Ley Hojarasca: estas son las principales “normas obsoletas” eliminadas
El Ministerio de Desregulación e Innovación Productiva impulsó un dictamen modificado en la Cámara de Diputados para derogar 58 leyes y reformar artículos de regulaciones dictadas desde 1864.
21 mayo, 2026
El Gobierno envió al Congreso el proyecto “Ley de Hojarasca”, una iniciativa que busca derogar y modificar más de 70 leyes para simplificar la gestión administrativa dentro del Estado. La propuesta ya obtuvo media sanción y fue girado al Senado.
El proyecto fue diseñado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, e incluye disposiciones sobre vacunación e hidrocarburos y suprime leyes que dieron origen a entes, comisiones de trabajo o fondos de financiamiento.
El documento contempla la revisión de legislación sancionada a partir del año 1864, bajo la premisa de que múltiples herramientas jurídicas mantienen vigencia formal a pesar de haber perdido aplicación práctica o haber sido reemplazadas por regulaciones posteriores.
El documento se enfoca en la eliminación de normativas que quedaron superadas por la sanción de leyes más modernas. Dentro de este grupo se ubican disposiciones que abordan los esquemas de vacunación, la gestión de hidrocarburos y la asignación de beneficios en diferentes áreas.
Ley de hojarasca: qué normativas elimina
El proyecto clasifica las normas a eliminar en distintas categorías. Una de ellas abarca el impacto del desarrollo tecnológico y productivo, señalando leyes obsoletas que regulan la microfilmación de documentos, las transmisiones de televisión a color y sistemas de almacenamiento de datos o comunicación.
Asimismo, la iniciativa contempla la eliminación de leyes dictadas en gobiernos de facto.
De acuerdo con el texto, estas regulaciones habilitan mecanismos de control sobre reuniones, el derecho de circulación y el desarrollo de actividades culturales.
Además, el proyecto suprime leyes que dieron origen a entes, comisiones de trabajo o fondos de financiamiento cuyas funciones actuales se consideran duplicadas o prescindibles.
Se incluyen también normas ligadas a dependencias que ya no se encuentran operativas o a programas públicos que no llegaron a implementarse.
La redacción original de la Ley de Hojarasca preveía el cese del flujo de recursos públicos hacia organizaciones como la Federación Argentina de Municipios y el Círculo de Legisladores de la Nación, determinando que estas deban autofinanciarse mediante recursos propios.
El criterio normativo del proyecto apunta a eliminar exenciones y privilegios sectoriales con el fin de unificar las condiciones de competencia dentro del mercado.
Durante el tratamiento de la propuesta para obtener el dictamen en la Cámara de Diputados, el Gobierno introdujo modificaciones respecto al diseño original. El despacho de comisión cuenta con el aval de 35 firmas, determinando la derogación total de 58 leyes, la modificación de 21 artículos distribuidos en tres normas y la eliminación parcial de dos decretos presidenciales.
El dictamen también establece la sustitución de cinco artículos pertenecientes a cinco normativas distintas.
A pesar de haber alcanzado el dictamen en comisión, el Gobierno postergó la discusión en el recinto de la Cámara Baja con el propósito de sumar votos a favor. En las negociaciones previas a la firma del dictamen, se reincorporaron leyes que el oficialismo pretendía derogar en primera instancia. Por ejemplo: se mantuvo la vigencia de la Ley N° 20.959, que regula las credenciales de libre circulación y estacionamiento para legisladores, y se preservó el financiamiento estatal para el Círculo de Legisladores (Ley N° 20.984).
Por último, los bloques legislativos excluyeron del listado de derogaciones a la Ley N° 11.380, que otorga líneas de crédito específicas a cooperativas a través del Banco de la Nación Argentina y las exime del pago de tributos nacionales como el impuesto de sellos y patentes, manteniéndose su vigencia por el momento.
