La represión sin fronteras del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua

 La represión en Nicaragua no tiene limites. El gobierno persigue a muerte a opositores en Costa Rica y Honduras. El despojo de la nacionalidad supera las 450 víctimas. La ONU ofrece a los Estados «apoyo y asesoramiento para proteger a todos los nicaragüenses que viven en el extranjero».

El reciente asesinato de Roberto Samcam, mayor retirado del ejercito nicaragüense que se
refugió en Costa Rica en 2018 tras haber denunciado la represión desatada por el gobierno de
Managua, pone de manifiesto un modelo de venganza para amedrentar opositores, ya observado
en los casos de Joao Maldonado, que sobrevivió a 2 ataques también en Costa Rica, y el de
Rodolfo Rojas Cordero encontrado muerto en Honduras, denunciaron expertos de la ONU.

«Estos delitos representarían una escalada en el alcance y la gravedad de la represión
transnacional contra los opositores nicaragüenses» afirmaron los 3 miembros del Grupo de
Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado en 2022 por el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU para «llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre
todas las violaciones de derechos humanos cometidas por Nicaragua desde abril de 2018».

«Condenamos enérgicamente el asesinato de Roberto Samcam, al mismo tiempo que valoramos
la rápida actuación de Costa Rica. Confiamos que la investigación permitirá esclarecer los
motivos del terrible acto y brindar justicia a su familia», declaró Jan-Michael Simon, presidente
del Grupo de Expertos. «Conforme a la información disponible, el asesino entró en la residencia
de Samcam bajo pretexto de que iba a entregar un paquete, le disparó 8 veces y escapó».

«Las tácticas del gobierno de Nicaragua para controlar y silenciar a los disidentes en el
extranjero, incluyen amenazas, presión financiera, prohibición de entrada, denegación de
servicios consulares o pasaportes, privación arbitraria de la nacionalidad, acoso, vigilancia y
coerción de familiares», detalló Ariela Peralta, experta de este Grupo. Añadió que a Roberto
Samcam, le privaron arbitrariamente de su nacionalidad, como a otros 450 disidentes.

«Ningún lugar en el mundo parece ser seguro para los nicaragüenses que se oponen al gobierno
de Daniel Ortega y Rosario Murillo», estimó Reed Brody, experto del Grupo. «Los países que
acogen a nicaragüenses en su territorio deberían incrementar su protección». A Roberto
Samcam, «le ofrecieron y adquirió la nacionalidad española», pero lo mataron igual. Su asesinato
«representaría una escalada en el alcance y la gravedad de la represión transnacional contra los
opositores nicaragüenses».

Paralelamente, desde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en
Ginebra, Maarit Kohonen Sheriff, directora de Operaciones Globales, reveló «que desde marzo
pasado, el gobierno nicaragüense ha cancelado la personería jurídica de 18 organizaciones sin
fines de lucro, elevando a 5535 el total de organizaciones disueltas arbitrariamente desde el 2018,
lo que supone más del 80% de las organizaciones registradas hasta el 2017».

Agregó que «el desmantelamiento del espacio cívico es devastador. La libertad de prensa, sigue
siendo crítica. Al menos 178 periodistas se han exilado desde el 2018», mientras «que los que
permanecen en el país enfrentan vigilancias constantes, amenazas y censura». Como ejemplo
citó el caso del periodista Leo Cártamo, «detenido arbitrariamente en noviembre de 2024, cuyo
paradero permanece desconocido, lo que podría constituir una desaparición forzada».

Maarit Kohonen Sheriff añadió «restricciones graves a la libertad religiosa», precisando que «en
Semana Santa, el gobierno prohibió las procesiones religiosas en espacios públicos, limitando las
celebraciones al interior de templos. El clero y los lideres laicos continúan enfrentando amenazas,
interrogatorios y exilios forzados».

Puso de manifiesto que «una nueva Ley Electoral adoptada en marzo ha generado preocupación
por la profundización de la concentración del poder en la Presidencia. La normativa elimina
mecanismos de participación democrática como el referéndum y el plebiscito, permite el
proselitismo en oficinas públicas, y restringe la conformación de partidos políticos a ciudadanos
nicaragüenses, excluyendo a personas desnacionalizadas y exiliadas».

Subrayó que «estas reformas, sumadas a la reforma constitucional de enero de 2025, ponen en
duda la existencia de un sistema multipartidista funcional. Ademas, perdura la incertidumbre
sobre la fecha de las próximas elecciones presidenciales. En cuanto al Poder Judicial, una nueva
Ley Orgánica del Poder», cuestionaría «severamente su independencia». Al tiempo, «la
Presidencia tiene ahora la facultad de proponer al presidente de la Corte Suprema de Justicia la
publicidad de los procesos penales, restringiéndolos a discreción de las autoridades».

En cuando a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, Maarit Kohonen Sheriff
describió que «están bajo amenaza con la aprobación de nuevas reformas sin consulta previa ni
consentimiento informado, mientras continuan los ataques a sus comunidades, incluyendo
asesinatos, violencia sexual y detenciones arbitrarias. De las últimas 54 detenciones, hay diez
persona indigenas. Las detenciones arbitrarias continuan siendo utilizadas como una herramienta
de represión política consolidando un ambiente de miedo para silenciar voces críticas».

Expuso que la ONU «ha documentado 13 posibles desapariciones forzadas, y hay denuncias de
tortura y condiciones inhumanas de detención. Uno de los casos mas preocupantes es el de
Aníbal Martín Rivas Reed, de 62 años, con enfermedades graves, y cuyo paradero es
desconocido desde mayo».
Informó a su vez que «se niega la entrada al país a ciudadanos nicaragüenses», contabilizando en
lo que va del año, «29 casos de personas a quienes se les negó el ingreso a su propio país por
motivos políticos, una práctica que ha resultado en la separación de familias y ha afectado
gravemente los derechos de los niños».

Maarit Kohonen Sheriff sostuvo finalmente «que Nicaragua continua alejándose de la cooperación
internacional, tras haber notificado su retiro de 2 agencias de las Naciones Unidas, la dedicada a
la educación y la cultura y la de los refugiados». Urgió al gobierno nicaragüense «a reanudar el
diálogo y retomar su compromiso con los derechos humanos». Concluyó que la ONU «reitera su
disposición de brindar asistencia técnica con este objetivo».

Desde Ginebra, Juan Gasparini