Los Nihuiles: Mendoza exige revisar $680 millones de dólares mientras La Pampa apela al convenio del ’92
El enfrentamiento por el reparto del complejo hidroeléctrico suma un nuevo capítulo financiero en la Corte Suprema. El análisis del gobernador pampeano, Sergio Ziliotto.
Luego de que el gobierno nacional derogara una normativa vigente desde 1973 que establecía el reparto en partes iguales de las regalías generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, emplazado íntegramente en territorio mendocino sobre el río Atuel, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, salió al cruce de las pretensiones de la gestión encabezada por Alfredo Cornejo.
Durante una entrevista con Clarín, el mandatario pampeano fundamentó el reclamo de su provincia en el convenio firmado en 1992 entre ambas provincias y la Nación, recordando que allí Mendoza asumió compromisos vinculantes y señalando que «en ese convenio claramente aparece el compromiso de Mendoza de cumplir con las obligaciones emergentes al pago de regalías a la provincia de La Pampa».
Por su parte, la postura histórica de la provincia de Mendoza sostiene que tanto la pendiente como la infraestructura de generación eléctrica pertenecen a su jurisdicción, sin embargo, desde la perspectiva pampeana se cuestiona esa posición al afirmar que la interprovincialidad del cauce fue ratificada por la Justicia y argumentar que «las aguas son nuestras más allá de la teoría del salto, que plantea Mendoza desde hace mucho tiempo y que está zanjada».
En el aspecto económico, la gestión de Alfredo Cornejo impulsó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para revisar lo liquidado durante las últimas cinco décadas, estimando en unos 680 millones de dólares el monto compartido. Frente a esa pretensión del gobierno mendocino, Ziliotto fustigó la estrategia legal de la provincia vecina y aseveró que «eso significa claramente una determinación de que no piensan honrar su propia palabra y su propia firma, que es el convenio del ’92».
Los tirones en la justicia
El choque entre ambas administraciones trasciende el plano financiero y se sostiene en el incumplimiento de la sentencia dictada por el máximo tribunal en 2020, la cual obliga a Mendoza a garantizar un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo en la frontera interprovincial.
Desde La Pampa insisten en que la provincia cuyana cuenta con los recursos hídricos para cumplir la medida y, al respecto, Ziliotto remarcó que «esto se resuelve con mayor eficiencia en la administración de un recurso tan importante como es el agua».
La ofensiva judicial para frenar la quita de regalías tuvo un primer aval en el juzgado federal de Santa Rosa, medida que fue apelada de inmediato por Mendoza y el Poder Ejecutivo Nacional mediante un pedido de inhibitoria de competencia. Sobre esta maniobra procesal desplegada por los abogados del Estado mendocino y la Nación, el gobernador pampeano defendió la actuación del magistrado de primera instancia y remarcó que «si bien es cierto que la competencia originaria de los litigios entre las provincias y de las provincias con el Estado Nacional es en la Corte Suprema, también hay jurisprudencia de la Corte Suprema por la que pueden actuar los juzgados de primera instancia».
Por otra parte, a pesar de los duelos verbales y judiciales, el gobernador pampeano descartó un quiebre personal con Cornejo al admitir que «las relaciones personales que uno tiene, el respeto en el marco de entender y respetar la postura del otro, no nos convierte en un enemigo; Cornejo defiende a su provincia, yo defiendo la mía».
A la espera de una definición por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la pulseada por las regalías y el agua del Atuel mantiene divididos a los gobiernos cuyano y pampeano: mientras Mendoza busca reestructurar la concesión de los complejos energéticos con el respaldo del Gobierno nacional, La Pampa ratifica que continuará la batalla en los tribunales para evitar perder los recursos financieros e hídricos que considera «propios».
