La ONU identifica a represores en Nicaragua
Los Organismos Financieros internacionales, como el FMI y GAFI, la OIT, Estados Unidos, la Unión Europea, y una mayoría de países latinoamericanos, apoyan a los nicaragüenses para conseguir reasentamiento e integración y condenan la represión.
El Grupo de 3 expertos independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU para investigar la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo
desde el 2018, ha establecido una lista de represores que habrían cometido «crímenes de lesa
humanidad, asesinatos, encarcelaciones, tortura y violencia sexual» La información ha sido
transmitida a las autoridades en Managua, y por esa vía «a las personas implicadas, para darles
la oportunidad de responder», antes de publicar todos los datos en Ginebra.
Se trata de «agentes estatales y no estatales», autores de «graves violaciones y abusos de los
derechos humanos de manera sistemática y generalizada contra un conjunto cada vez mayor de
personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares». Los expertos han reunido «las
pruebas necesarias para establecer los hechos», según la metodología imperante en la ONU de
tener «motivos razonables para creer», enumerando «posibles responsabilidades individuales».
«El Grupo de expertos identificó 4 fases principales de la represión desde abril del 2018. La
primera fase (2018-2020) se caracterizó por una represión violenta y desproporcionada de las
protestas legítimas generalizadas, revelando un impulso autoritario y una falta de preparación
inicial para abordar el descontento y las demandas sociales». La policía, el ejército y grupos
armados progubernamentales «hicieron uso excesivo y letal de la fuerza», provocando
«centenares de ejecuciones extrajudiciales», pero el parlamento amnistió a los autores en 2019.
«La segunda fase (2021) se caracterizó por la intensificación de la represión selectiva,
especialmente detenciones arbitrarias y los juicios injustos, para garantizar la reelección del
Presidente Ortega. El Consejo Supremo Electoral revocó la personalidad jurídica de 3 partidos
políticos de la oposición» … deteniendo «a candidatos y figuras claves» y « continuó el asalto
contra el espacio cívico» … incluso contra medios de comunicación independientes, como La
Prensa y Confidencial» y «se incrementó el número de solicitantes de asilo en el extranjero».
«En la tercera fase (2022), el Gobierno redobló esfuerzos para eliminar todos los restos de la
oposición política en vísperas de las elecciones municipales de noviembre. La policía depuso
arbitrariamente a 5 alcaldes y detuvo a miembros de partidos de la oposición y sus familiares…
Se intensificó la represión contra la Iglesia Católica … detenciones arbitrarias y expulsiones … y
anulando la personalidad jurídica de miles de organizaciones sin fines de lucro y universidades».
«La cuarta fase (2023-presente) se caracterizó por la eliminación de toda critica y cimentar el
control absoluto del ejecutivo sobre todas las entidades del Estado y la población. Las
autoridades expulsaron y prohibieron la entrada al país, a cientos de nicaragüenses y privaron
arbitrariamente de su nacionalidad a cientos de ellos… Cancelaron la personalidad jurídica de
otras centenas de organizaciones sin fines de lucro. Aceleraron la confiscación de bienes de
opositores reales o presuntos, de sus familiares, incluyendo desapariciones forzadas … y culminó
una amplia reforma constitucional desde febrero del 2025, que socavó derechos fundamentales».
En este contexto, cabe distinguir que «entre mayo y junio de 2018, el Presidente ordenó a 2
figuras históricas de la revolución -ya fallecidas- crear grupos armados en todo el país. La
Vicepresidenta ordenó al secretario de la organización nacional y a los secretarios políticos del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a nivel departamental y municipal que
organizaran estos grupos para defender «la revolución». Fueron «integrados por ex-miembros del
Ejército Popular Sandinista, miembros de la Reserva Patriótica y de la Juventud Sandinista,
jovenes marginados, pandilleros y empleados de empresas de seguridad, entre otros, y
participaron en graves violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales,
detenciones arbitrarias y actos de tortura, en coordinación con fuerzas policiales y militares». (1
Al tiempo, «el Presidente y la Vicepresidenta, han aprovechado la estructura y los recursos del
FSLN para infiltrarse en todas las instituciones públicas y gobiernos locales, consolidando así su
control sobre las entidades estatales en todo el país. Las «Unidades de Victoria», integradas por
miembros del FSLN, conocidas anteriormente como «Comités de Liderazgo Sandinista», se
establecen dentro de todas las instituciones públicas, y están dirigidas por «secretarios políticos»,
personas que gozan de la plena confianza del Presidente, la Vicepresidenta y el partido, y que
tienen la misión de ejecutar directivas del partido dentro de su respectiva institución».
Estas «Unidades de Victoria» aseguran el control «desde abajo». Están presentes en todos los
distrito, municipios y barrios de Nicaragua. Recogen información que los secretarios políticos
transmiten a la dirección del FSLN, que la comparte con la Dirección de Información para la
Defensa del ejercito -a pesar de la estricta prohibición de que el ejército participe en la vigilancia
política- y/o con los servicios de inteligencia de la policía. Esta red de inteligencia y control ha
permeado todos los niveles de la sociedad, desde los barrios hasta las alcaldías, los
departamentos y las delegaciones ministeriales».
Los expertos de la ONU dan cuenta de «una amplia estructura de vigilancia e inteligencia que
responde a ordenes del Presidente y la Vicepresidenta». Principalmente la componen «miembros
del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el Ministerio de Salud y grupos armados
progubernamentales». Estos «utilizan centros de cómputo instalados en cada municipio. Todas
las instituciones públicas están también vinculadas a esta estructura a través de sus secretarios
políticos, quienes identifican a los funcionarios públicos y otras personas a investigar».
Brutalmente «el Gobierno utiliza esta información (canalizada principalmente a través del centro
de Información e Inteligencia Policial, del Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis
Financiero y la estructura
del FSLN) para identificar opositores, vigilar sus actividades, acosarlos
o geolocalizarlos. Esta estructura también determina a quien defender, expulsar, impedir el
regreso o despojar arbitrariamente de la nacionalidad».
En ese marco, el gobierno prosigue con las detenciones arbitrarias, juicios injustos y
desapariciones forzadas de «opositores reales o presuntos», incluyendo «lideres sociales, figuras
políticas, defensores de derechos humanos y periodistas». Se han denunciado los casos de
Carlos Bojorge Martínez y Freddy Quezada, detenidos en noviembre de 2023, mantenidos
desaparecidos hasta sus expulsiones a Guatemala el 5 de septiembre de 2024. Se agregan 35
desapariciones «de corta duración», y otras 12 que no han dejado rastros. (2)
Cabe recordar que este Grupo de expertos de la ONU «determinó anteriormente que la expulsión
de nacionales formaba parte de un plan dirigido por el Presidente y la Vicepresidenta para
eliminar cualquier forma de disidencia. Todos los nicaragüenses expulsados forzosamente del
país fueron por razones políticas y quedaron en una situación de aguda vulnerabilidad, sin acceso
a un recurso efectivo». Declarándolos «traidores a la Patria», 222 nicaragüenses privados
previamente de su libertad, fueron «deportados» en 2023, consignó un informe precedente.
El patrón continuó. «El 5 de septiembre de 2024, el Gobierno expulsó a Guatemala 135 personas,
que habían sido privadas arbitrariamente de su libertad (110 hombres y 25 mujeres). A la mayoría
no se le notificó su condena. Las autoridades no emitieron una orden de expulsión ni una lista
oficial con la identidad de estas personas, lo que está afectando negativamente el acceso a la
protección internacional… Los expertos no encontraron pruebas de decisiones judiciales o
administrativas que ordenaran la expulsión de estos nuevos 135 casos». Ultimamente se han
sumado «3 casos de expulsiones colectivas e individuales, en las que estuvo presente el Ministro
del Interior y 4 casos supervisados por un un asesor presidencial».
Las repercusiones internacionales de algunos de estos acontecimientos han motivado a la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) el envío de una misión de alto nivel a Nicaragua para
evaluar la situación e informar en marzo de 2025 a su sede central en Ginebra. Argentina abrió un
procedimiento penal sobre la base de la jurisdicción universal, contra Daniel Ortega y Rosario
Murillo, y 16 funcionarios «a efectos de su extradición a la Argentina». La fiscalía de Brasil
reclama por el asesinato de Raynéia Gabrielle Lima en Managua, cuyo autor reconoció los
hechos, pero Nicaragua «se ha negado a acceder a la solicitud citando una ley de amnistía».
«Canadá, la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos de America han impuesto
sanciones económicas y prohibiciones de viajar a varios altos cargos y entidades del Gobierno
nicaragüense por el papel que desempeñaron en graves violaciones de derechos humanos y en el
debilitamiento de la democracia». El representante de Comercio de Estados Unidos inició una
investigación sobre Nicaragua, tomando en consideración informes oficiales, incluyendo los de la
ONU, para decidir si comerciar con Nicaragua «supone una carga para Estados Unidos».
«Tras la consulta del Artículo IV de 2024 con Nicaragua el Fondo Monetario Internacional (FMI)
emitió recomendaciones para mejorar significativamente el Estado de derecho, asegurar la
independencia judicial y garantizar el derecho a un recurso efectivo y justo». Ahora el Grupo de
Expertos de la ONU solicita al FMI «evaluar las cuestiones de gobernanza en la supervisión y el
uso de recursos del FMI, más concretamente las conclusiones del Grupo sobre las
confiscaciones arbitrarias, generalizadas y sistemáticas de bienes y la instrumentalización por
parte del Gobierno de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
para justificar las cancelaciones masivas de organizaciones sin fines de lucro».
El Grupo de Expertos reclamó a la comunidad internacional «condicionar de manera efectiva el
acceso preferencial de Nicaragua al mercado», según parámetros de derechos humanos, «en
particular en relación con el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, la
República Dominicana y Centroamérica, y la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación
entre la Unión Europea y Centroamérica».
Desde Ginebra, Juan Gasparini.
(1) Los dos jefes guerrilleros del sandinismo histórico aludidos en el informe, omitiendo sus datos
de identidad, ambos hoy fallecidos, serian Edén Pastora, y Raúl Venerio Granera, exJefe de la
Fuerza Area Sandinista, alias «Willy».
(2) Entre ellas, se mencionan a Brooklyn Rivera Bryan, diputado de la Asamblea Nacional y líder
del Pueblo Miskito, Víctor Boitano Cóleman, Angélica Chavarría Altamirano, Fabiola Tercero
Castro, Steadman Fagoth Muller, Eddy Gonález Valdivia, Leo Cárcamo Herrera, Julio Quintana
Carvajal y Fabio Cáceres Larios.
