El IPV intensificó los controles de viviendas y abrió 413 expedientes por irregularidades
3 de septiembre de 2026
El organismo resolvió más de la mitad de los casos y aclaró que la desadjudicación definitiva abarca a menos del 10% de las situaciones procesadas.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intensificó los controles sobre las viviendas sociales y este año ya inició 413 expedientes por distintas irregularidades en el uso y pago de los inmuebles. Según explicó su titular, Gustavo Cantero, más de la mitad de esos casos ya fueron resueltos y solo una proporción menor termina con la pérdida definitiva de la propiedad.
En el marco de estas actuaciones administrativos, Cantero brindó precisiones sobre el avance de los procesos iniciados durante el año. «Este año llevamos iniciados 413 expedientes con el tema de estas situaciones. Ya están resueltos 253 casos», detalló el funcionario sobre la dinámica de regularización.
En buena parte de los expedientes resueltos, los adjudicatarios lograron normalizar su estado al cancelar o refinanciar deudas, o bien al solucionar problemas vinculados a la ocupación efectiva. El funcionario destacó además que los casos con sanciones drásticas son acotados: «Terminás con aproximadamente no más de un 10%, menos de un 10% anual de casos de desadjudicación total, porque la gente viene y regulariza su situación», afirmó Cantero a El Sol.
Los operativos de fiscalización del organismo apuntan concretamente a detectar propiedades utilizadas de manera irregular o aquellas empleadas para Lucrar con el beneficio estatal. De la totalidad de las causas abiertas en 2026, solo 28 cuentan actualmente con una resolución firme para avanzar con la quita definitiva de la titularidad.
Para avanzar en los casos más graves, el organismo coordina acciones con el Poder Judicial de la provincia. Cantero explicó que el IPV se encuentra a la espera de la plena aplicación del nuevo procedimiento de desalojo y trabaja activamente en la capacitación de los jueces de paz para agilizar los trámites correspondientes.
El objetivo central de la medida busca diferenciar a las familias con severos inconvenientes económicos de aquellos titulares que alquilan el inmueble, lucran con él o falsearon datos para acceder al programa. Ante los controles, la atención en el organismo se triplicó y Cantero enfatizó que «la gente está tomando conciencia de que las casas tienen un valor y que hay que pagarlas», tras ratificar que «el 95% de los casos se resuelve que la gente viene, cancela su deuda o se pone al día».
Cuando una casa resulta desadjudicada, el organismo evalúa primero la situación socioeconómica de los ocupantes actuales para verificar si pueden acceder formalmente al inmueble tras recalcular las cuotas. Si los residentes no reúnen las condiciones exigidas por la normativa o poseen otros bienes, el IPV articula con los municipios para reasignar la unidad a las familias inscriptas en el registro de necesidades habitacionales.
