La ONU renueva el mandato de su misión de vigilancia en Ucrania creada en 2014

Desde el 2014, la ONU mantiene una misión de expertos en derechos humanos que investigan en Ucrania los casos de las víctimas de los bombardeos rusos, y el robo de niños, trasladados en secreto a Rusia para entregarlos a familias en adopción ilegal.  

Mediante una resolución adoptada sin votación, los 47 Estados miembros del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, renovaron en Ginebra el mandato de sus expertos en Ucrania,
establecido en 2014. Apoyaron la decisión los países de la Unión Europea, Gran Bretaña, Japón,
Nueva Zelandia, y Suiza. De América Latina y el Caribe, solo adhirieron Costa Rica y Guatemala.
Estados Unidos abandonó este Consejo, durante el presente mandato de Donald Trump. (1)

El gobierno de Ucrania coopera con esta misión desde el inicio de sus actividades, para «evaluar
correctamente la situación de los derechos humanos en el país y las necesidades de asistencia
técnica en la esfera de los derechos humanos». Actúa bajo control del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien vigila «el respeto del gobierno de Ucrania de
proteger, y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción».

La misión interactúa «con otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos
pertinentes», como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia de la
ONU, e identifica «las necesidades de asistencia técnica» de Ucrania en la esfera de los derechos
humanos». Presenta informe periódicos, «entre otros temas sobre los problemas de derechos
humanos más graves existentes en Ucrania y sus causas profundas», y coopera «con los órganos
en virtud de tratados y con las instituciones internacionales de derechos humanos».

Los expertos de la ONU en Ucrania, actúan bajo secreto profesional, facultados para contribuir a
esclarecer «el número exacto y el paradero de los niños ucranianos» secuestrados y luego
trasladados a la Federación de Rusia, principalmente en 2022», que serían unos 15.000. Moscú
«no ha proporcionado información detallada sobre los niños afectados a la Agencia Central de
Búsquedas, dependiente del Comité Internacional de la Cruz Roja», en Ginebra, y todavía «no se
ha podido llevar a cabo una labor sistemática para localizarlos y devolverlos».

Por de prisa, el Alto Comisionado «ha reunido información adicional con la que documentar casos
anteriores de detención y traslado a Moscú de sacerdotes, toma de iglesias y presiones a las
autoridades de ocupación rusa para que las comunidades católicas volvieran a inscribirse con
arreglo a la legislación rusa». Un sacerdote católico griego entrevistado, tras ser liberado a raíz de
un intercambio de prisioneros, «denunció haber sido torturado en 2 centros de detención rusos».

A su vez, «el Tribunal Provincial de Zaporizhzhia, establecido por las autoridades rusas de
ocupación condenó a un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana a 14 años de prisión por
espionaje». El prelado «había sido destituido de su cargo en la iglesia» luego de «negarse a rezar
por el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa y criticar a los sacerdotes que cooperaban con
las fuerzas de ocupación de Moscú. Fue detenido cuando intentaba abandonar los territorios de
Ucrania ocupados temporalmente y juzgado en procedimientos secretos».

Rusia «continuó aplicando la prohibición general a todas las congregaciones de los Testigos de
Jehová». La ONU «documentó 2 enjuiciamientos de esta congregación en Crimea (un hombre y
una mujer)». Fueron acusados de «actividades extremistas» por celebrar reuniones de culto o
participar en ellas. El 3 de octubre de 2024, el Tribunal Supremo de Crimea sustituyó la condena
de 6 años de prisión impuesta a 2 Testigos de Jehová de Krasnohvardiiske por una condena de 6
años, en Rusia. Ambos habían sido acusados de pertenecer a una «organización extremista».

Ese mismo tribunal «retiró a Alushta, comunidad religiosa musulmana independiente, del registro
de organizaciones religiosas de Rusia a petición del Ministerio de Justicia», imputándole haber
difundido material extremista. A consecuencia de «un registro de sus instalaciones, se impuso
una multa de 100.000 rublos (879 dólares) por posesión de libros religiosos extremistas»,
prosiguiendo las restricciones «a la libertad de religión y creencias» en los territorios ocupados.

Los expertos mandatados por el Alto Comisionado constaron que «en los territorios ocupados
por Rusia en Ucrania era casi imposible encontrar representación legal independiente y
competente. Los abogados se han negado a aceptar casos de personas sospechosas de criticar
la ocupación de Rusia o de ayudar a las fuerzas ucranianas por temor a convertirse ellos mismos
en blanco de presiones, intimidación, acoso y represalias».

Paralelamente, «los abogados rusos con sede en Rusia se han negado a aceptar casos de los
territorios ocupados, temiendo por su seguridad o, por el contrario, para no dar la impresión de
que aprueban la ocupación de territorios ucranianos por parte de Rusia. La intimidación a
abogados por el ejercicio legítimo de su actividad profesional no solo socava la integridad de la
profesión jurídica, sino también el derecho a un juicio imparcial». (2)

Desde Ginebra, Juan Gasparini,

(1) Cooperación con Ucrania y asistencia a este país en la esfera de los derechos humanos,
ONU, 30 de junio de 2025.
(2) Situación de los derechos humanos en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente,
incluidas la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, Informe del Secretario
General, ONU, 28 de mayo de 2025