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Advierten suba del contrabando por desregulación aduanera

El sindicato aduanero respaldó el reclamo de la Cámara Argentina de Comercio ante el debilitamiento de los controles. Denuncian pérdidas fiscales por 2.300 millones de dólares.

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) criticó con dureza al Gobierno nacional por las políticas de ajuste y desregulación que debilitan las fiscalizaciones fronterizas.

La entidad gremial alertó sobre un preocupante crecimiento del contrabando y su impacto directo en la industria nacional y el comercio formal. Según el sindicato, la falta de inversión estatal facilita las actividades ilícitas y genera pérdidas millonarias para el fisco.

Desinversión tecnológica y precarización en la Aduana

El gremio conducido por Daniel Mallotti avaló el malestar previamente expresado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Las críticas apuntaron de forma directa hacia el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, por implementar medidas que reducen la infraestructura del organismo.

Desde SUPARA señalaron que la baja de los salarios y los ajustes constantes impulsados por la gestión de Javier Milei dificultan la retención de personal técnico calificado. Sin los recursos humanos idóneos ni tecnología actualizada, la Aduana queda en una situación de obsolescencia frente al delito organizado.

Ante este panorama de vulnerabilidad, la conducción gremial exigió dotar de mayor presupuesto a la institución para mejorar las condiciones laborales. Asimismo, insistieron en la necesidad urgente de endurecer las inspecciones para frenar el perjuicio a la cadena del comercio exterior.

El impacto económico y los sectores más afectados por el comercio ilícito

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora MAP, el ingreso de mercadería ilegal generó un severo perjuicio fiscal durante el año 2025. La pérdida económica estimada alcanzó los 2.300 millones de dólares, cifra que equivale al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

La falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos afecta de forma directa la creación de puestos de trabajo formales. Según el estudio técnico, la erosión de la recaudación por el contrabando se equipara al presupuesto requerido para edificar 3.800 escuelas u 80 hospitales de alta complejidad.

El perjuicio financiero se vio concentrado en el sector tabacalero, que lideró las pérdidas con 1.100 millones de dólares. El impacto negativo también golpeó fuertemente a los rubros de textiles, neumáticos y teléfonos celulares.

Debido a esta problemática, el índice internacional TRACIT ubicó a la Argentina en el puesto 120 de un ranking de 158 países.