Un organismo de derechos humanos inspeccionará las cárceles de Mendoza: el motivo
4 de octubre de 2026
El titular del organismo internacional CIDH evaluará las condiciones de habitabilidad en los penales mendocinos y analizará si hay superpoblación.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón, visitará los establecimientos penitenciarios San Felipe y Almafuerte para verificar las condiciones de las personas privadas de libertad tras una denuncia presentada en 2014 por el abogado Carlos Varela Álvarez, en la que alertó sobre el hacinamiento, la superpoblación carcelaria y los riesgos asociados para los internos y el personal de custodia.
La visita oficial formará parte del seguimiento a un acuerdo firmado en Washington en 2025 entre la provincia de Mendoza y el peticionante. Este convenio contempló un plan de acción para mejorar las condiciones de habitabilidad en las cárceles como requisito para levantar la medida cautelar vigente. Representantes de la Cancillería Argentina y la parte querellante acompañarán el recorrido para evaluar los antecedentes del caso.
Ante la inminencia de la recorrida, Varela Álvarez advirtió que la superpoblación continúa siendo uno de los conflictos más severos del sistema carcelario local y sostuvo que el alto número de reclusos por celda dificulta el acceso a prestaciones esenciales como salud, educación, alimentación y empleo. Además, señaló que la sobreocupación deriva del incremento en las políticas de encarcelamiento sin una contrapartida suficiente en la infraestructura.
Durante la inspección, las autoridades constatarán de primera mano los problemas cotidianos que genera la saturación en los módulos penitenciarios, ya que la acumulación de reclusos no solo agrava las disputas internas y las agresiones contra los guardias, sino que también restringe las visitas familiares y el seguimiento de las causas judiciales. Por eso, las observaciones de la comitiva resultarán determinantes para definir los futuros informes y recomendaciones del organismo.
Asimismo, la comitiva prestará especial atención a las denuncias sobre la baja calidad del agua potable en el penal de San Felipe. Este reclamo originó un hábeas corpus colectivo que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza mantiene en estudio tras la apelación a un fallo adverso de primera instancia.
Las observaciones finales de Ralón, jurista guatemalteco de amplia trayectoria en derechos humanos, orientarán los próximos pasos de la investigación internacional.
