El Gobierno de Mendoza lanzó un plan de viviendas exclusivo para docentes
La iniciativa combina créditos hipotecarios a 30 años con un sistema de ahorro previo para facilitar el acceso a la casa propia a los docentes mendocinos.
5 mayo, 2026
El gobernador Alfredo Cornejo anunció formalmente la puesta en marcha de un programa habitacional diseñado específicamente para los docentes que prestan servicios en la provincia.
El esquema surge de una articulación entre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), desarrolladores privados y el sector bancario, con el objetivo de ofrecer créditos hipotecarios con plazos de pago de hasta 30 años.
Para acceder al programa, los grupos familiares interesados deben acreditar ingresos conjuntos equivalentes a cinco salarios mínimos, vitales y móviles. El financiamiento estipula que el banco cubrirá el 80% del valor total de la propiedad, mientras que el beneficiario deberá aportar el 20% restante en concepto de ahorro previo. Este monto inicial, calculado entre 20 y 25 millones de pesos, podrá cancelarse en cuotas durante un plazo de uno o dos años, otorgándose prioridad en la selección a aquellos docentes que posean titularidad en sus cargos.
En esta primera etapa, el Ejecutivo provincial estimó la construcción de 250 viviendas de aproximadamente 60 metros cuadrados, con un valor de mercado que oscila entre los 100 y 120 millones de pesos por unidad. Según el cronograma oficial, durante el mes de mayo se iniciará la apertura de pliegos para las empresas constructoras interesadas en desarrollar los proyectos en terrenos fiscales o privados.
Los docentes, en tanto, podrán comenzar con la preinscripción a mediados de junio a través de la plataforma digital del IPV, seleccionando el proyecto según su conveniencia geográfica.
La adjudicación y posterior entrega de las llaves estará sujeta estrictamente al cumplimiento del plan de ahorro previo por parte del postulante. Las zonas proyectadas para el inicio de las obras incluyen puntos estratégicos de los departamentos de Guaymallén, Ciudad y San Rafael, buscando una distribución federal de la oferta.
Este modelo de gestión delegó la construcción en el sector privado bajo la supervisión estatal, intentando agilizar los tiempos de ejecución y garantizar la transparencia en todo el proceso de asignación.
