Diputados inició el estudio del Código Unificado de Edificación

El plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, y de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda; que presiden Beatriz Martínez (UCR) y Miguel Ronco (UCR), respectivamente; recibieron a la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y colaboradores de la cartera, para trabajar sobre el proyecto del Poder Ejecutivo referido al “Código Unificado de Edificación de la Provincia de Mendoza”.

La propuesta tiene por objeto dotar a la Provincia de “un instrumento jurídico-técnico común que establezca pautas uniformes para el proceso edilicio, comprendiendo la elaboración de proyectos, la ejecución de obras, su fiscalización, conservación y mantenimiento, tanto en el ámbito de la obra pública como de la obra privada”.

En los considerandos, indica que “el Código Unificado surge como una acción concreta, orientada a superar enfoques sectoriales y a fortalecer una planificación territorial integrada, mediante criterios técnicos, homogéneos y transparentes”, teniendo en cuenta que actualmente, “los municipios cuentan con regulaciones edilicias diversas con distintos niveles de actualización y desarrollo, e incluso con situaciones en las que no se dispone de un cuerpo normativo propio suficientemente sistematizado, lo que genera asimetrías regulatorias, incertidumbre administrativa y desigualdad de condiciones”.

De esta forma, el texto afirma que “la iniciativa se encuadra en los principios y objetivos de la política provincial de ordenamiento territorial”,  mencionando al respecto lo referido en la Ley N° 8051 que establece en su artículo 23, inciso e), que “los municipios deben ajustar sus Códigos de Edificación a las disposiciones de la política de ordenamiento territorial y a los planes que de ella se deriven, promoviendo la coherencia normativa y la articulación interjurisdiccional”.

El Código propuesto establece requisitos y procedimientos aplicables a las distintas etapas de las obras, fija criterios comunes para la tramitación de permisos, avisos de obra, documentación técnica, inspecciones, responsabilidades profesionales, reformas, ampliaciones, instalaciones, condiciones de seguridad, construcción sustentable y demás materias propias del proceso edilicio – y “procura asegurar estándares mínimos de seguridad estructural y de uso, habitabilidad y salubridad, accesibilidad universal, funcionalidad, eficiencia energética, sustentabilidad ambiental y prevención de riesgos vinculados a incendios, sismos e instalaciones”.

Asimismo, el proyecto resguarda las competencias propias de los municipios en materia de policía edilicia local, tasas, multas, incentivos económicos y procedimientos complementarios, estableciendo un régimen marco provincial cuya plena implementación en jurisdicción municipal se instrumentará mediante la adhesión correspondiente, sin perjuicio de su aplicación obligatoria para la Administración Pública Provincial, sus organismos y entes, y para las obras, públicas provinciales comprendidas en el ámbito material del Código.

De acuerdo al articulado, el Código establecerá el régimen jurídico-técnico  marco aplicable a las actividades vinculadas al proceso edilicio, incluyendo la elaboración de proyectos, la   ejecución de obras, la fiscalización, la conservación,  el mantenimiento  y demás, invitando a los municipios a adherir mediante  la  correspondiente  ordenanza, “a fin de adoptar el Código   como  régimen técnico local o como norma complementaria  de  sus  respectivos  Códigos  de  Edificación”. En esa línea, aclara que esta normativa, “no altera las competencias municipales   en materia de tasas, derechos, multas, incentivos, habilitaciones, inspecciones y demás  procedimientos  de  control  local”.

Finalmente, un punto que destaca el articulado es que se creará “la Mesa de Trabajo Técnica Provincial del Código Unificado de Edificación, en el ámbito de la autoridad de aplicación provincial (Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial),  con funciones de coordinación, interpretación técnica, propuesta de actualización, evaluación de soluciones técnicas alternativas, análisis de nuevos materiales, sistemas constructivos y de tecnologías, y unificación de criterios con los Municipios adherentes”. Su integración, funcionamiento, procedimientos y registros serán establecidos por la reglamentación.

Marité Baudi, explicó ante los legisladores que el punto de partida de esta propuesta es que “hoy, cada municipio aplica su propio código o directamente no tiene ninguno”, lo que implicaba entre otros aspectos, inseguridad jurídica para los profesionales que deben tener en cuenta múltiples marcos normativos.

Uno de los fines de este Código unificado, es precisamente tener “parámetros mínimos comunes de seguridad estructural, habitabilidad, salubridad, accesibilidad universal, eficiencia energética y sustentabilidad ambiental”, constituyendo así “un instrumento de orden público, obligatorio para todos los sujetos alcanzados — públicos y privados — y que no puede ser dejado sin efecto por acuerdos particulares”.

Este piso normativo, “respeta la autonomía municipal: los indicadores urbanísticos (FOS, FOT, alturas, zonificación) permanecen bajo jurisdicción de cada municipio”, afirmó Baduí, quien añadió que se trata de una iniciativa construida “con todos los actores del sector”, esto es, municipios y colegios profesionales.

Reiteró al respecto que ”se podrán otorgar beneficios fiscales que consideren los municipios en pos de construcciones que aporten a la sustentabilidad”, resaltando a su vez la incorporación del tratamiento de aguas grises.

Otro tema que contempla es el control de los plazos en las inspecciones de obra, dijo la funcionaria quien resaltó la importancia de la creación de esta mesa técnica provincial donde tener “una visión compartida de los sistemas constructivos. Esto, lo que hace, es regular un piso mínimo, pero cada municipio va a conservar sus competencias en materia de ordenamiento territorial”.

Finalizada la exposición, distintos legisladores hicieron algunas sugerencias en torno a la posibilidad de hacerlo obligatorio para los municipios, revisar los plazos de inspecciones de obras o financiamiento de la mesa técnicam entre otros aspectos.

El proyecto continuará en estudio las próximas semanas.