Una nueva versión del mamotreto, con la misma intención extranjerizante
Milei quiere regalar el litio, los lagos y los ríos
En búsqueda de los votos que le faltan al oficialismo en el Senado, Bullrich anunciará cambios por enésima vez en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, especialmente en los que derogan los límites a la posesión extranjera del territorio argentino. Elevarían el tope del 15 al 25 por ciento. La entrega, sin embargo, sigue servida en bandeja.
Por Melisa Molina
04 de agosto de 2026
Este jueves el Senado de la Nación sesionará para intentar cumplir uno de los grandes deseos del gobierno de Javier Milei: entregar el territorio nacional y los recursos naturales de la Argentina a manos extranjeras. Como la votación se avizora compleja debido a la presión social —ese día la oposición, el sindicalismo y organizaciones de la sociedad civil preparan una movilización masiva frente al Congreso—, la Casa Rosada diseñó un plan. Este martes a las 16 Patricia Bullrich dará una conferencia de prensa y dirá que modificó el proyecto —por enésima vez—, con el objetivo de convencer a los aliados.
Sin embargo, según un borrador que circuló de forma extraoficial con las supuestas modificaciones, el corazón de la ley seguirá intacto y los recursos naturales estratégicos del país, en caso de aprobarse el texto, podrán ser rifados al mejor postor.
Entre las modificaciones que anunciará Bullrich, según el texto que circuló, en lugar de no poner límites para la venta de las tierras, el oficialismo propondría subir el actual tope de 15 por ciento –nacional, provincial y departamental– a uno del 25 por ciento solo “por provincia”.
Desde la oposición y las organizaciones ambientales denuncian que se trata de “una trampa discursiva” del oficialismo, ya que, más allá del cambio, el proyecto seguiría garantizando la eliminación de todo tipo de tope “por departamento”. Es decir, los extranjeros podrán comprar todos los recursos naturales y estratégicos de cualquier provincia sin ningún impedimento.
Una de las que explicó que los supuestos cambios al proyecto son cosméticos fue la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Villar. Ella remarcó que la ley vigente limita al 15 por ciento en tres niveles: nacional, provincial y departamental, pero que el departamental, sin embargo, “es el que más importa porque ahí se concentran el agua, el litio, los glaciares y la tierra productiva”.
Vilar detalló que, sin límite departamental, “alcanzará con controlar unos pocos departamentos para extranjerizar los recursos estratégicos sin llegar nunca al tope del 25% provincial que permitiría la ley”. Como ejemplo, utilizó el caso de la provincia de Neuquén. “Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso son apenas el 4,5% de la superficie provincial, pero el departamento de Los Lagos casi entero. Con el 25% provincial, esa zona se podría extranjerizar completa de forma totalmente legal”, dijo.
El litio, los lagos y los ríos: ¡afuera!
Lo mismo ocurriría con un recurso estratégico y codiciado en el mundo como es el litio. La Argentina, junto con Bolivia y Chile, concentra más del 50 por ciento de las reservas mundiales de ese metal blando que se usa, por ejemplo, para hacer baterías recargables. En ese sentido, la ministra provincial resaltó: “Los salares de Jujuy, Salta y Catamarca están concentrados en pocos departamentos y no hace falta comprar el 25 por ciento de esas provincias para controlar el recurso estratégico”.
El proyecto de ley del oficialismo, más allá de las modificaciones, también sostendrá la derogación de la protección de lagos, ríos y cuerpos de agua permanentes. Es decir, se podrá vender al mejor postor el agua dulce que necesitan los humanos para vivir. Si bien ese recurso abunda en la Argentina, según la ONU, escasea “gravemente” en el mundo debido al cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación.
Las zonas de frontera, para el narco
Por otra parte, en caso de aprobarse, la ley habilitará la compra por parte de extranjeros de zonas de frontera sin control. Matías Oberlin, doctor en historia y magíster en Estudios Culturales de América Latina, indicó que eso “va a generar una presión de los grupos dedicados a actividades ilegales o empresas que quieren evadir controles estatales”, y que, de esa manera, se habilitará “el crecimiento del delito organizado y la violencia”.
Con la ley actual no está prohibido comprar zonas de frontera, sin embargo, quien la compra se expone a un mecanismo de doble conformidad. Tiene que dar aviso a la Dirección de Fronteras y someterse a controles para dar explicaciones de por qué compró ese territorio. Por ejemplo, si lo compró para hacer un centro logístico o para la industria forestal, tiene que poder comprobar que lo utiliza para esos fines. Con las nuevas modificaciones se borrarán los controles.
La Pampa húmeda de remate
Por último, el proyecto del oficialismo eliminaría el tope que tienen los extranjeros para no poder comprar más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo del país. Este punto de la ley actual es central porque protege a la Pampa húmeda donde se produce, entre otras cosas, soja, maíz, trigo y girasol.
La ley vigente se creó en el año 2011, durante la gestión del entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En ese entonces, Domínguez viajó a China y allí le dijeron que, mediante un fondo soberano, el estado Chino quería comprar cerca de un millón de hectáreas para producir alimentos en la Argentina y llevarlos a su país. Lo mismo le ofrecieron durante un viaje a la India.
De regreso a la Argentina, Domínguez conversó con la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y decidieron enviar al Congreso una ley para establecer límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Definieron que los extranjeros no podrían comprar más del 15 por ciento de tierras a nivel nacional, provincial y departamental y, en cuanto a la zona núcleo, propusieron que no se puedan vender más de mil hectáreas. El objetivo, entre otros, fue proteger la producción local y la soberanía alimentaria del país.
Las vaquitas son ajenas
La ley fue aprobada por el Congreso y, ese mismo año, se creó el Registro de Tierras para conocer qué porción del territorio nacional ya estaba en manos de extranjeros. Descubrieron que había varios departamentos provinciales que estaban excedidos del tope –todos tienen recursos naturales estratégicos o fronteras–. Sin embargo, la norma no fue retroactiva.
En 2016, el expresidente Mauricio Macri firmó un decreto para modificar la Ley de 2011 y amplió del 25 al 51 por ciento la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras en el país. Es decir, por lo que pasó antes de 2011 y por las concesiones de Macri, hoy hay 36 departamentos están excedidos del límite e incumplen con la ley.
En total en toda la Argentina hay más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas. Entre ellas, áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos.
Con la nueva norma se legalizaría la situación de todos los departamentos que están excedidos, muchos por encima del 50 por ciento. Y, ni siquiera en esos casos, se llegaría a un 15 por ciento a nivel provincial. Es decir, aun comprándose todos los departamentos que tienen los recursos naturales estratégicos o las fronteras, la propiedad en manos de extranjeros quedaría muy por debajo del 25 por ciento que pondría como “tope” el proyecto modificado.
“No necesitan comprarse media provincia, necesitan comprarse el pedazo donde hay recursos, agua dulce o frontera”, indicaron en diálogo con este diario especialistas en la materia. Oberlin añadió: “El problema no está a nivel nacional ni provincial (ninguna provincia llega al límite del 15%). El problema está a nivel departamental: 36 puntos rojos en el mapa. Podrían vender toda la cordillera o el Paraná, y el promedio provincial no llegaría a ese 25%”.
Por último, también eliminarían la restricción actual del 30 por ciento para que la venta no sea a un solo país.
Los que definen
La tarde del lunes, Patricia Bullrich se reunió con los senadores de su bloque y aliados para diseñar una estrategia y hacer números de cara a la sesión del jueves. Después del encuentro, desde su entorno anunciaron que el martes dará una conferencia de prensa donde comentará las “modificaciones” que hicieron al proyecto en busca de votos de los indecisos. “La idea de hacer la conferencia salió de Patricia”, expresaron cerca de la senadora y dijeron que los detalles los dará ella.
El bloque del Justicialismo, encabezado por José Mayans, cuenta con 25 votos en contra del proyecto. A ellos se le sumarían tres senadores del bloque de Convicción Federal, que lidera Carolina Moisés, y que presentó su propio dictamen.
Los que están con dudas son los senadores: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del oficialismo misionero; el correntino Camau Espinola; Flavia Royón, del oficialismo salteño; Edith Terenzi, del oficialismo chubutense; Julieta Corroza, del oficialismo Neuquino y la tucumana Beatriz Avila.
El radicalismo será clave. De los diez senadores de ese bloque, solo tres no están de acuerdo: Maximiliano Abad, de Buenos Aires; Flavio Fama, de Catamarca; y Daniel Kroneberger, de La Pampa. El presidente de esa bancada, Eduardo Vischi, respaldó el proyecto de la Rosada.
También habrá que mirar con atención la definición que tomen los senadores de Misiones, Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, y los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano. Además, duda la cordobesa Alejandra Vigo.
En caso de que ocurra un empate, en el oficialismo temían que la definición quede en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ella dijo que el proyecto pretendía “rifar a la Argentina”.
Sin embargo, con el viaje de Milei a Ecuador, debido al artículo 88 de la Constitución Nacional, Villarruel quedará a cargo del Ejecutivo. Es decir, su rol en la Cámara Alta lo tomará el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala y él desempataría.
