Aumenta la represión contra mujeres en Nicaragua

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo aumentó la represión en Nicaragua desde el 2018,
«utilizando el género como instrumento de control, humillación y silenciamiento», quitándoles la
nacionalidad a 452 personas en los últimos meses, entre ellas a 84 mujeres, acusadas de
«traición a la patria», tras procesos injustos, expulsándolas a «Estados Unidos, Guatemala,
Ciudad del Vaticano, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Panamá», informó el Grupo de
3 Expertos sobre Nicaragua, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. (1)

Concierne a «feministas, periodistas, mujeres del colectivo LGBTIQ+, así como lideresas políticas
comunitarias, campesinas, indígenas y afrodescendientes, y familiares de personas opositoras»,
que han sufrido «discriminación, agresiones y persecución política alimentadas por estereotipos
de género y la manipulación de roles de cuidado, y profundizadas por prejuicios raciales»,
resumieron los expertos, en un documento publicado por el citado Consejo de la ONU. (2)

«Las autoridades promueven un modelo tradicional de mujer asociado a la maternidad, la familia
y la obediencia, mientras estigmatizan a las mujeres disidentes como amenaza para el orden
social. Esta narrativa ha servido para justificar ataques contra mujeres que ejercen liderazgo
público o defienden los derechos humanos, activistas feministas, periodistas, lideresas
estudiantiles, que fueron reprimidas, y sufrieron detención arbitraria, violencia física y tortura». (3)

También han sido canceladas «cerca de 300 organizaciones de mujeres y del colectivo LGBTIQ+,
eliminando espacios especiales de protección, acompañamiento y denuncia que brindaban
servicios legales, psicosociales, comunitarios y de salud sexual y reproductivas, afectando de
manera desproporcionada a mujeres y niñas, en particular a quiens dependían de esos servicios
frente a la violencia de género, la pobreza, la exclusión o el despojo territorial, destruyendo
instancias de asistencia que sostenían la vida diaria de muchas comunidades». (4)

Aumentaron «las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, teniendo impactos
específicos en las mujeres, en particular las opositoras o percibidas como tales, sometidas a
procesos sin garantías, incomunicación, cargos infundados y estigmatización basada en el
género, interrumpiendo trayectorias profesionales, desarticulando familias, y separando a madres
de sus hijos e hijas», agrediendo «a mujeres que buscaban a familiares detenidos o
desaparecidos, que acudían a centros de detención o reclamaban justicia», siendo «acosadas,
vigiladas y amenazadas». (5)

«La tortura y los malos tratos en lugares de detención incluyeron formas claras de violencia
sexual y de genero, incluidas la violación. Las mujeres detenidas subrayaron con frecuencia que
fueron sometidas a insultos sexistas, amenazas de violación, desnudez forzada, acoso sexual,
aislamiento, restricción de visitas familiares y privación de atención médica adecuada. Estas
practicas buscaron humillarlas y castigarlas por su participación en política y por apartarse de
roles tradicionales. La violencia sexual y las amenazas contra su maternidad o la custodia de sus
hijos, profundizaron el sufrimiento psicológico. Quienes visitaban a detenidos también sufrieron
registros abusivos y tratos degradantes». (6)

«Por otra parte, la vigilancia constante, el acoso y las campañas de difamación han servido para
aislar y silenciar a un gran número de mujeres dentro y fuera de Nicaragua. Muchas fueron
llamadas «malas madres», «abortistas» , «traidoras», o «enemigas de la familia». Adicionalmente
«las mujeres del colectivo LGBTIQ+ enfrentaron ataques homófobos y estigmatizantes», mientras
«que las lideresas indígenas y afrodescendientes sufrieron también a causa del racismo en su
contra y la violencia e impunidad ligadas con esta forma de discriminación». (7)

«Asimismo, la prohibición de ingreso al propio país, la denegación de expedición o renovación de
pasaportes y documentos de viaje, las expulsiones, la prohibición arbitraria de la nacionalidad y la
confiscación de bienes han dejado a muchas mujeres en situación de desarraigo, precariedad
económica, separación familiar y, en varios casos, apátrida de jure y de facto, en caso de no
tener otra nacionalidad, constituyendo, varias de estas violaciones, crímenes de lesa humanidad
de encarcelación, desaparición forzada, deportación y persecución por motivos políticos. (8)

«Aunque el motivo principal de la persecución es político, el genero de las víctimas ha
influenciado en su selección por los perpetradores, en los métodos represivos utilizados y en los
impactos sufridos. El Grupo de Expertos concluye en consecuencia que las graves violaciones y
abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 han tenido
dimensiones de género claras y sistemáticas, afectando de manera diferenciada a mujeres, niñas
y personas LGBTIQ+, sino que ademas ha reproducido, instrumentalizado y profundizado
desigualdades estructurales, y estereotipos de genero preexistentes para castigar, disciplinar y
silenciar víctimas y para destruir redes de apoyo, organización y resistencia». (9)

Los expertos hacen «un llamado al Gobierno nicaragüenses a poner fin a la represión, liberar a las
personas detenidas arbitrariamente, investigar las violaciones, restituir derechos y garantizar un
entorno seguro para las organizaciones feministas y de derechos humanos, instando ademas a la
comunidad internacional a mantener el monitoreo, apoyar la rendición de cuentas y proteger a las
mujeres nicaragüenses en el exilio», y a abandonar los asesinatos, las encarcelaciones, la tortura,
la deportación, las desapariciones forzadas. (10)

En ese contexto, recuerdan «que en muchos casos la confiscación arbitraria de bienes y las
pensiones de las mujeres exiliadas ha profundizado las desigualdades estructurales de genero
preexistentes, como los obstáculos para acceder a fuentes de ingresos y su dependencia
económica, exponiéndolas así a la precariedad económica y la pobreza» sin olvidar «que estas
confiscaciones afectan también a los familiares que dependen de ellas, como hijas e hijos
menores y adultos, tanto en Nicaragua como en el extranjero». (11)

Para el sistema de protección y promoción de los derechos humanos vigente en la ONU, «los
Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con altos funcionarios de los diferentes
poderes del Estado e integrantes del FSLN, son responsables, prima facie, de violaciones graves,
sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos
desde abril de 2018. Estas violaciones que, en si o por su efecto acumulativo, constituyen
persecución por motivos políticos se agravan aun más por su convergencia con la discriminación
de genero. Asimismo, genera un impacto diferencial dependiendo del género de la víctima». (12)

Desde Ginebra, Juan Gasparini

(1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) Mujeres y violaciones de Derechos Humanos, en Nicaragua, Ginebra, 18
de junio de 2026.

2) Se trata de Jan Michael Simon, (Alemania), Ariela Peralta Distéfano (Uruguay) y Reed Brody
(Hungría-Estados Unidos), quienes no son empleados de la ONU, ni cobran sueldo, solo viáticos
para cubrir gastos de sus mandatos. Actúan según conciencia, y concurren a Ginebra una vez al
año para informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y participar de los debates e
investigaciones.