La Ciudad apeló el fallo del juez Gallardo para que pueda haber fuerzas federales en la marcha de la CGT

El Gobierno de Jorge Macri presentó una apelación contra el fallo del juez porteño que había decidido que el Ministerio de Seguridad Nacional no podía intervenir en la marcha de jubilados y la CGT.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Procuración General, presentó este martes una apelación solicitando que se revoque el fallo del juez porteño Roberto Gallardo, el cual había determinado que las fuerzas de seguridad federales bajo el mando del Ministerio de Seguridad Nacional no podrían interceder en el operativo de este miércoles por la marcha de jubilados con apoyo de la CGT en el Congreso.

“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación. Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”, aseguró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Con ese objetivo en mente, el Gobierno de la Ciudad solicitó que se «eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para este miércoles». 

En su argumentación, la gestión de Jorge Macri consideró «improcedente» la medida precautoria del titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires y apuntó contra «la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”. 

Por esos motivos, la Procuraduría señaló que la resolución del juez Gallardo «es nula» y remarcó que «la medida fue resuelta sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó el derecho de defensa».» La Ciudad, en ningún momento, renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad. Y considera que el fallo es improcedente por su prejuzgamiento», afirmaron.

A su vez, las autoridades porteñas cuestionaron que el magistrado «se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la ‘discrecionalidad técnica’ para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad».

En ese sentido, también manifestaron que la decisión de Gallardo «es el producto individual de su voluntad, basada en su simple convicción personal», y subrayaron que este «no funda su decisión en premisas válidas y presupone anticipadamente una omisión de la Ciudad en la administración de la seguridad».

Así, el Gobierno porteño afirmó que se «afecta el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas Federales, y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad».

En una avanzada similar, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, denunció al juez porteño por «mal desempeño en sus funciones» por «interferir en el trabajo de las fuerzas federales» y lo acusó de tomar “decisiones sin respaldo legal y con una clara intencionalidad política» para beneficiar «a ciertos sectores».

Así, la cartera de Seguridad ratificó a través de un comunicado publicado este lunes que “la seguridad de los edificios nacionales y sus alrededores, así como la protección de la vida democrática, son responsabilidades exclusivas de las Fuerzas Federales” y reafirmó su “compromiso con el orden, la seguridad y el respeto a la ley, y no permitirá que decisiones injustificadas afecten la protección de los argentinos de bien”.