Se trata de la sudafricana Navanethem Pillay, ex Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos de la ONU, hoy Presidenta de la «Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel».

La ONU concluye que Israel comete el crimen de lesa humanidad de exterminio en Gaza

La ONU concluye que Israel comete el crimen de lesa humanidad de exterminio en GazaLa ONU examina las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el marco de los ataques dirigidos contra centros educativos y lugares de interés religioso o cultural en Palestina. 

Desde Ginebra, Juan Gasparin

«La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado,
incluida Jerusalén Oriental, e Israel», designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
consideró que «al matar a civiles refugiados en escuelas, las fuerzas de seguridad israelíes
cometieron el crimen de lesa humanidad de exterminio», según el informe que será presentado
por los 3 expertos de esta Comisión, en la sesión del Consejo que se inicia el lunes en Ginebra.

«Los incidentes investigados por la Comisión causaron bajas civiles», constituyendo «crímenes
de guerra», dirigiendo «ataques contra civiles, homicidio intencionado (cuando murieron civiles
debido a los ataques), lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causaría pérdidas
incidentales de vidas o lesiones a civiles que serian manifiestamente excesivas en relación con la
ventaja militar concreta y directa de conjunto que se preveía», dice el informe de los 3 expertos
de esta Comisión: Navanethem Pillay (Sudafrica), Millon Kothari (India) y Chris Sidoti (Australia).

«Los ataques israelíes han causado daños en mas del 70% de los edificios escolares de Gaza y
han creado una situación en las que la educación de los niños se ha hecho imposible. Más de
658.000 niños de Gaza llevan 18 meses», sin acudir a clases. «Las instalaciones educativas de
Gaza fueron atacadas por diversos medios, como ataques aéreos, bombardeos, incendios y
demoliciones controladas … La Comisión considera que Israel ha aplicado una política
concertada para destruir los sistemas educativo y de salud de Gaza».

«Aproximadamente un millón de desplazados se han refugiado en las instalaciones del
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente (UNRWA) desde el 7 de octubre de 2023. Hasta el 25 de marzo de 2025,
742 personas refugiadas en sus instalaciones habían muerto y 2.406 otras resultaron heridas.
Unos 87.000 estudiantes universitarios vieron afectadas su educación por la destrucción o daño
de 57 edificios. El campus de la Universidad de Al-Azhar fue demolido.

«Entre el 7 de octubre de 2023 y el 25 de febrero de 2025, en Gaza, 403 de un total de 564
edificios escolares sufrieron impactos directos y daños. De los centros afectados, 85 escuelas
quedaron totalmente destruidas y 73 perdieron al menos la mitad de sus estructuras». Allí «16.275
docentes escolarizaban a unos 435.290 alumnos … Han muerto 612 docentes y 2.769 resultaron
heridos, siendo abatidos 190 miembros del personal académico universitario».

A su vez, «la Comisión documentó varios incidentes en los que las fuerzas de seguridad israelíes
quemaron o demolieron escuelas, muchas de las cuales estaban vacías en ese momento»,
considerando «que dicha conducta fue deliberada e innecesaria», y significa «una violación de los
principios de necesidad, distinción, precaución y proporcionalidad en virtud del derecho
internacional humanitario … Las declaraciones de los soldados implicados en tales actos
demuestran una clara intención de vengarse por el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel,
infligiendo un castigo colectivo a la población civil y causar destrucción gratuita».

Para la Comisión «estos actos son indicativos de la intención de las fuerzas de seguridad israelíes
de destruir estas instalaciones por tratarse de centros educativos y de reducir a largo plazo el
acceso de los palestinos a las infraestructuras civiles necesarias, en particular la educación. La
Comisión considera que Israel ha aplicado una política concertada para destruir el sistema de
salud de Gaza … quemando intencionalmente algunas escuelas», afirma también el informe.

«Se prevé que la destrucción del sistema educativo en Gaza perjudique a los palestinos durante
generaciones, con los consiguientes problemas de desarrollo económico, trabajo y capacidades
sociales. Los expertos han señalado que la situación actual en Gaza, incluida la destrucción de
escuelas y universidades, retrasará hasta cinco años la educación de niños y jovenes».

El informe de la Comisión aporta elementos sobre «las demoliciones y los ataques de los colonos
que han afectado a 806.000 estudiantes. Mas recientemente, unos 40.000 palestinos fueron
desplazados, lo que perjudicó gravemente el derecho de los niños a la educación. Israel ha hecho
poco por impedir que los colonos atacaran intencionalmente centros educativos para aterrorizar a
las comunidades y obligarlas a abandonar sus hogares, o por procesarlos cuando lo han hecho».

«La Comisión descubrió, mediante el análisis de pruebas digitales, que las fuerzas de seguridad
israelíes había demolido el campus de Al-Zahra de la Universidad de A-Israa el 13 de enero de
2024, el cual albergaba un museo. El 710 Batallón de Ingeniería de Combate y el 8130 Batallón
Blindado llevaron a cabo la demolición bajo las órdenes del comandante de la 99a División, que
posteriormente recibió una nota disciplinaria por ordenar la demolición sin la debida aprobación».

Todas «estas aciones constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos
humanos, incluido el derecho de mantener opiniones, la libertad de expresión y el derecho a la
educación. Las autoridades israelíes han puesto en el punto de mira a educadoras y estudiantes,
con la intención de disuadir a las mujeres de su activismo en lugares públicos, lo que constituye
una violación de los derechos de las mujeres y niñas recogidos en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer».

Cabe precisar que «los daños a edificios históricos, monumentos y demás patrimonio material
tienen un efecto cascada y afectan profundamente a elementos culturales inmateriales, como las
practicas religiosas y culturales, los recuerdos y la historia. El gran número de lugares atacados
indica un claro desprecio por las creencias religiosas, la cultura y el patrimonio del pueblo
palestino y socava su cultura e identidad», consigna el informe.

«Los diez lugares de interés cultural o religioso investigados por la Comisión» son «bienes de
carácter civil en virtud del derecho internacional humanitario y bienes culturales en virtud de la
Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, de la que
Israel es parte. En 4 de los 10 incidentes investigados por la Comisión, a saber, los relativos a la
Gran Mezquita Omarí, los Baños de los Samaritanos, la mezquita de Saad al-Ghafari y la
Universidad de Israel, incluido su museo, las fuerzas de seguridad israelíes declararon que habían
atacado un objetivo militar situado en el lugar, pero no aportaron las pruebas que la Comisión
pudiera examinar. Los cuatro lugares fueron arrasados. La Comisión observa que, dadas las
circunstancias del entorno, la presencia de un objetivo militar legítimo invocado por las fuerzas de
seguridad israelíes, no habría justificado los daños y la destrucción resultantes, por lo que dichos
ataques son desproporcionados».

Al tiempo, la Comisión estimó que «las fuerzas de seguridad israelíes conocían o deberían haber
conocido la ubicación y la importancia de lugares culturales destacados de Gaza y tendrían que
haber planificado sus operaciones militares con el objetivo de evitar daños. La Comisión
determinó, en relación con todos los lugares culturales investigados, que las fuerzas de seguridad
israelíes no tuvieron especial cuidado en evitar daños y proteger dichos lugares y su contenido».

«En la mayoría de los casos investigados por la Comisión, en particular los relativos a
demoliciones con explosivos y excavadoras, las fuerzas de seguridad israelíes cometieron
crímenes de guerra, entre ellos, a) dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la
religión y monumentos históricos, b) lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que
causaría daños a objetos civiles que serian manifiestamente excesivos en relación con la ventaja
militar concreta y directa de conjunto que se preveía, c) provocar una destrucción de bienes del
enemigo sin una justificación que hiciera necesaria dicha destrucción».

La Comisión investigó «3 ataques a sitios religiosos en Gaza, que servían de lugares de oración y
refugio para desplazados internos: la iglesia de San Porfirio, la mezquita Ihya al-Sunna y la
mezquita de Saad al-Ghafari», ocasionando «más de 200 víctimas mortales, entre ellas muchas
mujeres y niños». La ONU valora que «las fuerzas de seguridad israelíes causaron
intencionalmente daños desproporcionados, habiendo civiles en esos edificios, y de que era
probable» murieran palestinos, incurriendo en un «crimen de guerra de homicidio intencional».

Para la Comisión estos ataques contra una iglesia y mezquitas, habrían sido «consecuencia de
daños colaterales debidos probablemente a un error de puntería», desechando utilizar «métodos
de guerra que tuvieran en cuenta la proximidad de la Iglesia al objetivo previsto y el riesgo que
corrían los civiles que se refugiaban en su interior … llegando a la conclusión que Israel es
responsable de perpetrar un crimen de guerra … debiendo prever de que causaría daños a
civiles que serian claramente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se
preveía», ejecutando «el crimen de lesa humanidad de exterminio».

En este marco la Comisión caratuló «que las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por las
fuerzas de seguridad israelíes con el pretexto de realizar «excavaciones de rescate» que dan lugar
a la creación de atracciones turísticas son ilegales en virtud de la Convención para la Protección
de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado», siendo «actividades ilegales de
asentamiento en flagrante desafío al derecho internacional humanitario y contrarias a múltiples
resoluciones de la ONU y a la opinión consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia».

Por otra parte, la Comisión consideró que «la enmienda legislativa propuesta para transferir la
responsabilidad de los yacimientos culturales y arqueológicos de la Ribera Occidental la
Dirección de Arqueología de Israel constituye un claro acto de anexión ilegal», pues «la supresión
de la historia y la explotación de la arqueología, así como las medidas supuestamente adoptadas
para salvaguardar los yacimientos arqueológicos relacionados con el patrimonio judío en la
Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, enmascaran un programa subyacente de
expansión de asentamientos y anexión ilegal».

La Comisión denunció «las frecuentes incursiones militarizadas y otras acciones destinadas a
provocar y hostigar a fieles y figuras religiosas en Al-Haram al-Sharif/Monte del Templo, en
Jerusalem Oriental, dando lugar a graves restricciones de la libertad religiosa y, en varias
ocasiones, han desencadenado conflictos más amplios. Aunque algunas acciones de las fuerzas
de seguridad israelíes en dicho lugar pueden haber estado vinculadas a justificaciones de
seguridad, estas deben considerarse en el contexto más amplio de la ocupación ilegal, la
actividad de los asentamientos, el apoyo a los colonos y la erosión del status quo». Por ello los
expertos estiman que «muchos de estos actos constituyen la obligación de la Potencia ocupante
de respetar los lugares religiosos situados en territorio ocupado y de proteger las convicciones y
prácticas religiosas, así como lo usos y costumbres de las personas protegidas».

La Comisión reiteró «su honda preocupación por las declaraciones de políticos israelíes que
descartan la existencia del pueblo palestino». Señaló «en consecuencia que la conducta de las
autoridades israelíes en relación con los lugares culturales y religiosos en todo el Territorio
Palestino Ocupado, incluida la destrucción de lugares en Gaza, es indicativa de una intención de
marginar las reivindicaciones territoriales palestinas, impedir la práctica comunitaria de la religión
y borrar las pruebas de la historia y la cultura palestinas».

La Comisión denunció por consiguiente, que de tal manera «colectivamente esto socava la
identidad de los palestinos como pueblo y su supervivencia como tal», afirmando «que, si bien la
destrucción de bienes culturales, incluidas las instalaciones educativas, no es en sí misma un
acto genocida, las pruebas de tal conducta pueden, no obstante, respaldar la hipótesis de que
exista intención de cometer genocidio a fin de destruir a un grupo protegido».

En consecuencia, la Comisión denuncia que «la destrucción física de Gaza, el desmantelamiento
de sus sistema educativo y los ataques contra lugares de interés cultural religioso y cultural en el
Territorio Palestino Ocupado, no solo afectan en general a los palestinos en la actualidad, sino
que también ponen en peligro el futuro del pueblo palestino, incluido su derecho a la libre
determinación». Recuerda al respecto, que la Corte Internacional de Justicia de la ONU dio por
probado en 2024 que Israel «había aplicado políticas ilegales y había privado -y seguía privando-
al pueblo palestino de su derecho a la libre determinación al obstaculizar el desarrollo económico,
social e intelectual, así como la preservación cultural».

La Comisión finaliza su informe alertando a la comunidad internacional que «el ataque y la
destrucciones de sitios patrimoniales, la limitación del acceso a estos sitios y el borrado de su
heterogénea historia erosionan los lazos históricos de los palestinos con la tierra y debilitan su
identidad colectiva. Estas prácticas, combinadas con la continua expansión del los
asentamientos, violan el derecho los palestinos a la libre determinación y disminuyen las
perspectivas de que se establezca un Estado palestino viable».