiciales abiertos, medidas cautelares y regímenes de presentación periódica
que mantienen condiciones de incertidumbre jurídica y restricción de la actividad política». Para
peor, al retornar al país, fueron detenidos los exilados Edwin Sambrano y Alexis Paparoni». (14)
«Delcy Rodríguez mantiene un «apoyo cercano a una cuarta parte o un tercio de la población»,
enfrentando «niveles de rechazo y desconfianza significativamente superiores», según encuestas
de «Atlaslntel para Bloomberg» (su nivel de aprobación descendió de 37% en febrero a 35% en
marzo, y 31% en abril), mientras que la desaprobación aumentó un 44,3% de febrero a abril»,
indicado por «ORC Consultores y Datanálisis», con un 74,4 »de venezolanos disconformes». (15)
Por consiguiente, «la profunda crisis de legitimidad y los elevados niveles de rechazo ciudadano
hacia Delcy Rodríguez y el actual esquema de gobierno representan uno de los principales
obstáculos para una transición democrática creíble, sostenible y con apoyo social en Venezuela.
El sostenimiento de cualquier proceso de transición suele estar vinculado a su capacidad de
generar respaldo ciudadano, estabilidad institucional y avances democráticos». (16)
«En agosto de 2025 se proyectaba que la legislatura sería el principal escenario de negociación
entre el oficialismo y sectores minoritarios de oposición. Sin embargo ese rol fue desplazado por
la negociación directa entre Estados Unidos y la administración de Delcy Rodríguez. La Asamblea
Nacional pasó a desempeñar una función predominantemente legitimadora y de
acompañamiento institucional de acuerdos y decisiones en otros espacios». (17)
«Según la consultora Poder y Estrategia, el 64% de los encuestados consideran que deben
realizarse elecciones durante el presente año. Coinciden organizaciones de la sociedad civil,
impulsando iniciativas para reponer la agenda de participación política, entre ellas «Quiero
elegir», promovida por una coalición de organizaciones venezolanas para exigir la restitución
plena de los derechos políticos». Distintas versiones sugieren «una secuencia electoral para el
2027», propuesta rechazada por la opositora exilada María Corina Machado, la cual propone
elecciones presidenciales, con participación de los venezolanos dentro y fuera del país». (18)
«Disminuye la paciencia social para una transición. Amplios sectores de la población consideran
que no existen cambios reales en materia derechos, institucionalidad, condiciones económicas y
garantías democráticas, y aumenta el riesgo de frustración colectiva, desmovilización,
conflictividad social o perdida de credibilidad en mecanismos de negociación y transición
gradual». (19)
«La normalización desde mecanismos excepcionales, interpretaciones discrecionales de la ley o
formulas de gobierno sustentadas exclusivamente en acuerdos políticos debilita la seguridad
jurídica, erosiona la legitimidad democrática y aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos frente
al poder. Ninguna transición sostenible puede depender de arreglos coyunturales entre actores
políticos nacionales o internacionales… sin garantías jurídicas estables, públicas y exigibles». (20)
Desde Ginebra, Juan Gasparini.
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) «Laboratorio de Paz », junio de
2026, centro venezolano de investigación y pensamiento estratégico fundado en 2012. Su labor
se enfoca en comunidades vulnerables, promoviendo el derecho a la paz, el espacio cívico y el
fortalecimiento de las organizaciones sociales (www.labpaz.org).
