Mendoza quedó como la provincia con más denuncias por delitos sexuales, pero apuntan a las acusaciones falsas
7 de agosto de 2026
El diputado Gustavo Cairo advirtió que la laxitud del sistema penal favorece el encarcelamiento preventivo sin pruebas y distorsiona las estadísticas provinciales.
El Informe Anual del Sistema Nacional de Información Criminal del periodo 2025 reveló que Mendoza lideró la tasa de víctimas de delitos contra la integridad sexual en el país con 3.257 casos, lo que representa 159,1 víctimas cada 100.000 habitantes. Estos números abrieron una fuerte polémica en la provincia y pusieron en el centro del debate el rol que juegan las falsas denuncias en el abultado registro de estadísticas del fuero penal.
El diputado provincial Gustavo Cairo analizó la marcada desproporción respecto de otros distritos nacionales y sostuvo que en la provincia «el sistema judicial está tomando como culpables a prima facie a muchas personas que no lo son». Según el legislador, las cifras se ven distorsionadas por vicios procesales y la inclinación de llevar litigios de familia al fuero penal para resolver disputas de divorcio o tenencia.
En ese sentido, Cairo criticó la instrumentalización de la justicia preventiva ante la sola acusación verbal y advirtió que «algunos profesionales aconsejan realizar la denuncia penal por violencia -incluso psicológica- para lograr la exclusión del hogar inmediata del hombre». Esta práctica desplaza el litigio civil y deriva en la apertura de expedientes penales basados en hechos no comprobados.
Respecto a las consecuencias preventivas que genera este mecanismo, el legislador remarcó a Diario de San Rafael la celeridad para encarcelar sospechosos sin el debido contraste probatorio previo. En relación con este procedimiento, sostuvo que «ante el mero relato de quien hace la denuncia, meten presa a la otra persona y recién a los dos o tres meses comienzan a investigar», citando como ejemplo causas donde los acusados permanecieron años privados de la libertad hasta que se demostró la falsedad de la imputación.
Asimismo, el diputado puso en duda los informes oficiales que señalan una baja incidencia de acusaciones mendaces en la provincia. Al respecto, aseveró que «el informe que sostiene que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% parte de una premisa totalmente falaz», argumentando que dicha métrica solo contabiliza los casos que concluyen con una condena firme por calumnias e ignora las causas archivadas o las absoluciones en debate oral.
En la misma línea, remarcó la falta de castigos efectivos para quienes radican denuncias inexistentes, considerando irrisorias las sanciones actuales en comparación con el daño generado. Sobre esta asimetría punitiva, explicó que «en Mendoza la consecuencia para quien denuncia falsamente es nula», debido a que la sanción económica para las calumnias resulta sumamente baja y la pena fijada por la legislación nacional es excarcelable.
