Sin agua: cómo es vivir en El Challao, una zona que crece sin ese servicio básico
Gastan hasta $150.000 por mes en camiones cisterna por un lado, agua para beber por otro y para cocinar por otro. Reciclan cada gota y esperan una solución. ¿Llegará en 2026?
Mercedes Gómezmartes, 25 de marzo de 2025
En la zona de El Challao son miles las familias que conviven con un problema crónico: la falta de agua potable. Mientras autoridades anuncian obras que prometen solucionar el suministro en 2026 y advierten que la zona nunca tuvo servicios, los vecinos relatan una realidad de costos exorbitantes, soluciones precarias y promesas incumplidas. El problema afecta tanto a Las Heras como a la Ciudad de Mendoza.
«Vivimos como si estuviéramos fuera del sistema»
El Challao está fuera de la zona de concesión original y está en área de expansión. El Gobierno asegura que allí se instalaron loteos y luego se reclamaron los servicios. Como sea, en la vida cotidiana se siente. «El agua potable la tenemos que comprar, y la de pozo para riego también. Depende de la zona: a unos les sale más caro por el transporte o porque no tienen pozo», explica Flavia, del barrio Alto Challao. Los camiones cisterna cobran por kilómetro y capacidad, pero la demanda supera la oferta: «Antes un sólo proveedor abastecía a todos, pero ahora ni él ni los 3 o 4 nuevos dan abasto», agrega otro residente.
El sistema de tickets subsidiados, que permitía a familias acceder a agua con sólo pagar el flete, colapsó en enero de 2025 cuando la Municipalidad de Las Heras dejó de cubrir a barrios de Capital, como La Angostura y Cerros Azules. «Ahora 200 familias quedaron sin acceso. Capital se niega a replicar el beneficio», denuncia Mario quien es vecino del barrio La Angustura que pertenece a Capital y un vecino del lado lasherino asegura que «aún con esos tickets es más caro que el camión del barrio».
«Los barrios que no poseen servicio de agua y cloacas, es porque los mismos, originariamente, incumplieron con la ley de loteos, es decir, con la urbanización y los servicios básicos aprobados por los organismos y reparticiones correspondientes. En estos casos los vecinos que allí se asentaron no lo hicieron en un lote, sino en una fracción de un condominio, mecanismo utilizado en casi todo el piedemonte mendocino», aseguraron desde AYSAM.
Pozos y gastos estratosféricos
Sin red formal, el recurso más popular son los pozos donde los camiones llenan sus tanques y distribuyen en las cisternas que cada familia tiene en su domicilio, pero la calidad del agua es riesgosa. Es un dilema carísimo: el agua del camión es muy sucia para cocinar, y el agua del sodero es muy cara para cocinar y se necesita una tercera categoría de agua para consumo que implica llenar bidones en la Iglesia de Lourdes o en casa de familiares y amigos que tienen agua corriente. Quienes pueden pagar, destinan hasta $150.000 mensuales en camiones, mientras que en barrios formales la tarifa bimestral ronda los $32.000.
«Reciclamos agua de la ducha para regar plantas. El baño se comparte y no se tira la cadena», describe una vecina de la zona de Quintas de San Isidro Oeste. Otros relatan que sus principales incomodidades se relacionan con las altas temperaturas del verano ya que falta agua porque las napas están agotadas. «Aún con todo el lío que implica, ni siquiera es potable«.
La obra prometida: ¿solución o espejismo?
En diciembre de 2024, Aysam asumió la construcción del «Sistema de Producción y Provisión de Agua Potable Pedemonte Norte», una obra financiada por la provincia que beneficiaría a 14.655 familias sin servicio y mejoraría el suministro para otras 7.164. Con un avance del 5% desde enero, su finalización está prevista para mediados de 2026.
Sin embargo, la desconfianza persiste. «Hace 30 años que esperamos agua. Cada elección nos prometen lo mismo, pero solo ponen carteles», reclama un habitante. Otro señala la contradicción en la regularización: «Nos piden agua para legalizar los barrios, pero no nos la dan. Es el huevo y la gallina».
El costo humano de la descoordinación
Mientras Aysam atribuye el problema al desarrollo irregular de condominios –prohibidos desde 2022 por la Ley 9.414–, los vecinos cuestionan la inacción estatal. «No somos ocupas, somos olvidados. Compramos terrenos, pagamos impuestos, pero vivimos como en el siglo pasado». Así denuncian que los culpabilizan por vivir en barrios irregulares «cuando el que debiera controlar – y prohibir – la venta de inmuebles en barrios irregulares es el Estado”.
En El Challao, el agua no cae del cielo pero tampoco sale de las canillas: se compra, se ruega o se sufre. Mientras las autoridades hablan de plazos y porcentajes de obra, las familias sobreviven con bidones, favores y paciencia. El futuro sigue sediento.
