Régimen Penal Juvenil: Mendoza recibió el sistema para seguir cada caso
26 de septiembre de 2026
La herramienta permitirá registrar y monitorear las medidas dispuestas por la Justicia sobre adolescentes y respaldará el trabajo de los supervisores especializados.
Mendoza recibió el Sistema RPJ (Registro de Supervisores de Régimen Penal Juvenil), una plataforma tecnológica desarrollada por el Ministerio de Justicia de la Nación para registrar y realizar el seguimiento de las medidas dispuestas por la Justicia en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La entrega se concretó como parte del convenio de colaboración firmado entre Mendoza y Nación el 23 de junio y representa otro paso en el proceso de adecuación de la provincia a la Ley 27.801.
El acta de entrega fue firmada por el subsecretario de Justicia de Mendoza, Juan Carlos Jaliff, y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Emiliano Méndez Ortiz. También participaron el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, y el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Política Criminal de Nación, Mariano Rivas.
La plataforma estará destinada principalmente a respaldar la tarea de los supervisores especializados, una de las figuras incorporadas por el nuevo régimen para realizar el seguimiento, asistencia y control de los adolescentes alcanzados por medidas o penas judiciales.
El sistema contará con perfiles diferenciados para administradores, juzgados y supervisores. De esta manera, permitirá organizar y registrar la información vinculada con cada caso, verificar las medidas establecidas y facilitar el seguimiento de su evolución.
La información será confidencial y el acceso estará limitado a los operadores autorizados y a la Justicia.
Una herramienta prevista en el convenio con Nación
El sistema forma parte de las herramientas previstas en el acuerdo de cooperación firmado en junio. En ese momento, Mendoza fue presentada por el Gobierno provincial como la primera jurisdicción del país en reunir las condiciones para avanzar con este esquema de cooperación con Nación.
El convenio contempla asistencia técnica, capacitación de operadores, supervisores especializados y herramientas tecnológicas para la gestión de los casos.
La cartera nacional también entregó a Mendoza un ambiente de capacitación y los manuales correspondientes a los distintos perfiles de usuarios, además del Manual de Ingreso Inicial y el Manual del Supervisor Juvenil.
La entrega se produjo luego de que Nación avanzara con la reglamentación de la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026. Esa normativa estableció, entre otros aspectos, el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y fijó los requisitos para integrar ese cuerpo profesional.
Además, el Ministerio de Justicia aprobó el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil mediante la Resolución 484/2026, que incluye la gestión del cuerpo de supervisores, su capacitación y el seguimiento de su desempeño.
El rol de los supervisores
La figura del supervisor especializado ocupa un lugar central dentro del nuevo esquema. Su función será realizar un seguimiento individual de los adolescentes alcanzados por una medida judicial, verificar el cumplimiento de las pautas establecidas e informar sobre la evolución de cada caso.
La reglamentación nacional establece que los supervisores deben contar con formación específica y capacitación obligatoria en justicia penal juvenil, derechos de niños, niñas y adolescentes y supervisión de medidas. También contempla capacitación continua y mecanismos de suplencia para garantizar la continuidad del seguimiento.
El nuevo sistema tecnológico busca brindar soporte a esa tarea y, además, facilitar la producción de información estadística sobre el funcionamiento del régimen. El Ministerio de Justicia señaló que esos datos podrán utilizarse para generar indicadores y contribuir al seguimiento del sistema a nivel nacional.
Con la incorporación del Sistema RPJ, Mendoza suma una nueva herramienta al proceso de implementación del Régimen Penal Juvenil, que incluye la adecuación normativa e institucional, la capacitación de operadores y el desarrollo de estructuras específicas para el seguimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
