La ONU cuestiona al Presidente Javier Milei por el nombramiento de jueces en la Corte Suprema
La ONU manifiesta su desacuerdo con el nombramiento dispuesto por el presidente Javier Milei de 2 nuevos integrantes de la Corte Suprema en Argentina.
La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret
Satterthwaite, condenó el «nombramiento temporal por parte del Presidente argentino Javier Milei
de 2 jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial, eludiendo el proceso de aprobación
del Senado», según un documento oficial de Naciones Unidas difundido en Ginebra.
Estos Relatores son expertos independientes elegidos por el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, compuesto por 47 Estados miembros de la ONU que se van renovando anualmente por
el voto secreto de la Asamblea General. No son empleados de la ONU, ni cobran sueldo, solo
viáticos para cumplir sus misiones, actuando según su conciencia. Tienen mandato por 3
años, renovable una sola vez, presentando informes anuales que son debatidos en el Consejo.
«El Ejecutivo no está por encima de la ley», afirmó Margaret Satterthwaite, «al ignorar los
procesos de nombramiento judicial establecidos por la Constitución y aclarados en los
estatutos», estimando que el Presidente Milei «está eludiendo los controles y equilibrios
legalmente establecidos», designando al juez federal de primera instancia en Buenos Aires, Ariel
Lijo, y al doctor en derecho, Manuel Garcia Mansilla, para ocupar vacantes en la Corte Suprema.
Las designación «judicial por decreto presidencial sienta un peligroso precedente al politizar los
nombramientos, erosionar la transparencia y limitar las vías para el escrutinio público y la
impugnación», sostuvo la Relatora. Advirtió «que la seguridad en el cargo judicial podría verse
degradada por la naturaleza temporal de los nombramientos por decreto presidencial». Con
«estos 2 nombramientos el Tribunal Supremo pasará a funcionar sin ninguna mujer magistrada».
«La seguridad en el cargo es crucial para la protección de la independencia judicial, ya que
permite a los jueces ejercer sus funciones libres de la amenaza de perder su puesto si sus
decisiones no son del agrado de otros poderes del Estado», considerando que «este retroceso
puede suponer para el país una violación de la regla de no regresión en relación a las normas de
igualdad de genero, enviando un mensaje muy negativo a todas las mujeres del país».
La Relatora también advirtió «que el aumento indebido del control ejecutivo o legislativo sobre los
nombramientos judiciales erosiona la separación de poderes y socava la capacidad de los
tribunales para reforzar la rendición de cuentas democrática garantizando que los poderes
políticos del gobierno cumplen la ley y respetan los derechos humanos».
Por consiguiente, Satterthwaite recomendó que la Argentina vuelva «a comprometerse con sus
obligaciones internacionales vinculantes en materia de derechos humanos, defender la
independencia del poder judicial y respetar el Estado de derecho», revelando a su vez que «está
en contacto con las autoridades argentinas sobre este asunto».
Las inquietudes de la Relatora, fueron respaldadas por el Alto Comisionado de la ONU para
Derechos Humanos, Volker Turk, quien se alarmó «por las recientes medidas ejecutivas que
eluden los procedimientos establecidos para los nombramientos en la Corte Suprema, que corren
el riesgo de socavar la independencia del poder judicial y el Estado de derecho», agravadas por
«las políticas de austeridad sobre el creciente número de personas que viven en la pobreza».
Desde Ginebra, Juan Gasparini.
