Argentina apeló el fallo de la justicia de EE.UU. que obliga a entregar acciones de YPF
Argentina apeló el fallo que la obliga a entregar acciones de YPF por la expropiación. La jueza Preska fijó un plazo para cumplir con la orden. Los detalles.
El Gobierno nacional presentó una apelación contra el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien había ordenado que Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento de una sentencia de más de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
La presentación formal se realizó sin esperar a que la magistrada resuelva si acepta o no el pedido de suspensión del cumplimiento de esa orden, emitida el pasado 30 de junio.
Según lo establecido por Preska, el país tiene plazo hasta el lunes 14 de julio para depositar las acciones en un banco de Nueva York. La medida busca garantizar el cumplimiento del fallo favorable a los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclamaron una compensación económica por la expropiación.
Otro frente judicial por deuda
Además, los representantes legales del Estado argentino apelaron otro fallo relacionado, que obliga al país a entregar acciones de YPF al fondo Bainbridge para saldar una sentencia de US$95 millones vinculada a la deuda en default de 2001.
Jueza estadounidense Loretta Preska
A pesar de haberse iniciado la apelación, Preska aún tiene margen para decidir si otorga una suspensión del fallo original. También podría exigir que el país presente una garantía mientras se desarrolla el proceso ante la Cámara de Apelaciones.
Los fondos beneficiarios del fallo podrían avanzar en una solicitud para que se declare a la Argentina en desacato, en caso de que no se concrete la entrega de las acciones ordenadas por la jueza.
Origen del juicio
El 15 de septiembre de 2023, la jueza estadounidense Loretta Preska dictó una sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo del juicio fijó una compensación de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses acumulados asciende actualmente a 17.750 millones.
La resolución judicial favoreció a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes habían adquirido los derechos de litigio pertenecientes al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietaria del 25% de las acciones de la petrolera al momento de la estatización.
Reclamos por incumplimiento
El eje del reclamo radicó en que, al nacionalizar la participación de Repsol, el gobierno argentino de ese momento –durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner– no ofreció el mismo trato a los demás accionistas, tal como establece el estatuto de la compañía. Repsol fue compensada mediante bonos, pero no se realizó una oferta similar para los accionistas privados.
Desde la sentencia emitida en 2023, el Estado argentino presentó una apelación. Sin embargo, la falta de pago o de propuestas de acuerdo derivó en un aumento de la presión por parte de los demandantes. Entre las acciones impulsadas por los fondos, prosperó el pedido de entrega de acciones de YPF actualmente en poder del Estado. Esta solicitud fue avalada por la jueza Preska, lo que abrió la puerta a que otros acreedores presenten reclamos similares.
En ese contexto, el presidente Javier Milei expresó este miércoles que el fallo “no tiene aplicación porque violenta la ley argentina” y agregó que “para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.
Fuente: NA y TN
