El Ministerio de Seguridad presentó un proyecto de Ley para intervenir inmuebles vinculados al delito y recuperar espacios para los vecinos

La iniciativa enviada a la Legislatura busca dar respaldo legal a las intervenciones preventivas sobre inmuebles utilizados como aguantaderos, puntos de venta de drogas o lugares que representen un riesgo para la seguridad pública. La propuesta consolida una política que ya permitió intervenir 20 inmuebles en distintos municipios de la provincia y forma parte de la agenda legislativa impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner, presentó en la Legislatura un proyecto de Ley que crea el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana. La iniciativa busca dotar de un marco legal específico a las intervenciones sobre propiedades abandonadas, usurpadas o utilizadas para la planificación, ocultamiento o comisión de delitos, conocidas comúnmente como «aguantaderos».

«Esta Ley tiene un objetivo muy claro: proteger a los vecinos y recuperar los barrios. Los espacios tienen que ser para la comunidad, no para los delincuentes”, dijo la ministra, quien agregó que “queremos que esta herramienta se convierta en una política de Estado. Ya la venimos aplicando junto a los municipios, con 20 intervenciones preventivas que permitieron recuperar inmuebles utilizados como aguantaderos o para la venta de droga”.

“Queremos que esto tenga un seguro, que sea a través de una norma legal, y por eso la presentación en la Cámara de Diputados para que empiece su estudio”, subrayó.

El proyecto toma como antecedente el protocolo de intervención preventiva administrativa que el Ministerio de Seguridad y Justicia viene aplicando desde octubre de 2025 y transforma esa experiencia en una política pública con rango de ley.

A su turno, el titular de la Cámara Baja, indicó que tras el ingreso del proyecto, “en la sesión de este miércoles le vamos a estar dando estado parlamentario, y seguramente lo vamos a asignar al trabajo en comisiones. Después vendrán funcionarios del Ministerio a explicar la ley en profundidad, y estimamos que en alrededor de 15, 20 días estaremos dándole media sanción”.

“Creo que el Ministerio de Seguridad está aportando leyes muy importantes relacionadas con la seguridad de la provincia. De hecho, están debatiendo en el Senado la Ley de Ciberdelito. Esta es una ley nueva, y seguramente vamos a seguir trabajando, como lo venimos haciendo en conjunto con el Poder Ejecutivo en los últimos años, en implementar medidas que favorezcan a la seguridad de los mendocinos”, destacó Lombardi.

Una herramienta para cortar la infraestructura del delito

La iniciativa establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia podrá disponer, mediante resolución fundada, medidas preventivas sobre inmuebles que hayan sido utilizados para el acopio, fraccionamiento o comercialización de estupefacientes, la planificación o ejecución de delitos, o que por su estado de abandono, deterioro o destrucción representen un riesgo para la seguridad pública o la convivencia ciudadana.

Entre las medidas previstas se encuentran el tapiado o cerramiento de accesos, la clausura parcial o total y, cuando resulte indispensable por razones de seguridad, la demolición controlada de sectores o del inmueble completo. Todas las intervenciones tienen carácter preventivo, temporal y proporcional, y no afectan el derecho de propiedad del titular registral, sino que buscan preservar el bien e impedir su utilización para actividades ilícitas.

La propuesta también contempla un procedimiento administrativo con informes técnicos y policiales, notificación a los propietarios, posibilidad de oposición y mecanismos de revisión, además de un régimen especial para intervenir de manera inmediata cuando exista un riesgo grave e inminente para las personas o para la seguridad pública.

La propuesta se inscribe en la agenda de reformas impulsada por la ministra Mercedes Rus para fortalecer las herramientas con las que cuenta el Estado para prevenir el delito. Tras la presentación del proyecto de Ley de Ciberseguridad a comienzos de julio, esta nueva iniciativa incorpora una herramienta destinada a intervenir sobre los espacios físicos que favorecen la actividad criminal y deterioran la convivencia en los barrios.

Una política que ya muestra resultados

La iniciativa llega después de casi un año de implementación del protocolo administrativo desarrollado por el Ministerio de Seguridad y Justicia junto con distintos municipios.

«En cada intervención encontramos un mismo reclamo: vecinos que durante años pedían una solución. Actuamos rápidamente, coordinando con los municipios, para recuperar esos espacios y devolverles tranquilidad a quienes viven allí», acotó Rus.

“Los vecinos venían pidiendo esto de hace muchos años”, añadió, “y la verdad que nosotros logramos, con esta intervención administrativa, asumiendo las responsabilidades del Ministerio de Seguridad y Justicia, hacerlo rápidamente, y esto es lo importante:  lograr una coordinación efectiva con los municipios para que ellos recuperen ese lugar también, hagan las remediaciones de esos lugares, que eso también es un aspecto importante de la Ley”.

Hasta el momento se tramitaron 54 expedientes, que derivaron en 20 intervenciones en cinco municipios de la provincia. De ese total, 13 correspondieron a demoliciones, 4 a tapiados y 3 a intervenciones sin uso de la fuerza, recuperando inmuebles que eran utilizados para actividades delictivas o que representaban un riesgo para los vecinos.

Las intervenciones se realizaron en Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Ciudad y Maipú. La Provincia mantiene convenios específicos para este tipo de acciones con Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Luján de Cuyo. En tanto, el proyecto establece que la ausencia de un convenio no impedirá actuar cuando exista un riesgo grave para la seguridad pública, habilitando al Ministerio de Seguridad y Justicia a coordinar las acciones con otros organismos provinciales.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca consolidar una política orientada no solo a detener a quienes cometen delitos, sino también a eliminar los espacios que facilitan su funcionamiento, proteger la propiedad de sus titulares registrales y recuperar entornos que durante años fueron utilizados como soporte para la actividad delictiva, devolviendo tranquilidad a los vecinos