Funcionarios del Ejecutivo presentaron en comisiones el Programa “Mi Escritura”, que busca agilizar el proceso de escrituración de viviendas

El directorio del Instituto Provincial de la Vivienda junto a funcionarios de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, presentó ante el plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, el programa “Mi Escritura”, un proyecto del Poder Ejecutivo que tiene como finalidad “efectivizar el objetivo de escriturar las viviendas que, por distintas causas, a través del tiempo, no han podido culminar esta etapa, fundamental para consolidar el derecho de propiedad”.

Según explicó el titular del IPV, Gustavo Cantero, “el objetivo que buscamos es agilizar el proceso de estructuración para que muchos más mendocinos tengan la posibilidad de ser propietarios de su vivienda. Es una herramienta para agilizar el proceso”.

En esa línea, Ramiro Canet, director de la DIGEBIRE, señaló que existe “un marco normativo de hace muchos años”, y el IPV ha trabajado en paralelo en torno a la regularización dominial “con lo cual, la base jurídica está” para avanzar con esta iniciativa.

Ante el plenario, que estuvo presidido por Franco Ambrosini (UCR) y Jorge López (UCR), presidentes de LAC y Hacienda, respectivamente, indicaron que el objetivo es ordenar la gestión de todas las actividades vinculadas a  regularización dominial y coordinar con todos los actores  involucrados tales como municipios, prestadoras de servicios, IPV, DIGEBIRE y colegios profesionales, entre otros.

Asimismo, busca garantizar el financiamiento y establecer el sistema de re-pago, esto es, “para que sea verdaderamente efectivo pero con un sistema de re-pago para que de alguna manera se recupere el dinero que está invirtiendo la provincia, para que ese fondo se retroalimente y el programa siga”.

En ese sentido, en el articulado se expresa precisamente “facultar a la Administración Tributaria Mendoza a instrumentar las reglamentaciones específicas para generar la modalidad de re-pago del financiamiento otorgado a los contribuyentes beneficiarios del presente Programa”.

De acuerdo a la fundamentación del proyecto, “este círculo virtuoso de regularización dominial permite contribuir a la seguridad jurídica, a evitar situaciones de hecho en la defensa de la posesión, a ordenar los catastros municipales y provincial, a titularizar cuentas con las empresas prestadoras de servicios públicos, a regularizar deudas con el Estado municipal o provincial y, fundamentalmente, permite contribuir a incorporar inmuebles al tráfico inmobiliario formal, con el impacto fiscal positivo que esto genera”.

Durante el encuentro, se expuso que se estima que existen en Mendoza alrededor de 30 mil inmuebles a regularizar y esta propuesta, permitiría que “todo el universo se va a trabajar con esta sola gestión unificada, para que haya una sola oficina responsable que pueda medir metas y resultados”.

De hecho, el proyecto en cuestión crea y faculta a la Oficina Unidad Ejecutora del Programa Mi Escritura a “suscribir convenios con colegios profesionales, otros organismos públicos o privados, para posibilitar el abordaje multidisciplinario y la optimización de recursos en la implementación del presente Programa en un todo de acuerdo con las leyes provinciales existentes y reguladoras de la escrituración de los inmuebles comprendidos”.

Entre otros puntos, se propone además instruir a todas las reparticiones del Estado a adecuar la normativa para facilitar el proceso de escrituración y posibilitar el levantamiento de inhibiciones  al solo efecto de la escrituración. “Hoy quedan fuera un montón de inmuebles que podrían ser escriturables pero están inhibidos. Lo que se hace es levantar la inhibición a los efectos de escriturar y volver a inhibir para garantizar los derechos del acreedor”, explicaron.

De igual forma, apunta a eximir del pago de las tasas de transferencia en las reparticiones y la posibilidad de escrituración con deuda, que serán reconocidas en la escritura, asumiéndolas el beneficiario. “Esas deudas pasarán a estar en la escritura y el acreedor tiene un instrumento cierto para reclamar”, destacaron.

En otro orden, se invita a adherir a los municipios para permitir la “eximición de aranceles por derechos de transferencias y la posibilidad de la escrituración con deuda y la asunción de la misma por parte de los beneficiarios del Programa”.

Otro de los puntos destacados es que el proyecto no tiene un impacto fiscal relevante y que “que los fondos a afectar ya se encuentran presupuestado”.

Los inmuebles incluidos en este programa son aquellos “en los que el IPV hubiera intervenido y los que se encuentren sujetos a las condiciones y requisitos previstos en la Ley N° 8.475 y su modificatoria, Ley N° 9.602 de regularización dominial y saneamiento de títulos; de aquellos en que los que el IPV hubiera intervenido no siendo titular registral y contando con elementos para la escrituración, y de aquellos en que los que sea titular registral”.