Escándalo en el Este por presuntas multas falsas y cobros millonarios en un control vial
24 de septiembre de 2026
Un vecino denunció la retención irregular del vehículo de su hijo en ruta al Dique El Carrizal y la posterior imposición de aranceles arbitrarios por casi un millón de pesos.
Un vecino de la Zona Este mendocina denunció un presunto esquema recaudatorio ilegal por parte de inspectores viales tras la arbitraria retención del vehículo de su hijo, hecho por el cual debió desembolsar casi un millón de pesos entre sanciones e impuestos para poder recuperarlo.
El hecho ocurrió el pasado domingo cuando el joven se dirigía hacia el Dique El Carrizal y fue interceptado por un control policial que le labró dos actas de infracción. Pese a contar con la documentación al día, los agentes justificaron la medida alegando faltas en el sistema de escape y en la suspensión del automóvil.
José, padre del afectado, contó a Radio Regional que las autoridades se respaldaron en la legislación vigente para sancionarlo de manera irregular: «Ellos se amparan bajo la Ley de Tránsito en el artículo 82 donde le suman dos infracciones para retenerle el vehículo de una forma lamentable y estas multas lo que hace es una infracción grave que asciende a los 900 mil pesos, pero queda en 500 mil si la pagás dentro de los 5 días. Son dos multas inventadas y es un robo lo que le están haciendo al pueblo».
El hombre remarcó que las faltas atribuidas carecían de sustento técnico y que el automóvil conservaba las piezas originales de fábrica. Además, cuestionó el procedimiento utilizado por los inspectores para justificar el traslado del rodado mediante el servicio de acarreo, señalando que «le hicieron una multa porque supuestamente el auto no tenía silenciador y emitía gas, pero no tenían nada con qué medirlo y también por no contar con un equipo de suspensión, cuando el que tiene el vehículo es el que trae de 0 KM».
A los montos de las infracciones se sumaron diversos gastos logísticos y administrativos en el depósito vehicular que encarecieron notablemente la suma total a abonar. Ante esta situación, el padre del conductor detalló el engranaje económico derivado del secuestro del auto al manifestar que «vino la grúa y te cobran el traslado 160 mil pesos a la playa de calle Tropero Sosa, luego la estadía es de 16 mil pesos por cada día que pasa y te la hacen tan difícil que te obligan a dejarlo hasta 3 días (…). Después te cobran 50 mil pesos de tasas administrativas y 90 mil pesos por la custodia del auto y si haces una suma, tenés que pagar 350 mil pesos más».
Posteriormente, la víctima acudió a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para constatar el correcto funcionamiento del auto, obteniendo un resultado favorable que no pudo presentar formalmente debido a trabas burocráticas tras haber efectuado el pago.
Frente a la impotencia generada por el episodio, el denunciante no descartó recurrir a la vía judicial para revertir la medida y concluyó: «Hemos pensado iniciar acciones legales porque te están robando, está comprobado que es un robo porque a los 20 minutos de haberlo sacado de la playa y que te digan que todo está en condiciones te enoja. Nadie te devuelve la plata y el tiempo».
