Acerca de la coyuntura del peronismo mendocino: dividido pero en constante movimiento
Lo que puede observarse es un peronismo que intenta hacer equilibrio entre el desgaste de la gestión diaria y la búsqueda de propuestas modernas.
El peronismo de Mendoza muestra por momentos cierta debilidad en puntuales sectores de la provincia aunque con una contraofensiva legislativa orientada a captar el voto principalmente de la clase media y los jóvenes.
Sin una conducción provincial unificada de cara a las próximas elecciones, el partido intenta sobrevivir al ajuste mientras los legisladores instalan una agenda de problemas cotidianos vinculados.
El frente territorial expone el perfil más frágil del Justicialismo a través del caso de la intendenta Flor Destéfanis en Santa Rosa, que sería una suerte de síntoma de la falta de autonomía financiera que sufren las comunas.
La caída de la recaudación por tasas locales obligó a la jefa comunal a solicitar un auxilio financiero de 200 millones de pesos al Gobierno de Alfredo Cornejo.
El mandatario provincial otorgó un adelanto reintegrable que se cobrará de la coparticipación entre septiembre y diciembre, dejando al municipio en una situación de vulnerabilidad para el cierre de año.
En este contexto, y con el fin de recuperar caja de manera urgente, el oficialismo santarrosino tuvo que forzar, mediante un voto de desempate en el Concejo Deliberante, la reactivación del polémico sistema de fotomultas y radares en las rutas 7 y 50.
La medida generó fuerte repercusión ya que la oposición, liderada por la concejal Débora Quiroga, sostuvo que se trata de una medida con fines meramente recaudatorios, ligando el cobro de multas al rescate de Cornejo.
Esta tensión no hizo más que desgastar el proyecto de continuidad territorial de Destéfanis, quien proyecta como sucesor a su esposo, el exconcejal Diego Foco, al mismo tiempo que limita sus propias aspiraciones de instalarse como la candidata a gobernadora del peronismo.
Pero en otro plano político, el bloque legislativo del peronismo tomó la iniciativa para disputarle al oficialismo provincial banderas históricas como la eficiencia económica y la seguridad.
En el ámbito del desarrollo y el turismo, el diputado provincial Lucas Ilardo impulsa una reforma para transformar el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) en un esquema de gestión mixta, motivado por la caída del turismo de congresos en la provincia.
La propuesta busca que el empresariado tenga voz y voto, tendiendo puentes con un sector históricamente esquivo al Justicialismo mendocino.
Asimismo, el diputado Gustavo Perret presentó un proyecto para bajar las edades mínimas de conducción a 16 años para motos y 17 años para autos, permitiendo además el acceso a licencias profesionales de transporte a los 18 años.
Esta iniciativa busca sintonizar con la realidad de los jóvenes de zonas rurales que caminan largas distancias y ofrecer una salida laboral rápida en un contexto de alta desocupación.
A este escenario se suma la agenda de seguridad urbana tras el asesinato de Nelson Del Re en Guaymallén durante una transacción pactada por redes sociales, hecho que llevó a Ilardo a reactivar la presión por la ley de Puntos Seguros de Intercambio.
Con media sanción en la Legislatura, el proyecto propone crear espacios públicos monitoreados y con presencia policial para compras virtuales, trasladando la agenda del partido a la búsqueda de una solución práctica para la ciudadanía.
En todo este contexto, lo que puede observarse es un peronismo local dividido pero en constante movimiento, que intenta hacer equilibrio entre el desgaste de la gestión diaria y la búsqueda de propuestas modernas.
