La ONU investiga una suerte de enciclopedia rusa de violaciones a los derechos humanos.
Mariana Katzarova, experta de ONU para Rusia. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO.
Por 20 votos a favor, 18 abstenciones, 8 en contra, y la no emisión de sufragio por parte de Colombia, 46 de los 47 Estados miembros que componen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sancionaron a Rusia mediante una resolución que acogió «con beneplácito» el informe de una «Relatora Especial» que investigó ese país, la búlgara Mariana Katzatrova, quien cumplió con anterioridad misiones en Chechenia y Ucrania, prorrogando ahora por un año su mandato. (1)
Elegidos por el voto secreto de la Asamblea General, cuyo tercio se renueva anualmente, de los países de América Latina y el Caribe del citado Consejo, votó a favor solo Costa Rica. Acompañó a los representantes de los 27 Estados de la Unión Europea, más otros 15 países afines. (2) Votaron en contra, Bolivia, Burundi, China, Cuba, Etiopía, Kirguistán, Vietnam y Sudan. Se abstuvieron 18 países, entre ellos, 3 latinoamericanos: Brasil, México y República Dominicana. (3)
El documento adoptado de 6 carillas, empieza preocupándose «por las denuncias de ejecución extrajudicial de personas críticas con el Gobierno, las graves restricciones de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, tanto dentro como fuera de Internet, para silenciar la disidencia, las opiniones en contra de la guerra y otras actividades pacíficas que son esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática». (4)
Ello se verifica «en una represión sistemática e incesante, por parte de las autoridades rusas, de las organizaciones y los representantes de la sociedad civil, de los defensores de los derechos humanos … Que se enfrentan a formas de violencia y amenazas sexuales y de género, y los medios de comunicación independientes, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación independientes, los pueblos indígenas, las personas en situación de vulnerabilidad, los niños y sus familias, las minorías, abogados y representantes de la oposición política». (5)
El texto expresa «su profunda preocupación por las denuncias de detención y reclusión arbitrarias y hostigamiento en masa contra las personas que protestan pacíficamente y condena el deterioro del Estado de derecho en Rusia (mencionando la guerra de agresión contra Ucrania), principalmente «por el uso de la fuerza contra personas, y por la ausencia de un poder judicial independiente y la denegación -entre otras personas, a las que se encuentran privadas de libertad- del derecho a un juicio imparcial y la asistencia letrada de su propia elección». (6)
Agrega «las denuncias sobre el uso generalizado y sistemático de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes infligidas a personas privadas de libertad, incluidos actos relacionados con la denegación de acceso a una atención médica adecuada, la reclusión en celdas de aislamiento o en régimen de aislamiento a modo de castigo, la restricción del contacto con el mundo exterior y el uso indebido de las instalaciones psiquiátricas». (7)
Añade «la negativa de las autoridades a investigar casos de personas privadas de libertad que han sido presuntamente objeto de desaparición forzada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes»; y «de violencia sexual y de género, por la situación de las personas» mayores, «en especial niños, que han sido expulsados a Rusia, y por la persistente impunidad de estos actos, agravada por la disminución de la supervisión independiente que supondría la retirada del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura anunciada por Rusia». (8)
Inquietan a la ONU «el cese de actividades impuesto por la fuerza y de forma masiva a organizaciones de la sociedad civil, como Memorial, El Grupo Helsinki de Moscú, el Sakharov Centre, el Centro de Información y Análisis DSOVA, el Centro de Ayuda a los Pueblos indígenas del Norte, la organización de derechos humanos Man and Law, la Sphere Fondation, la organización de supervivencia independiente de elecciones Golos, y el cierre del Museo de Historia del Goulag en Moscú». (9)
Para peor, se suman «el bloqueo y el cierre forzado de casi todos los medios de comunicación independientes -emisoras de radio, canales de televisión, medios de comunicación en línea y periódicos-, las prohibiciones impuestas por las autoridades rusas a los medios de comunicación extranjeros, y la expulsión selectiva de organizaciones extranjeras, a las que además declaró «indeseables» del registro, así como por el acceso limitado a la sociedad rusa, y a la infraestructura de la información, las comunicaciones, y la información independiente». (10)
Se intensifica «la censura y la desinformación tanto dentro como fuera de Internet, mediante la desinformación, prohibiendo por ley en marzo de 2024 anuncios por parte de agentes extranjeros», al igual que anuncios en septiembre de 2025, dirigida a plataformas consideradas «extremistas» o «indeseables», medidlas que han socavado aún más la viabilidad financiera de los medios de comunicación independientes y los nuevos y omnipresentes servicios de cibervigilancia para controlar la información e intimidar y silenciar las voces críticas». (11)
Preocupan «las medidas legislativas encaminadas a restringir cava vez más las libertades de reunión pacífica, de asociación y de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, tanto dentro como fuera de Internet, especialmente las leyes sobre los denominados «agentes extranjeros», el «extremismo» y las «organizaciones indeseables», en su versión modificada, ley de marzo de 2022 relativa a las «noticias falsas sobre el ejército ruso» y a la «desacreditación de la utilización de las fuerzas armadas rusas». (12)
Todo esto acarrea la modificación del «Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal, y las prohibiciones generales de difusión de información basadas en unos conceptos imprecisos y ambiguos, así como el uso indebido del sistema judicial con fines políticos que, en conjunto, tiene por efecto acallar las opiniones pacíficas, independientes y pluralistas mediante la imposición de cuantiosas multas, reclusión arbitraria y largas penas de privación de libertad». (13)
Y coincide con «el creciente control de Internet que ejercen las autoridades rusas mediante tecnologías obligatorias que permiten filtrar y bloquear el tráfico siguiendo instrucciones del Estado, la aprobación de leyes que penalizan las búsquedas en línea de contenidos denominados «extremistas», la promoción y publicidad de redes privadas virtuales y el acceso a contenido prohibido a través de esas redes, y la frecuente aplicación de cierres de Internet». (14)
Se suma a «las violaciones de los derechos humanos derivadas del uso arbitrario y la instrumentalización de leyes» sobre «la «seguridad del Estado», como la legislación en cuanto a la «traición» o la lucha contra el terrorismo y el extremismo, interpretando excesivamente amplia de ellas, sobrepasando su objetivo declarado, con el fin de silenciar las voces disidentes y por las restricciones extrajudiciales, el enjuiciamiento en secreto de civiles por tribunales militares, y las leyes que se utilizan para limitar la libertad de expresión y asociación».(15)
Abundan por ejemplo, «la inclusión de 55 organizaciones de los pueblos indígenas y otros grupos regionales y minoritarios en la lista de «organizaciones extremistas», y las numerosas organizaciones declaradas «terroristas», siendo los casos de las «reveladas en enero de 2025», y «por la continua ampliación de esas designaciones en 2025, que afianza aún más la criminalización de la actividad y disidencia cívica pacíficas». (16)
Se deplora «el hecho de que las autoridades rusas hayan declarado «extremistas» algunas organizaciones de derechos humanos y grupos de personas en situación de vulnerabilidad», y las hayan «incorporado a «la lista de indeseables», dando lugar «a un aumento de los actos de violencia física y verbal, persecución, detención arbitraria, incluso en instalaciones psiquiátricas, y desaparición forzada y tortura, así como otros delitos cometidos impunemente contra ellos». (17)
Alarma «el hecho que las autoridades» de Moscú, «estén empleando medidas legislativas contra la sociedad civil rusa, los defensores de los derechos humanos y los Pueblos Indígenas para penalizar y criminalizar la cooperación con las organizaciones internacionales, entre otras cosas a modo de intimidación y represalia por haber colaborado con los mecanismos de derechos humanos de la ONU», ocasionado «casos de autocensura», disuadiendo a «que actores de la sociedad civil testimonien públicamente ante las Naciones Unidas y otras organizaciones». (18)
Resulta reprobable que «la Federación de Rusia» apele a «la represión transnacional contra activistas y opositores políticos reales o percibidos como tales, y trabajadores de los medios de comunicación, abogados y defensores de los derechos humanos», incluso» persiguiendo a sus familiares y mediante legislación extraterritorial», reprobando también «los actos de intimidación o represalia, tanto dentro como fuera de Internet, contra personas que cooperan, con la ONU, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos». (19)
La Relatora de la ONU, Mariana Katzarova, evocó en su informe la necesidad que los Estados respeten «la independencia e imparcialidad de la judicatura, la integridad del sistema judicial y la independencia de los profesionales del derecho» siendo «un requisito previo indispensable para proteger los derechos humanos, el Estado de derecho, la buena gobernanza y la democracia», garantizando «la no discriminación en la administración de justicia», debiendo respetarse «en cualquier circunstancia», constatado «la falta de independencia judicial en Rusia». (20)
La experta Katzarova recordó «los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, destacando la confidencialidad de las comunicaciones con su cliente, y la independencia del colegio de abogados». Constató «el deterioro de la protección jurídica y las presiones que soportan los abogados, como la intimidación y el acoso, las medidas disciplinarias arbitrarias, la inhabilitación, el enjuiciamiento penal y la detención arbitraria por ejercer la profesión». (21)
Al tiempo la experta mandatada por la ONU evocó que Moscú renunció el 16 de septiembre de 2022 a formar parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que actualmente «están pendientes 8.050 demandas presentadas contra Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sigue teniendo competencia para tratar casos relativos a acciones u omisiones antes de esa fecha», sin olvidar que Rusia «está obligada a aplicar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto a dichas demandas pendientes». (22)
La Relatora exhortó «a las autoridades de Moscú a que adopten y publiquen un plan de acción con plazos definidos para aplicar las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos», sin desechar los pronunciados «por los órganos de tratados» de los que forma parte Rusia», y los expuestos ahora por Mariana Katzarova, considerando las promesas aceptadas por la diplomacia rusa «en los ciclos tercero y cuarto del Examen Periódico Universal (EPU, al que están obligados todos los Estados», una «verdadera consulta con la sociedad civil y las víctimas», celebrada anualmente en Ginebra. (23)
Entre tanto, a los 73 años recién cumplidos este 7 de octubre, Vladímir Putin parece «soñar con la inmortalidad, alimentando el mito de un dirigente que no cesa en la acción», no tomándose vacaciones este año. Pese a superar holgadamente los 68 años de la media nacional, siendo Presidente desde el 2000, con un intermedio de vicepresidente del 2008 al 2012, actuando entonces, sin embargo, de vicepresidente. Gracias a enmiendas constitucionales adoptadas por referéndum en 2020, su actual mandato finalizaría en 2036, cuando tenga 83 años». (24)
Vladímir Putin ha dicho creer en la posibilidad de prolongar la vida humana hasta los 150 años. Precisó que «la medicina moderna, concretamente mediante operaciones quirúrgicas vinculadas a reemplazar órganos, permite esperar una aumentación significativa de la esperanza de vida». Bajo su impulso, los proyectos científicos financiados por el Estado, se han multiplicado por 6. De 7 proyectos aprobados entre 2016 y 2022, saltaron a 43 entre el 2021 y el 2025. Uno de ellos se titula «Regulación de los procesos de renovación celular del cuerpo, para mantener en el largo plazo la actividad funcional de los órganos y tejidos, la salud y la longevidad». El mandatario ya comparó en un pasado el potencial de la ingeniería genética con una bomba nuclear». (25)
Desde Ginebra, Juan Gasparini.
(1,4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23) «Situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia». Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, 1 de octubre de 2025.
(2) Los países afines a los 27 de la Unión Europea, que copatrocinaron la resolución, fueron: Andorra, Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, República de Moldavia, San Marino. Nueva Zelandia, Canadá, Islas Marshall, Inglaterra y Ucrania.
(3) Se abstuvieron de votar a favor o en contra de la resolución: Argelia, Bangladés, Costa de Marfil, Benin, Congo, Ghana, Indonesia, Kenia, Kuwait, Malawi, Marruecos, Maldivas, Qatar, Sudáfrica y Tailandia.
(23) En el informe anual del Secretario General de la ONU, sobre las represalias contra personas que han colaborado con Naciones Unidas, figuran este año los nombres de los ciudadanos rusos Alexei Sikolov, por haber sido objeto de detención, malos tratos y prisión preventiva, y Alexei Gorinov, cuyo abogado sufrió represalias e intimidación. Otros ámbitos de la ONU no revelan las identidades de las víctimas o denuncias de tales actos: «Cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en el ámbito de los derechos humanos», Informe del Secretario General de la ONU, 9 de septiembre de 2025»
(24,25) Le Monde, París, 8 de octubre de 2025.
