Estados Unidos amenaza clausurar por la fuerza la Corte Penal Internacional (CPI)

El principal premio de derechos humanos de la Unión Europea es un instrumento para visibilizar y apoyar a quienes defienden la libertad y la democracia en todo el mundo.

Marco Rubio, ministro de relaciones exteriores de los Estados Unidos ha formalizado su amenaza de forzar el cierre de la Corte Penal Internacional (CPI), y de interrumpir el pago de los salarios a su personal, mediante sanciones que serán efectivas el 9 de abril de 2027, cuando entraran en vigor las prohibiciones de acceso a servicios financieros y numéricos de bancos que operan a través de empresas estadounidenses, siendo dispuestas por el gobierno de Donald Trump.

La noticia coincidió con la distinción del Parlamento Europeo por el Premio Andrei Sakharov, en homenaje a la libertad de conciencia, honrando al físico nuclear soviético, disidente y Premio Nobel de la Paz en 1975, conocido por su lucha pacífica a favor de los derechos humanos y contra la represión en la Unión Soviética. La CPI acaba de justificar el respeto al multilateralismo de las instituciones internacionales, y el derecho a la justicia a escala mundial.

Como es sabido, la CPI ha lanzado pedidos de captura internacional contra Vladimir Putin y su  comisionada para los derechos de los niños, María Alekseyevna Luova-Belova, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad, debido al secuestro y desaparición de menores ucranianos en las zonas ocupadas por Rusia, y las solicitudes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nétanyahou y de su ministro de defensa, Yohav Gallant, por la represión en Palestina. 

«La eurodidutada Chloé Ridel, ha denunciado «los ataques a repetición contre la CPI, heredera del Tribunal de Nuremberg. Donald Trump pretende que interrumpamos las investigaciones contra el Ejército norteamericano en Afganistan, y el pedido de captura contra Nétanyahou. No podemos dejar a los Estados Unidos elegir donde y cuando aplicar la justicia internacional, y desmantelar la CPI si no se prohiben los pedidos de captura contra israelíes s y estadounidenses».

«La CPI es también acosada por Rusia. Un tribunal de Moscú a condenado en contumacia a 9 de sus magistrados a penas de 3 a 15 años de prisión por haber emitido pedidos de captura contra Vladimir Putin en marzo de 2023, debido a la deportación de menores ucranianos a Rusia». Para la eurodiputada Chloé Ridel, «este premio apoya la demanda hecha a la Comisión Europea de accionar la reglamentación de bloqueo, neutralizando los efectos extraterritoriales de las sanciones de Estados Unidos, que no ha entrado en vigor por la oposición de Holanda».

«La Ministra de exteriores de la Unión Europea Kaja Kallas, propone proseguir el dialogo con Estados Unidos, estimando que el reglamento no solucionará todos los problemas. Debemos estar listos para proteger los intereses de los operadores europeos en el mercado único aplicando todas las medidas existentes», pero teniendo en cuenta «la disidencia de Estados Unidos». El Eurodiputado Mounir Satou, interpeló a Donald Trump preguntando si va a emitir sanciones contra el Parlamento Europeo.

«El Estatuto de Roma prevé que la CPI puede ejercer su competencia respecto a crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte, cualquiera sea la nacionalidad del autor. Persigue a Benjamin Nétanyahou por crímenes cometidos en territorio palestino, y a Vladimir Putin por crímenes perpetrados en Ucrania, 2 Estados que ratificaran la CPI, no obstante que Israel no es parte del Estatuto de Roma que rige la CPI, y Rusia lo firmó pero no nunca lo ratificó».

«Quiénes cometen un crimen en el territorio de un Estado deben ser juzgados por sus tribunales. Los Estados soberanos pueden así decidir de transferir esa competencia a una jurisdicción internacional. En derecho, ese razonamiento parece irreprochable. Políticamente confiere a la CPI una competencia respecto a dirigentes de Estados que no son parte, de los 125 que integran la CPI. Esta consecuencia es contestada por los Estados que no integran la CPI».

«Algunos Estados se dieron cuenta tarde que la CPI podía amenazar sus propios intereses políticos, concretamente cuando un Jefe de Estado en ejercicio está amenazado. Eso ha a veces conducido a cambiar de posición, como sucedió con Burundi y Filipinas, que se retiraron de la CPI, respectivamente en 2017 y 2019. Otros han rechazado ejecutar pedidos de captura cuando estaban obligados, que es lo que sucedió con Omar Al Bachir, entonces presidente de Sudan».

«Una decena de países podrían haberlo detenido pero no lo hicieron. El mismo escenario se produjo en Mongolia durante una visita de Vladimir Putin en 2024. En enero de 2025, Italia ayudó a Osama Almasri Najim, un ex-jefe de la policía libia a escapar de la CPI. Las amenazas contra la CPI vienen tanto del interior como del exterior. La justicia penal internacional es una bella idea pero la misma no se llevara a cabo sin dolor. Los Estados se dan cuenta que todo eso tiene un precio, concretamente en materia de política extranjera y de relaciones diplomáticas».

«La ironía es que el fiscal recibe acusaciones simultaneas de los 2 campos. De un lado, los Estados Unidos, Israel y otros lo acusan de focalizarse en crímenes cometidos por Occidentales. Del otro, los Estados del Sud global le reprochan exactamente lo inverso. Podría decirse que la CPI hace algo bien, porque suscita el descontento de los 2 lados, signo de su independencia».

«No conviene olvidar que la CPI no encarna una verdadera justicia universal. Una larga parte de la población mundial no cae bajo su competencia. En la lucha contra la impunidad de crímenes graves, ella es una pieza de un rompecabezas mucho más vasto. Incluso si decepciona, otros toman el relevo, concretamente los tribunales nacionales, que pueden bajo ciertos limites, perseguir crímenes cometidos en el extranjero bajo competencia universal».

«El objetivo es engendrar un ecosistema contra la impunidad de los crímenes de masas. No hay que detenerse en el destino de una sola institución, por más simbólica que sea. La CPI ha significado, para una generación, una ocasión histórica que se presenta pocas veces. Sigue siendo una fuente de esperanza para las víctimas de atrocidades y para las sociedades traumatizadas. Su futuro no está asegurado. Depende de ella escribir su historia».

Desde Ginebra, Juan Gasparini  

copete. El principal premio de derechos humanos de la Unión Europea es un instrumento para visibilizar y apoyar a quienes defienden la libertad y la democracia en todo el mundo.