Cuánto deja de recaudar el sistema previsional por la menor cantidad de trabajadores que aportan y la implementación del FAL
El Fondo de Asistencia Laboral entra en vigencia el 1 de diciembre e impactará en la recaudación de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, mientras bajan los aportantes para las jubilaciones, suben los ocupados informales y aumenta el gasto público para la vejez
26 Oct, 2026
“Saluden al sistema previsional que se va. Al primer trimestre de 2026, el 54,5% de las personas ocupadas no realiza aportes jubilatorios, una tendencia que se profundiza desde el inicio de la gestión de Milei”, posteó el economista Hernán Letcher, en la red X. “A esto se suman el Fondo de Asistencia Laboral, que debilita el financiamiento del sistema previsional, y la caída de la tasa de natalidad, que agrava los desafíos demográficos”, advirtió el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Este Centro calculó el impacto en la merma de la recaudación por estos factores – el crecimiento de la informalidad laboral, la menor cantidad de aportantes y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) a partir de diciembre- y lo estimó en una pérdida de $7,8 billones en un año, a valores de noviembre de 2026, equivalentes a más de USD 5.000 millones.
En el primer trimestre de este año, los trabajadores ocupados totales sumaron 13.471.636, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. De este universo, solo el 45,2% hacen aportes al sistema previsional (6.084.751) y 28,3% no lo hacen (3.815.499 ). Hay otro 26,2% (3.529.116 personas ocupadas) sin datos, por lo que la suma de quienes no aportan y los que estarían en negro, asciende a 54,5%.
A partir del 2021, los números analizados por el CEPA muestran que los trabajadores ocupados que realizan aportes empiezan a disminuir y comienza a crecer la cantidad de personas ocupadas que no registran aportes, tal como se ve en el gráfico debajo. En el primer trimestre de ese año, la proporción de ocupados con aportes jubilatorios era del 49,2%, mientras que los informales sin aportes alcanzaban el 50,1%.
“La gran duda es si la recaudación del sistema previsional va a resistir la combinación del traspaso progresivo de personas en relación de dependencia al monotributo, la pérdida de puestos de trabajo, el incremento de la informalidad y el Fondo de Asistencia Laboral. El conjunto de esas cuatro razones va a tensionar de manera sustancial los recursos de la seguridad social en un plazo relativamente corto”, le dijo Letcher, magíster en Economía Política (FLACSO)
En el mismo sentido, Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) y también magíster en Economía (Universidad de Georgetown, USA/Chile) y en Finanzas (Escuela de Negocios de Amsterdam, The Netherlands), advierte sobre el impacto para el sistema. “Dado que hay cada vez más gente que trabaja en la informalidad y que no hace aportes previsionales a futuro, el Estado va a tener que poner dinero de rentas generales para pagar las jubilaciones futuras. Una gran cantidad van a ser la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), qué es la pensión a la que accede la gente en sin cobertura”.
Implementada en 2016, en octubre la PUAM implicó un haber básico de $348.598. Con el bono extraordinario de $70.000, el total de bolsillo ascendió a $418.598, por debajo de la jubilación mínima que, este mes, es de $435.748, y con el bono extraordinario de $70.000 alcanza un total de $505.748.
El impacto de la informalidad laboral
El CEPA estimó la pérdida en los ingresos para la Seguridad Social por el aumento de ocupados sin aportes en base a los datos de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y la Encuesta Permanente de Hogares y el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Para el cálculo tomó la recaudación mensual de contribuciones patronales y aportes personales de 2023, y la ajustó por la caída de la proporción de ocupados con aportes, manteniendo constantes el total de ocupados y el salario medio.
A valores de noviembre de 2026, la mayor proporción de empleo sin aportes implica una merma anual de $3,3 billones, equivalente al 5,3% de lo recaudado por aportes y contribuciones, según la estimación del CEPA.
De ese total, $2 billones corresponden a contribuciones patronales y $1,3 billones a aportes personales. En promedio, la pérdida es de $277.780 millones por mes, con un máximo de $454.093 millones en julio por efecto del aguinaldo.
“La estimación debe leerse como una cota superior, ya que los trabajadores que pasan a la informalidad suelen percibir salarios inferiores al promedio formal”, advierte el CEPA.
Merma en los aportes por el FAL
El Fondo de Asistencia Laboral creado por la ley de Reforma Laboral que impulsó este Gobierno se financia con una contribución del 2,5% de las remuneraciones en el caso de las MiPyMEs y del 1% en el resto de los empleadores privados. Reglamentado por la Resolución General ARCA 5907/2026, entra en vigencia el 1 de diciembre.
“Ese aporte no es un costo adicional para las empresas: se detrae de las contribuciones patronales que hoy financian al SIPA, al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y a las Asignaciones Familiares. Por lo tanto, todo lo que ingresa al FAL es recaudación que deja de percibir la Seguridad Social”, señala el informe del CEPA.
En el primer año (diciembre 2026 a noviembre de 2027) la merma alcanzaría $4,3 billones, a valores de noviembre de 2026. De ese total, $3.472.969 millones corresponden a MiPyMEs y $823.572 millones a grandes empresas. En el segundo año (diciembre 2027 a noviembre 2028), la pérdida ascendería a $4,7 billones: $3.775.804 millones de MiPyMEs y $889.071 millones de grandes empresas.
Así, en 24 meses, la Seguridad Social dejaría de recaudar casi $9 billones, siempre a valores de noviembre de este año. Según esta estimación del CEPA, en promedio, el FAL detrae $373.392 millones por mes, con picos en los meses en que se liquida el aguinaldo.
Para estimar su impacto, este Centro proyectó la masa salarial del sector privado por tamaño de empleador a partir del Boletín de Seguridad Social y se aplicaron las alícuotas correspondientes desde el período devengado, diciembre 2026.
Si se suma la merma anual por menor cantidad de trabajadores con aportes y la implementación del FAL a partir de diciembre, la pérdida en la recaudación para la Seguridad Social asciende en un año a $7.814.070 millones, a valores de noviembre de 2026. Equivalen a unos USD 5.065 millones por año, según el cálculo del CEPA, convertidos al tipo de cambio mayorista estimado para noviembre de 2026 ($1.542,8 por dólar).
Merma anual estimada de recaudación de la Seguridad Social.
En millones de $ de nov.de 2026 y millones de USD
De este número, El FAL explica USD 2.904 millones anuales, tomando el promedio de los dos primeros años de vigencia (USD 2.785 millones en el primero y USD 3.024 millones en el segundo), es decir, el 57% del total. El aumento del empleo sin aportes suma otros USD 2.161 millones por año, el 43% restante.
“Se trata de dos procesos que se superponen: uno es una decisión de política que desvía contribuciones patronales hacia un fondo de indemnizaciones, y el otro es consecuencia del deterioro del mercado de trabajo”, se lee en el trabajo de estimación que hizo el CEPA.
El impacto de la mayor longevidad
Un trabajo de IDESA publicado en estos días bajo el nombre “El Envejecimiento Desbarajusta Las Finanzas Públicas” pone la lupa sobre el aumento del gasto público asignado a los adultos mayores a partir de la mayor longevidad y la reducción de la población activa que aporta al sistema.
La combinación de estos factores abre interrogantes sobre la sustentabilidad fiscal en Europa por el persistente crecimiento del gasto previsional y en salud para atender a los adultos mayores, incluso, por encima del resto del gasto público.
El gasto público para la vejez – tanto de las jubilaciones como del PAMI – aumento por encima de otras erogaciones
“El inmovilismo frente al cambio demográfico explica una tendencia secular del gasto para la vejez a crecer por encima de los otros gastos del Estado. Aunque resulte paradójico, los reclamos de los estudiantes en la actualidad son la consecuencia de las protestas contra la reforma previsional del pasado”, advierte el trabajo.
En la Argentina el gasto para la vejez “también presenta una tendencia sostenida al crecimiento con impacto determinante en la dinámica de las finanzas públicas”, señala el informe elaborado por Colina.
“Hoy el gasto previsional de la ANSES es de 6,8% del PBI. Y contando las cajas jubilatorias provinciales, asciende a 8,9%. En 2050 se proyecta que el pago de las jubilaciones y pensiones le insuma al Ejecutivo nacional un 1% más del PBI”, sostiene Colina.
Colina comparó la tendencia del gasto para la vejez – compuesto por las jubilaciones que paga la ANSES y el PAMI- contra el resto del gasto público, ambos como porcentaje del PBI.
“Luego del ajuste aplicado por el actual gobierno, el gasto público no vinculado a la vejez es apenas un 5% superior, en términos del PBI, al que había en el promedio de la década del ‘80. El gasto para la vejez, en cambio, es un 73% mayor”.
“La última reforma estructural del sistema previsional fue en 1993. Fue en respuesta al fuerte aumento del gasto jubilatorio observado desde 1980. Luego, frente al descontrol del gasto previsional, la estrategia común de gobiernos con diferentes orientaciones ideológicas fue licuar el gasto con inflación. La alta inflación con manipulación de la fórmula de movilidad fueron el mecanismo”, señala el trabajo elaborado por Colina.
En cuanto al PAMI, el principal sistema de atención de salud para los adultos mayores, tiene un presupuesto aprobado para este año $10,17 billones.
Colina advierte que “nunca fue adaptado a la demografía desde su creación en 1971” y que “el elemento común de todos los gobiernos son las limitaciones de hecho en la cobertura, proceso facilitado por la derivación de la atención de los jubilados a los hospitales públicos provinciales”.
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Propuestas a futuro
Para Colina, el ordenamiento del sistema previsional pasa por dos ejes centrales. Por un lado, propone adoptar un mecanismo de “cuentas nocionales”, por el cual el monto de la jubilación sea en función de los aportes realizados durante toda la vida activa y la expectativa de vida al momento del retiro. “Ese cálculo debería hacerlo la ANSES. Es un sistema que empezó en Suecia y se extendió, luego, a otros países avanzados y es la manera de contribuir a la sustentabilidad financiera del sistema”, le explicó a este medio.
Por el otro, sugiere transformar la pensión derivada de la muerte de un jubilado o trabajador en una cobertura voluntaria sujeta a un aporte especial destinado a su financiamiento. “Para que el viudo o viuda cobren esa pensión, el titular debió haber hecho un aporte adicional, que se suma al 11% que va a la ANSES mientras trabajaba. Se especifica un destinatario para así evitar reclamos superpuestos cuando una persona se separó y tiene una nueva pareja, pero nunca llegó a divorciarse legalmente”, amplió Colina.
Entre los cambios para el sistema de salud para la vejez, propone que las personas mantengan la cobertura que tenían como trabajador activo cuando se jubilan, y adaptar las prestaciones del Plan Médico Obligatorio al financiamiento disponible.
“El problema no es solo de ingresos por la alta informalidad laboral, sino que los gastos crecen por la dinámica demográfica. Por eso, son imprescindibles reformas que contengan los gastos para la vejez. De lo contrario, como viene ocurriendo tanto a nivel nacional como provincial, postergar las reformas implica postergar gastos importantes no vinculados a la vejez”, concluye Colina.
Visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
