Diputados de Mendoza le pidieron explicaciones al ministro de Salud tras la polémica por el Hospital Schestakow
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados provincial citó a Rodolfo Montero para que brinde explicaciones sobre la situación administrativa y el cierre de la Unidad de Terapia Coronaria del nosocomio sanrafaelino.
20 mayo, 2026
La Cámara de Diputados de Mendoza recibió un pedido formal para que el ministro de Salud de la provincia, Rodolfo Montero, se presente ante la Comisión de Salud Pública con el objetivo de brindar explicaciones detalladas sobre la compleja situación que atraviesa el Hospital Schestakow de San Rafael.
La iniciativa legislativa surgió tras los intensos cruces y las múltiples declaraciones públicas surgidas en los últimos días en torno al funcionamiento del nosocomio. Los legisladores buscaron, de esta manera, obtener claridad de primera mano por parte de las autoridades sanitarias frente a la creciente preocupación institucional.
El foco principal de la citación ministerial se centró en conocer las causas administrativas y financieras que derivaron en el cierre de la Unidad de Terapia Coronaria del establecimiento, la cual fue inaugurada originalmente en abril de 2021. Los pedidos de informes presentados en la Legislatura provincial apuntaron a indagar de qué manera la interrupción de esta prestación médica afectó a los pacientes cardíacos de la zona sur y cuáles son las medidas previstas a corto plazo para restablecer de forma plena el servicio.
La urgencia del reclamo se fundamentó en que el Hospital Schestakow no opera como un efector local común, sino que se constituye históricamente como el único centro asistencial de alta complejidad cardiovascular para los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe. El proyecto presentado remarcó el grave peligro que corren los pacientes críticos de la región ante las enormes distancias geográficas del sur mendocino si no cuentan con una atención inmediata. Además, se recordó que la mencionada unidad médica ya resultó objeto de sucesivos reclamos por parte de la Asociación de Profesionales de la Salud (AMPROS) en reiteradas oportunidades.
Bajo este escenario de tensión, el funcionario gubernamental debió responder sobre puntos específicos, tales como las fechas exactas en que se interrumpió el servicio, la existencia de deudas salariales con los profesionales de la salud y el número de pacientes que debieron ser derivados a otros centros.
Asimismo, los legisladores exigieron precisiones sobre el plan de contingencia vigente para la región, el estado operativo del equipamiento tecnológico —incluido el angiógrafo de última generación incorporado recientemente— y un cronograma concreto para regularizar los pagos adeudados.
