Acusacion en la ONU contra Israel por desaparecer restos de 10 mil palestinos abatidos en Gaza

Desde Ginebra, Juan Gasparini

La mudanza a gran escala de «escombros en Gaza con restos humanos son pruebas físicas que permiten investigar presuntos crímenes internacionales, incluyendo el genocidio. Las autoridades palestinas dan cuenta de 10 mil cadáveres enterrados secretamente en zonas bajo control militar israelí», denuncio en Ginebra la italiana Francesca Albanese, Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967.  

No obstante la entrada en vigor del cese el fuego de octubre de 2025, la experta reveló que «cerca del 70% de Gaza se encuentra sometida a restricciones bajo control militar israelí». Reclamó el despliegue «de una cadena de vigilancia independiente», para que «los investigadores internacionales puedan acceder a la zona y recolectar pruebas vitales», impidiendo que se borren las huellas «de crímenes atroces», enraizando «la ocupación ilegal de Israel».   

Albanese detalló «que gracias a la utilización de maquinarias pesadas, incluyendo equipamientos fabricados por las empresas Caterpillar, HD Hyundai, Doosan y Volvo, la demolición y nivelación prosigue en las zonas bajo control israelí. Los escombros contenían restos humanos y pruebas físicas pertinentes para investigar. Requieren una cadena ininterrumpida de vigilancia independiente, de investigadores internacionales que supervisen la colecta de pruebas vitales».  

Advirtió que agentes israelíes y las empresas implicadas «deberían tomar nota que la destrucción de pruebas de crímenes internacionales, podrían acarrear responsabilidad penal», una «preocupación particularmente grave debido a la amplitud y naturaleza de la destrucción en Gaza». Entre el 2023 y el 2025, «el 92% de las viviendas, incluyendo infraestructuras civiles, han sido destruidas, un fenómeno «sin precedentes en la guerra moderna».    

Insistió que «la sustracción, destrucción y re-localización en curso de escombros en Gaza no deben destruir las pruebas de crímenes internacionales, ni impedir la recuperación e identificación de restos humanos en el enclave sitiado. Contienen restos humanos y pruebas físicas pertinentes para investigar sobre presuntos crímenes internacionales, incluyendo el genocidio. Los restos de mas de 10 mil personas han quedado sepultadas bajo tierra».  

Al tiempo, la relatora Albanese insistió que «remover a gran escala los escombros en las zonas de Gaza bajo control militar israelí no debe destruir las pruebas de crímenes internacionales. No debe olvidarse, como es sabido, las inculpaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, sumándose ahora los entierros ilegales de población civil.

Albanese recordó la ilegalidad de la presencia continua de Israel en el territorio palestino ocupado, según determinó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2024, principal órgano judicial de Naciones Unidas, cuyos miembros son elegidos por los votos secretos del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU. Ya en enero de 2024 CIJ le ordenó a Israel «tomar medidas eficaces para prevenir la destrucción y asegurar la preservación de pruebas relativas a las alegaciones de violaciones de la Convención contra el Genocidio».

«En una Gaza desbastada, los escombros no son solamente desechos de construcción. Forman parte de una escena de crimen, de un cementerio y de registros materiales de lo ocurrido bajo los bombardeos brutales e insensatos que duraron 2 años. La posibilidad de recuperar restos humanos de los escombros de Gaza es lejano de ser teórico. El 4 de agosto de 2026, los palestinos enterraron 112 miembros de una familia numerosa, recuperados de una operación de 17 días bajo edificios de la ciudad de Gaza, destruidos en 2023. Los restos de otras 41 personas asesinadas jamas fueron encontrados», relató Albanese. 

«Es vital que antes que las decisiones sean tomadas sobre el desplazamiento o el aniquilamiento por el ejercito ocupante o sus aliados, la recuperación e identificación digna de restos humanos, la documentación sistemática de los sitios y materiales, la preservación de las pruebas potencialmente pertinentes y una cadena de resguardo ininterrumpida bajo vigilancia independiente debe tener lugar», enumeró Albanese, haciendo un llamado a los investigadores internacionales para supervisar esa colecta de pruebas vitales.

«Los actores del Estado y las empresas implicadas en su retirada deberían tomar nota que destruyendo pruebas de crímenes internacionales, ellos podrían incurrir en una responsabilidad penal internacional concerniente a esos crímenes», advirtió Albanese. La Relatora declaró que «la preocupación era particularmente grave, teniendo en cuenta la amplitud y la naturaleza de la destrucción de Gaza desde octubre del 2023. 

Puso en conocimiento a su vez que «recibió informaciones creíbles de varias fuentes en agosto de 2026, exponiendo que la operación implicaba el secuestro deliberado, y generalizado, y la destrucción y el transporte de escombros. Fuentes israelíes confirmaron discusiones con empresas israelíes sobre la demolición a gran escala, la recogida y el reciclaje de escombros».

Albanese concluyó que «toda evacuación debe hacerse en el contexto de un plan concebido por los palestinos y sostenido por actores que tengan la confianza de los palestinos. Destruir pruebas de crímenes y atrocidades es ilegal. Es inaceptable que la reconstrucción de Gaza sea condicionada a borrar el pasado y sin las pruebas necesarias para obtener justicia para las víctimas».

FIN