Expertos de la ONU denuncian que la represión continua en Venezuela con el nuevo gobierno

Alex Nieve izquierda y Marí Eloísa Quintero es la la derecha. , mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
en Ginebra, para seguir investigando las «nuevas detenciones políticas y falta de rendición de
cuentas», del flamante Gobierno venezolano de Delcy Rodriguez, le reclaman «desmantelar el
aparato represivo» montado por su predecesor en 2014, Nicolás Maduro, aprehendido por
Estados Unidos el 3 de enero», de modo que se pueda «avanzar hacia una reforma real en
derechos humanos». (1)

Esta «Misión de Determinación de los hechos de la ONU», creada en septiembre de 2019,
«señaló que durante el periodo reportado (septiembre 2025 hasta el presente) se registraron
hechos de gran trascendencia y algunas acciones positivas», no obstante, «los registros e
investigaciones de la misión señalan que las estructuras que durante años han sostenido la
persecución no han sido desmanteladas, ni se han dado a conocer políticas estatales para
comenzar dicha labor».

«Los nuevos casos de violaciones de los derechos humanos nos recuerdan que la extensa
maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos
humanos y crímenes internacionales permanece intacta», afirmó la experta María Eloísa Quintero.
«No puede decirse que Venezuela se encamine hacia una reforma en materia de derechos
humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado».

«Altos funcionarios del Gobierno y las fuerzas militares previamente identificadas por la Misión
como responsables de crímenes de lesa humanidad continuan ocupando posiciones de poder en
el poder ejecutivo y en las fuerzas d seguridad», señaló Alex Neve, otro miembro de la Misión.
«No hay indicios de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estas personas
ante la justicia».

«La Misión reiteró que la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026 violó el
derecho internacional. Si bien existen motivos razonables para creer que Nicolás Maduro es
responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil, ello no justifica
una intervención militar legal. Todas las personas responsables de estos crímenes deben rendir
cuentas mediante procesos judiciales con las garantías del debido proceso».

«Desde el 3 de enero, la Misión ha recibido informes de al menos 87 nuevas detenciones por
motivos políticos, lo que indica que la práctica de silenciar a la disidencia persiste bajo el
Gobierno actual. Esto ocurre tras un período de intensa represión entre septiembre y diciembre
de 2025, durante el cual la Misión documentó 135 detenciones arbitrarias y un patrón continuado
de tortura y malos tratos contra personas detenidas en prisiones, centros de detención y «casas
seguras».

«Acogemos con satisfacción la reciente excarcelación de personas detenidas por motivos
políticos, pero nos preocupa la falta de transparencia con la que se está llevando a cabo este
proceso», afirmó Quintero. « Corresponde a las autoridades proporcionar información detallada
de las personas detenidas y de aquellas que no han sido liberadas. Pedimos la liberación
inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, incluidas decenas de
ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad».

«Otras nuevas excarcelaciones han sido facilitadas por la Ley de Amnistía, adoptada el 20 de
febrero. No obstante, la Misión señaló que la ley fue aprobada sin un proceso de consulta pública
inclusivo y carece de mecanismos esenciales para garantizar la verdad, la rendición de cuentas y
la reparación. Existen serias preocupaciones de que, debido a limitaciones en su alcance y
aplicación, la Ley de Amnistía no beneficie a un gran número de personas que han sido o
continuan detenidas por motivos políticos».

«La Misión también expresó preocupación por la continua movilización de colectivos, o grupos
civiles armados, así como por el hostigamiento contra figuras de la oposición y periodistas. La
comunidad internacional debe mantener su atención sobre Venezuela para asegurar que la
transición en el país conduzca a una genuina reforma institucional y al fin de la cultura del miedo».

«Es este también un momento crucial para las víctimas. Mas de 8,7 millones de venezolanos,
incluidos miles de refugiados, viven hoy fuera del país y anhelan la posibilidad de regresar. En los
últimos meses, cientos de personas excarceladas o con medidas cautelares revocadas se han
acercado a la Misión al considerar que existe un contexto más seguro para prestar testimonio».

«Hoy más que nunca es necesario avanzar en esta labor e identificar patrones, actores,
instituciones y presuntos responsables de estas violaciones. Este trabajo puede constituir una
hoja de ruta esencial para los cambios y reformas que Vénguela necesita», señaló Quintero».

«La Misión de Determinación de los Hechos es un órgano independiente, técnico y apolítico»,
manifestó Neve. «Una señal importante sería que las autoridades venezolanas cooperen
plenamente con la Misión y le permitan acceder sin restricciones al país», añadió. La Misión fue
creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos para investigar presuntas violaciones de
derechos humanos cometidas desde 214. Su mandato fue prorrogado hasta septiembre de 2026

Por Juan Gaspari

La fuente, « Noticias de ONU, 12 de marzo de 2026.