¿Acusar sin pruebas puede llevar a la cárcel?
Esta semana se conoció que la denuncia que la periodista y conductora Viviana Canosa formuló contra Lizy Tagliani fue archivada por falta de pruebas.
27 mayo, 2026
Hace un año, en la pantalla de Canal Trece, Viviana Canosa acusó públicamente a Lizy Tagliani y a otros famosos de estar involucrados en redes de trata de personas y pedofilia. Entre los señalados, la conductora fue una de las más apuntadas.
La humorista no quedó de brazos cruzados: inició acciones legales para demostrar su inocencia y exigió que, si existían pruebas, fuesen presentadas ante la justicia.
El escándalo mediático coincidió con el proceso de adopción de su hijo y, según denunció, las acusaciones públicas afectaron —e incluso demoraron— ese trámite familiar.
En la entrega más reciente de los Martín Fierro, Tagliani habló sobre justicia y relató el difícil momento que atravesó su familia durante el proceso de adopción, marcado por la exposición pública y el daño reputacional.
Un año después, el expediente fue archivado por falta de pruebas. Surgen entonces varias preguntas: ¿puede quedar impune quien acusa sin pruebas? ¿Cuál es el costo económico y emocional para la persona acusada? ¿La justicia obliga a pedir disculpas públicas?
La opinión de la abogada Paula Pugliesi Bressano
En Mendoza Today consultamos a la abogada Paula Pugliesi Bressano (Mat. 12.187 SCJM / T°150 F°440 CSJN), quien explicó que el archivo suele producirse cuando el fiscal —responsable de la investigación penal— considera que las pruebas recabadas son insuficientes o no relevantes para avanzar a una imputación formal o a juicio. El archivo puede ser provisorio —si aparecen nuevas pruebas, la causa puede reabrirse— o definitivo, si se llega a una absolución.
La abogada señaló también que en el ámbito penal actúan intereses del Estado, a través del fiscal, y que la dinámica difiere del proceso civil, donde existe un actor y un demandado. Además, resaltó la tensión entre el derecho al honor y el debido proceso frente a la libertad de expresión: ambos son derechos constitucionales que deben ponderarse según cada caso concreto.
Respecto a las consecuencias para quien realiza una acusación falsa, Pugliesi Bressano indicó que no toda denuncia que no prospera implica mala fe. Si la acusante actuó de buena fe, creyendo en la veracidad del hecho, no se la torna automáticamente responsable.
En cambio, si se prueba que la acusación fue deliberadamente falsa o difundida con la intención de causar daño, la afectada podrá reclamar daños y perjuicios en sede civil y denunciar calumnias o injurias en sede penal. Demostrar la mala fe, aclaró la abogada, suele ser complejo y requiere pruebas contundentes.
