Un plenario de comisiones profundizó el análisis del Código Unificado de Edificación en la provincia de Mendoza

Iniciativa del Poder Ejecutivo que establece pautas uniformes para el proceso edilicio, fundamentalmente. Es una acción concreta, orientada a superar enfoques sectoriales y a fortalecer una planificación territorial integrada.

En plenario, las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, y de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda; que presiden Beatriz Martínez (UCR) y Miguel Ronco (UCR), respectivamente; recibieron se abocaron al análisis sobre el proyecto del Poder Ejecutivo referido al “Código Unificado de Edificación de la Provincia de Mendoza”.

Esta propuesta tiene por objeto dotar a la Provincia de “un instrumento jurídico-técnico común que establezca pautas uniformes para el proceso edilicio, comprendiendo la elaboración de proyectos, la ejecución de obras, su fiscalización, conservación y mantenimiento, tanto en el ámbito de la obra pública como de la obra privada”.

En los considerandos, indica que “el Código Unificado surge como una acción concreta, orientada a superar enfoques sectoriales y a fortalecer una planificación territorial integrada, mediante criterios técnicos, homogéneos y transparentes”, teniendo en cuenta que actualmente, “los municipios cuentan con regulaciones edilicias diversas con distintos niveles de actualización y desarrollo, e incluso con situaciones en las que no se dispone de un cuerpo normativo propio suficientemente sistematizado, lo que genera asimetrías regulatorias, incertidumbre administrativa y desigualdad de condiciones”.

De esta forma, el texto afirma que “la iniciativa se encuadra en los principios y objetivos de la política provincial de ordenamiento territorial”, mencionando al respecto lo referido en la Ley N° 8.051 que establece en su artículo 23, inciso e), que “los municipios deben ajustar sus Códigos de Edificación a las disposiciones de la política de ordenamiento territorial y a los planes que de ella se deriven, promoviendo la coherencia normativa y la articulación interjurisdiccional”.

El Código propuesto establece requisitos y procedimientos aplicables a las distintas etapas de las obras, fija criterios comunes para la tramitación de permisos, avisos de obra, documentación técnica, inspecciones, responsabilidades profesionales, reformas, ampliaciones, instalaciones, condiciones de seguridad, construcción sustentable y demás materias propias del proceso edilicio – y “procura asegurar estándares mínimos de seguridad estructural y de uso, habitabilidad y salubridad, accesibilidad universal, funcionalidad, eficiencia energética, sustentabilidad ambiental y prevención de riesgos vinculados a incendios, sismos e instalaciones”.

Asimismo, el proyecto resguarda las competencias propias de los municipios en materia de policía edilicia local, tasas, multas, incentivos económicos y procedimientos complementarios, estableciendo un régimen marco provincial cuya plena implementación en jurisdicción municipal se instrumentará mediante la adhesión correspondiente, sin perjuicio de su aplicación obligatoria para la Administración Pública Provincial, sus organismos y entes, y para las obras, públicas provinciales comprendidas en el ámbito material del Código.

De acuerdo al articulado, el Código establecerá el régimen jurídico-técnico marco aplicable a las actividades vinculadas al proceso edilicio, incluyendo la elaboración de proyectos, la   ejecución de obras, la fiscalización, la conservación,  el mantenimiento  y demás, invitando a los municipios a adherir mediante  la  correspondiente  ordenanza, “a fin de adoptar el Código   como  régimen técnico local o como norma complementaria  de  sus  respectivos  Códigos  de  Edificación”. En esa línea, aclara que esta normativa, “no altera las competencias municipales   en materia de tasas, derechos, multas, incentivos, habilitaciones, inspecciones y demás  procedimientos  de  control  local”.

Finalmente, un punto que destaca el articulado es que se creará “la Mesa de Trabajo Técnica Provincial del Código Unificado de Edificación, en el ámbito de la autoridad de aplicación provincial (Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial),  con funciones de coordinación, interpretación técnica, propuesta de actualización, evaluación de soluciones técnicas alternativas, análisis de nuevos materiales, sistemas constructivos y de tecnologías, y unificación de criterios con los Municipios adherentes”. Su integración, funcionamiento, procedimientos y registros serán establecidos por la reglamentación.

Análisis en la mesa de la comisión

La diputada Beatriz Martínez (UCR) sostuvo que ingresaron diversas notas a la comisión con distintos aportes e inquietudes, lo que se sumará a lo debatido en la mesa del plenario para realizar las consultas pertinentes con el equipo técnico del Poder Ejecutivo y poder evaluar la devolución que se realice.

Son consultas que giran en temas específicos de la redacción legislativa, el margen de decisión que tendrán los municipios en temas puntuales, los procedimientos sobre los procesos de viviendas industrializadas, la participación de Colegios de profesionales, y de organizaciones de personas con discapacidad y/o accesibilidad, entre las más importantes.

Martínez aseguró que se le está dando “tiempo de lectura al proyecto, porque es extenso y muy técnico”. Por estas razones, dijo Martínez, la intención es avanzar “con algunas observaciones, consultas, dudas que puedan recepcionarse”, para luego cursarlas “a los equipos técnicos del Poder Ejecutivo” y ajustar la redacción final.

Concluyó la diputada mencionando que con este proyecto “se realizaron consultas con los municipios, que son los actores principales en este proyecto; y ha habido reuniones en todos los oasis de la provincia”.

De este modo, los integrantes de la comisión continuarán trabajando internamente este proyecto y en las consultas que le enviarán a los equipos técnicos del Poder Ejecutivo para luego, con las devoluciones obtenidas, consensuar la redacción final de la normativa. La diputada Beatriz Martínez, a su vez, puso de relevancia el trabajo que ha realizado la diputada Érica Pulido (UCR), titular de la comisión de Ambiente y Recursos Hídricos, con los demás legisladores y con representantes del gobierno de Mendoza, para acordar sobre distintos puntos.