Expertos mandatados por la ONU critican la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

Tres relatores especiales mandatos por la ONU, que no cobran sueldo, solo viáticos para sus misiones, analizan la coyuntura internacional en torno a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la caída de Nicolas Maduro, y la necesidad de respetar los derechos humanos y la legalidad internacional. 

Marta Valiñas, Alex Neve y María Eloísa Quintero, miembros de la Misión internacional de
Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada en 2019 por la
ONU «para evaluar las presuntas violaciones de los derechos humanos y crímenes cometidos
desde el 2014» expresó su «profunda preocupación tras el ataque de los Estados Unidos y la
captura de Nicolás Maduro», subrayando «la necesidad de garantizar la rendición de cuentas». (1)

«Fuertes explosiones y ruidos parecidos al sobrevuelo de aviones fueron escuchados en
Venezuela al inicio del sábado 3 de enero de 2026, deflagraciones comentadas por cadenas
televisivas estadounidenses, evocando las promesas de Donald Trump de ajustar cuentas con
Nicolás Maduro, acusándolo de encabezar «una red de narcotráfico», un ataque atribuido a la
intención de ampararse de recursos petroleros, y quebrar la independencia política del país». (2)

El bombardeo se verificó «en los Estados de Miranda, Aragua y la Guaira», para «ampararse de
recursos estratégicos de Venezuela, particularmente el petroleo y minerales, buscando quebrar
por la fuerza la independencia política de la Nación», atacando ademas el Fuerte Tiana, principal
enclave militar del país, la base aérea de La Carlota y el cuartel de la Montaña, observándose el
vuelo de helicópteros, en presencia de un portaviones y navíos de guerra en el mar Caribe». (3)

«Dada la intervención militar de los Estados Unidos y la aprensión de Nicolás Maduro», según lo
indicara el gobierno de Donald Trump, «por cargos de narco-terrorismo contra los Estados
Unidos y sus ciudadanos», Marta Valiñas reclamó «mantener el foco en los crímenes de lesa
humanidad contra la población venezolana», que «incluyen detenciones» sin base legal,
«ejecuciones extrajudiciales y otras privaciones arbitrarias de la vida; desapariciones forzadas,
torturas» y «tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como violencia sexual y de genero». (4)

«El prolongado historial del gobierno de Maduro en la comisión de graves violaciones de
derechos humanos no justifica una intervención militar de los Estados Unidos que vulnere el
derecho internacional», afirmó Alex Neve. Añadió que «de igual modo la ilegalidad del ataque
estadounidense no disminuye la clara responsabilidad de los funcionarios venezolanos, incluido
el señor Maduro, por años de represión y violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad.
El pueblo venezolano necesita y merece soluciones que cumplan el derecho internacional». (5)

«La responsabilidad por estas violaciones no se limita a Nicolás Maduro», afirmó María Eloísa
Quinteros. «Otras personas que ejercieron mando o autoridad sobre las fuerzas de seguridad, o
que de otro modo contribuyeron a la comisión de estos crímenes, también deben rendir cuentas».
Existe «una profunda preocupación por el riesgo de que se produzcan nuevas y graves
violaciones de los derechos humanos en los próximos días o semanas, en un contexto volátil».(6)

Resulta ademas inquietante para la Misión «la afirmación del gobierno de los Estados Unidos de
que tiene la intención de «administrar» el país en el futuro previsible, al mismo tiempo que» los
funcionarios de Caracas «han declarado un estado de emergencia». Los 3 expertos exhortan «a
las autoridades venezolanas y estadounidenses, así como a la comunidad internacional, a
garantizar el pleno respeto al derecho internacional. Los derechos del pueblo venezolano han
sido vulnerados de manera sistemática mucho tiempo». Hoy «deben ocupar el primer lugar». (7)

Para la «oenegé» Alerta Venezuela, el «operativo militar dirigido para capturar a Nicolas Maduro y
su esposa», Cilia Flores», ha sido parte «de una acción de seguridad de gran escala bautizada
«Operación Resolución Absoluta». (6) Tal vez dirigentes del descabezado gobierno de Maduro,
emerjan en un régimen provisorio, como Delcy Rodriguez, y su hermano, Jorge Rodríguez,
Diosdado Cabello, y Vladimiro Padrino Lopez, sin contar a quienes ganaron las últimas elecciones
y debieron exilarse o pasar a la clandestinidad, particularmente a Edmundo González Urrutia,
refugiado en España, y María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, con paradero
desconocido. (8)

De momento, no se disipa la incertidumbre. El supuesto «Cartel de los Soles», el cual jugaría
algún rol en la sorprendente coyuntura que parece gestarse en el vacío de poder venezolano,
resulta una incógnita. No hay base legal para atribuirle a un potencial protagonismo a cualquieractor que pretenda emerger en ese contexto, dado el retiro de las fuerzas estadounidenses que
intervinieron para capturar a Maduro y llevárselo a Estados Unidos, a fin de comparecer ante un
tribunal de Nueva York, presuntamente acusado por ejercer el narcotráfico a escala planetaria. (9)

Que se sepa, no existe ningún ataque armado previo de Venezuela a los Estados Unidos que
justifique una eventual defensa legítima, ni autorización del Consejo de Seguridad que lo avale.
Se ha vulnerado la base fundamental del derecho internacional que descansa en el principio de
soberanía. La entrada de tropas extranjeras en Venezuela junto a la practica de detenciones y
«extracciones» no autorizadas es una vulneración de la soberanía y la prohibición del uso de la
fuerza, incluso si el objetivo es un gobernante de facto acusado de crímenes graves. (10)

Resulta evidente que los Estados Unidos han quebrado la paz y la seguridad internacional al
atacar militarmente con el fin de resolver situaciones de carácter político, aun si producen
implicaciones locales y globales, en desmedro de la integridad territorial e independencia de
Venezuela, considerando los daños y la cuestión de «tutelar una transición». (11)

En el ámbito de los derechos humanos, cualquier traslado forzoso de una persona a otro Estado,
sin procedimiento de extradición o mecanismo procesal pertinente entre los países involucrados,
constituye una operación arbitraria y de alto riesgo, que la doctrina política podría calificar de
«entregas extraordinarias» (12)

Estas practicas de Estados Unidos consisten en conseguir la custodia de una persona
sospechosa de participar en un delito grave en violación cuanto menos de las normas del debido
proceso y la protección judicial. El hecho que no exista democracia ni separación de poderes en
un país, o que la operación sea «quirúrgica» contra criminales más atroces, no sirve de excusa
para legitimar este proceder arbitrario. (13)

Si el marco existente del Derecho Internacional no permite otra salida al conflicto venezolano es
parte de una discusión más profunda, pero eso es responsabilidad exclusiva de los Estados
Unidos, que se han comprometido a sujetar sus normas y políticas internas al Derecho
Internacional. (14)

Ante la magnitud de la ofensiva desplegada sobre Venezuela que, según el secretario de guerra
de los Estados Unidos, contó con 150 aviones y un gran número de helicópteros militares, no
hubo reacción perceptible por parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, ni obstáculo que se
opusiera a los bombardeos que atacaron Caracas. Los voceros oficialistas, salvo contadas
excepciones, como los de los ministros de relaciones exteriores e interiores, no comunicaron la
posición del régimen ni las medidas a tomar para defender la integridad de las personas ante la
grave situación. (15)

Al iniciarse la ofensiva, el gobierno ilegítimo emitió un comunicado señalando que «el presidente
Nicolás Maduro ha firmado y ordenado la implementación del Decreto que declara el estado de
Conmoción en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el
funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada».
(16)

No obstante, es poco clara la entidad jurídica de ese comunicado, que parece haber tenido sólo
fuerza propagandística, dado que la declaratoria de tal estado de conmoción debe ser producida
por el Consejo Ministros y refrendada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, lo que no
ha sucedido. Sin embargo, horas después, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en alocución
pública, informó acerca de un decreto similar e hizo entrega de este a la presidenta del Tribunal.
Igualmente señaló que dada la ausencia del presidente, el Consejo de Estado se mantiene en
sesión permanente. (17)

Tampoco se produjo, al menos hasta la redacción del presente texto (6.00 pm, hora de Venezuela,
del 3 de enero del 2026), una convocatoria a sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, un
hecho que, frente a los acontecimientos en desarrollo, debería tener la mayor urgencia. Por otro
lado, el llamado oficialista a la «lucha armada» fue abiertamente desoído por la ciudadanía, que ni
durante la ofensiva ni al término de la misma salió a la calle a manifestarse en defensa delrégimen. Cabe destacar que tampoco hubo presencia visible de los milicianos, que son el sectormás evidentemente politizado de la Fuerza Armada. (18)

Mas de seis horas después de confirmada la detención de Maduro y Flores, la líder de la
oposición, María Corina Machado, publicó un mensaje por rede sociales que comenzaba con
una afirmación que no se corresponde con la realidad, al señalar que Maduro «enfrenta la justicia
internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos». Ni el Tribunal de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York es un tribunal que se califique
como parte de un sistema de justicia internacional, ni los cargos sobre narco-terrorismo se
asocian con los crímenes atroces cometidos contra venezolanos. El mensaje también sugería que
la captura de Maduro es el fin de la dictadura. Por ahora no es así, y lo peor es que Trump no ve a
Machado como la persona capaz de conducir una transición. (19)

La reacción internacional ha reflejado la polarización que persiste en torno a la situación de
Venezuela, pero algunos críticos de Maduro, incluyendo la Unión Europea, no aplaudieron
incondicionalmente la intervención armada de Trump, al recordar que «en cualquier circunstancia,
deben respetarse los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas». Las
ofertas de mediación hechas por los gobiernos de Colombia y Brasil no parecen muy viables
cuando perdieron la mejor oportunidad que tenían después del fraude electoral de julio de 2024.
Otras ofertas de mediación por parte de España, Catar y Panamá tendrían que contar con el
beneplácito de Trump, quien mantiene una actitud triunfalista, desafiante y arrogante, pues se
auto percibe como un actor central en la resolución de conflictos, no como parte de ellos, aunque
lo sea. (20)

Como país fronterizo, Colombia también anunció que la promulgación de un decreto de
emergencia económica, social y ambiental en la frontera para hacer frente, entre otras cosas, a un
posible flujo de migrantes, al tiempo que Brasil, otro país fronterizo, cerró temporalmente la
frontera, pero la reabrió horas después. En el escenario multilateral el primero en pronunciarse fue
el Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, seguido horas después
por el vocero del Secretario General de la ONU. En ambos casos las reacciones se centraron en
la necesidad de la moderación y respetar la Carta de la ONU y el derecho internacional. (21)

Tras describir algunos detalles de la operación Trump afirmó «Nosotros vamos a gobernar ese
país hasta que podamos tener una transición segura. Vamos a administrar ese país». Ademas,
repitió una vez más la falsa narrativa sobre las cárceles y psiquiátricos que habría vaciado
Maduro para enviar a delincuentes y enfermos a los Estados Unidos, persistiendo de esta forma
en la criminalización de los migrantes venezolanos para justificar su detención y deportación
arbitrarias, e insistió en el supuesto «robo» del petroleo que, según asegura, pertenece a los
Estados Unidos. Una vez mas, las palabras democracia, Estado de derecho y derechos humanos,
estuvieron ausentes en el discurso de Trump». (22)

Tampoco debe olvidarse que Trump anunció que Delcy Rodriguez, vicepresidenta del gobierno de
facto, habría sido juramentada como presidenta y que ella estaba dispuesta a cooperar con los
Estados Unidos en lo que solo podría calificarse como una transición tutélala. Pero horas más
tarde aparecieron los principales voceros del gobierno de facto, encabezado por Rodriguez,
quien denunció el secuestro de Maduro. (23)

¿Que se puede esperar de la comunidad internacional?. Ni el gobierno de Trump, ni el gobierno
de facto en Venezuela se caracterizan por su apego a la verdad y a la transparencia, así que
pasaran varios días hasta saber quien realmente está a cargo. Por lo pronto, el control de
población y territorio parece seguir en manos del chavismo y es a ellos a quienes hay que
exigirles cuentas, pero si prospera una transición tutélala, un gobierno extranjero sería
corresponsable de las violaciones de derechos humanos pasadas, actuales y futuras, resultando
imprescindible exigirles cuentas. (24)

Mientras tanto, quienes hacen un llamado a respetar la soberanía, deben recordar que la
soberanía de Venezuela, expresada por el pueblo en la elección robada el 28 de julio de 2024, ya
había sido burlada. Quienes temen un saqueo de los recursos, deben recordar que los recursos
ya habían sido entregados a potencias extranjeras. El respeto a la voluntad popular, expresado el

28 de julio de 2024 y la recuperación de las ganancias de las riquezas para los venezolanos no
pueden relativizarse ni postergarse en nombre de una transición tutélada. (25)

En el ámbito de los derechos humanos cualquier traslado forzoso de una persona a otro Estado,
sin procedimiento de extradición o mecanismo procesal pertinente entre los países involucrados,
constituye una operación arbitraria y de alto riesgo, que la doctrina califica de «entregas
extraordinarias». Tales practicas consisten en la obtención de la custodia de una persona
sospechosa de participar en un delito grave en violación cuando menos de las normas del debido
proceso y la protección judicial. El hecho que no exista democracia ni separación de poderes en
un país, o que la operación sea quirúrgica contra los criminales más atroces, no sirve de excusa
para legitimar este proceso arbitrario. (26)

Si el marco existente del derecho internacional no permite otra salida al conflicto venezolano es
parte de una discusión más profunda, pero es responsabilidad exclusiva de los Estados, que han
comprometido a sujetar sus normas y políticas internas al Derechos Internacional. Por otra parte
los voceros oficialistas, en contadas excepciones, como los casos de los ministro de relaciones
exteriores e interiores, no comunicaron la posición del régimen ni las medidas a tomar para
defender la integridad de las personas ante la grave situación. (27)

Ni el gobierno de Trump, ni el gobierno de facto en Venezuela se caracterizan por su apego a la
verdad y a la transparencia, así que pasaran varios días hasta saber quien realmente está a
cargo. Por lo pronto, el control de la población y el territorio parecen seguir en manos del
chavismo y es a ellos a quien hay que exigirles cuentas, pero si prospera una transición tutelada,
un gobierno extranjero sería co-responsable de las violaciones de derechos humanos pasadas,
actuales y futuras, y será imprescindible exigirle cuentas. (28)

Desde Ginebra, Juan Gasparini.

(1,4,5,6,7) Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República
Bolivariana de Venezuela, ONU, Panamá-Ginebra, 3 de enero de 2026.
(2,3) Le Monde, Paris, 4 y 5 de enero de 2026.
(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28) «Alerta Venezuela», oenegé de la
sociedad civil venezolana: Consulta de títulos: «Terminó Maduro, comienza una transición
tutélala», y «¿Hay realmente un estado de conmoción exterior en Venezuela?», 3 de enero de

2026. (AlertaVenezuela es una iniciativa de análisis e incidencia internacional en derechos
      humanos que alimenta de manera regular y estratégica a las instancias internacionales de
      decisión política, desde una perspectiva de derechos, a partir de la información generada por las
      organizaciones aliadas en Venezuela y otras de producción propia. Se centra en 2 ejes: derechos
      humanos y asistencia humanitaria; sin embargo sus áreas de trabajo incluyen también crisis
      institucional, justicia penal internacional, violencia y delincuencia organizada, ya que estas tienen
      efectos en la situación de los 2 ejes mencionados).