Vladimir Putin declara la «muerte cívica» de los disidentes fuera de Rusia

«Una nueva ley rusa permitirá imponer amplias restricciones económicas, administrativas y civiles
a ciudadanos rusos que viven fuera del país, incluidos críticos al gobierno de Vladimir Putin, y
voces contrarias a la guerra», denunció Mariana Katzarova, «relatora» especial del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, experta independiente sobre la situación de las
libertades públicas y derechos individuales imperante en la Federación de Rusia.

La medida dispone que «congelar bienes, impedir la renovación de pasaportes o bloquear el
acceso a servicios bancarios», son algunas de las medidas que podrá aplicarse a ciudadanos
rusos residentes en el extranjero, incluidos en una nueva lista oficial. Se trataría de «críticos del
Gobierno o voces contrarias a la guerra». La relatora, de nacionalidad búlgara, advirtió «que la
norma puede hacer prácticamente insostenible sus vidas fuera del país».

Katzarova «señaló que la legislación representa una nueva herramienta de presión contra los
rusos en el exilio y profundiza tanto la represión dentro del país como la que se ejerce más allá de
sus fronteras». El documento que recoge sus declaraciones describe las consecuencias de la
medida como una forma de «muerte cívica» para las personas afectadas. El texto establece
«medidas restrictivas temporales para las personas que se encuentran fuera de Rusia».

Se trataría de ciudadanos rusos que «según las autoridades, estén eludiendo el cumplimiento de
una sanción». Al respecto «el Ministerio de Justicia mantendrá una lista pública de rusos en el
extranjero con condenas penales pendientes de cumplimiento o sancionados por determinadas
infracciones administrativas». Estas personas incluidas en esa lista podrían quedar sometidas a
14 categorías de restricciones, que abarcan numerosos aspectos de su vida cotidiana».

Se definen «la congelación de fondos y propiedades, la suspensión de licencias y acreditaciones,
la anulación de firmas electrónicas y la pérdida de acceso a los servicios digitales del Estado»,
junto a «las medidas que afectan servicios consulares como la expedición y renovación de
pasaportes y el registro de matrimonio y cambios de nombres, restricciones para conducir y
registrar vehículos, realizar operaciones inmobiliarias y actos notariales, otorgar poderes, obtener
créditos, trabajar por cuenta propia o acceder a servicios bancarios de forma remota».

«Aunque las autoridades presentan la legislación como un mecanismo para garantizar «la
inevitabilidad del castigo»», la Relatora «advirtió que su aplicación no se limita a condenas
penales. También puede activarse por infracciones administrativas», que la experta considera
«políticamente motivadas», incluidas las relacionadas con las normas sobre «agentes extranjeros,
organizaciones indeseables y la censura vinculada con la guerra», como las disposiciones contra
la «desacreditación de las fuerzas armadas» y las denominadas «noticias falsas sobre el ejército».
Inclusive, estas disposiciones abarcan «llamados a imponer sanciones o expresiones
consideradas contrarias a la integridad territorial de Rusia». Mariana Katzarova afirmó además
que «los tribunales rusos han utilizado estas disposiciones «desde el 2022 para para castigar a
periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas contra la guerra».

Recordó paralelamente que «Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, se refirió a
personas a las que se dirige le medida como «extremistas» y «traidores a la patria».
En ese contexto, la Relatora «expresó especial preocupación por la falta de garantías en el
procedimiento: ningún tribunal decide quien es incluido en la lista y la persona afectada no es
notificada ni escuchada. Además, pese a que las restricciones son calificadas como
«temporales», la legislación no establece un limite de tiempo para su aplicación».

Al tiempo, Katzarova sostuvo que, en la práctica, la legislación supone un castigo dirigido de
manera masiva contra críticos del gobierno y voces contrarias a la guerra, diseñado para hacer
insostenible su vida fuera de Rusia. Según explicó, las personas afectadas conservarían las
obligaciones derivadas de la ciudadanía, pero perderían buena parte de los derechos y servicios
asociados a ella, quedando en una situación que describió como apatridia de facto.

La experta recordó a su vez que «Rusia continúa sujeta a sus obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos y pidió a las autoridades derogar la nueva legislación y anular
condenas dictadas en ausencia de los acusados en casos políticamente motivados». Instó
paralelamente a no olvidar «que Rusia continua sujeta a sus obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos y pidió a las autoridades derogar la nueva legislación y anular
condenas dictadas en ausencia de los acusados en casos políticamente motivados».

Recomendó en consecuencia a otros Estados «considerar la ley como una severa forma de
represión transnacional y pidió que los países que acogen a ciudadanos rusos en situación de
riesgo garanticen que puedan obtener y renovar documentos de identidad y de viaje, regularizar
su residencia y conservar el acceso al empleo y los servicios bancarios».

Mariana Katzarova solicitó en consecuencia «que estas personas no sean devueltas por la fuerza
a Rusia y que otros Estados no den efecto jurídico a las designaciones realizadas al amparo de la
nueva legislación ». Concluyó exhortando que »la protección plena de los críticos del Gobierno,
los defensores de derechos humanos y las voces contra la guerra en el exilio es fundamental para
la supervivencia de la sociedad civil rusa».

Desde Ginebra, Juan Gasparini