La ONU denuncia la «crisis carcelaria» en Ecuador
La ONU reclama al Ecuador erradicar la violencia en las cárceles, y proteger a indigenas, mujeres y refugiados venezolanos.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, denunció la superpoblación carcelaria en Ecuador, calificándola
de «grave problema», debido a la «violencia en las cárceles cometidas durante los motines de
prisioneros, que causaron la muerte de 600 personas privadas de libertad, entre 2018 y 2023»,
según un debate público en Ginebra con una delegación del gobierno que preside Daniel Noboa.
Los 17 expertos que componen este Comité, expresaron su preocupación por «las duras
condiciones en las prisiones, que ponen en peligro la vida de los reclusos, como el hacinamiento,
actos de violencia entre los detenidos, malos tratos por parte de agentes penitenciarios y
deficiencias en materia de saneamiento, nutrición, y acceso a los servicios de salud; condiciones
que se han visto agravadas desde enero de 2024», con «la movilización de las Fuerzas Armadas
para garantizar el mantenimiento de la seguridad en el interior de los centros» de reclusión.
Durante las deliberaciones, se calcularon que «entre enero y mayo de 2024, bajo el Estado de
Urgencia, se llevaron a cabo 35.000 detenciones, por acusaciones de terrorismo». El Comité
exhortó al gobierno de Ecuador a reemplazar el Estado de Urgencia, vigente desde hace 6 años,
por disposiciones que »incluyan un enfoque fundado en derechos humanos», aplicando las
«Reglas de Tokio», establecidas por la ONU, a través de «medidas no privativas de la libertad,
como alternativa al ingreso en prisión».
Velando «por que la prisión preventiva sea una medida excepcional que se aplique únicamente
cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible», la ONU alentó al Ecuador a «seguir
trabajando» para reducir la cantidad de presos, «adoptando procedimientos claros para gestionar
solicitudes de beneficios penitenciarios, y proporcionando una formación eficaz a los funcionarios
públicos (jueces, abogados, fiscales, y proveedores de asistencia social y salud)»
El Comité recordó al Ecuador otros dispositivos a respetar en la materia, como las llamadas
«Reglas Nelson Mandela», para que los detenidos «tengan un acceso adecuado a los servicios de
salud, incluidos la salud mental, la alimentación, el agua potable, la higiene y el saneamiento, así
como los servicios de rehabilitación y apoyo a la reintegración». También las «Reglas de
Bangkok» para «reclusas», englobando «Medidas no Privativas de la Libertad para mujeres
delincuentes».
Al tiempo, preocuparon a los expertos «los frecuentes motines con víctimas mortales» en las
cárceles, y «los asesinatos de personal penitenciario». Constataron a su vez «con preocupación el
carácter militarizado de la gestión» de los establecimientos carcelarios, y «las informaciones
recibidas sobre actos de corrupción e infiltración del crimen organizado que estarían impidiendo
el correcto funcionamiento» de las prisiones, y la existencia de «autogobierno» en las mismas.
El Comité insistió en su preocupación por «las duras condiciones de las prisiones, que ponen en
peligro la vida de los reclusos, como el hacinamiento, actos de violencia entre reclusos, malos
tratos por parte de agentes penitenciarios y las deficiencias en materia de saneamiento, nutrición
y acceso a los servicios de salud; las cuales se han visto agravadas desde enero de 2024 tras la
movilización de las Fuerzas Armadas para garantizar el mantenimiento de la seguridad en el
interior de los centros penitenciarios».
Por otra parte, la «violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes» preocupó al Comité,
Observó una «alta incidencia del feminicidio y la violencia sexual contra mujeres y niñas», dado
«el reducido número de condenas por esos delitos, y la insuficiencia de los servicios de
protección y apoyo a las víctimas». Se trata de «un fenómeno frecuente en las escuelas y hogares
así como la falta de información sobre las medidas implementadas para fomentar denuncias, en
particulares de niñas afrodescendientes, indígenas y las que viven en zonas rurales y remotas».
La «discriminación y violencia por motivos de orientación sexual e identidad de genero», fue
motivo de preocupación del Comité, subrayando «la estigmatización … y violencia hacia las
personas LGBTI». Constatando «la falta de información proporcionada por el Estado», los
expertos anunciaron que «se seguiría practicando», en Ecuador, «la denominada terapia de
conversión contra personas LGBTI en centros clandestinos». Reclamaron al gobierno «adoptar
las medidas» para prohibirlas», y seguir «combatiendo los discursos de odio» contra las víctimas.
El Comité lamenta «que el aborto sigue tipificado como delito, salvo en casos de violación o
amenaza a la vida o la salud de la madre». Asimismo perduran «los obstáculos que estarían
enfrentando las mujeres para acceder a la interrupción legal del embarazo, incluyendo la
invocación de la objeción de conciencia por equipos médicos». La ONU le reclama al Ecuador,
«modificar» la legislación, «con miras a garantizar el acceso seguro, legal y efectivo al aborto»,
incluso cuando llevarlo a término «causaría dolores y sufrimientos considerables a la mujer o a la
niña embarazada, especialmente si el embarazo es consecuencia de incesto, o no es viable».
Los expertos tomaron nota que «las tasas de homicidios continuan siendo extremadamente
altas» en el Ecuador, consignando paralelamente, «la aprobación en referéndum de la
participación de las Fuerzas Armadas en el control complementario del orden interno, por el alto
riesgo de violaciones de los derechos humanos que supone la militarización de la seguridad
pública», junto a «la disminución de los impuestos para la compra de armas personales».
La ONU deplora ademas que Ecuador no le haya «proporcionado datos exhaustivos sobre el
resultado de las investigaciones correspondientes a casos de tortura y malos tratos desde enero
de 2024 … habiendo recibido denuncias», de tales actos, «en el contexto de estados de
excepción que afectan en particular a personas detenidas y privadas de libertad». Tampoco
recibió información «sobre reparaciones ofrecidas a las víctimas de tortura y malos tratos, como
la rehabilitación y la indemnización».
El Comité encomendó a Ecuador, a redoblar «sus esfuerzos para garantizar que el poder judicial
goce de plena independencia e imparcialidad». Lo instó a «tomar medidas inmediatas para
garantizar que los procedimientos disciplinarios y la selección, nombramiento, suspensión,
traslado y destitución de jueces y fiscales sean compatibles» con los principios y directrices de la
ONU, que se basan «exclusivamente en criterios objetivos y transparentes para evaluar los
méritos de los candidatos, conforme a los requisitos de idoneidad, competencia y honorabilidad».
La ONU se preocupa por «casos de corrupción que afectan al poder judicial» en Ecuador. Se
aluden, «investigaciones de la Fiscalía General del Estado» sobre «estructuras criminales (que)
habrían pagado sobornos a operadores de justicia a cambio de decisiones favorables,
modificaciones en composiciones de tribunales, retardos procesales injustificados y beneficios
penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares».
Evidentemente, todo ello «da lugar a un alto grado de desconfianza pública en los operadores de
justicia y a la creencia de que se estaría produciendo la penetración del crimen organizado en el
poder judicial», frente a lo cual se coteja con preocupación «escasas medidas de prevención y
protección, adoptadas frente a los asesinatos, amenazas, intimidaciones, y agresiones contra
jueces, fiscales, y demás profesionales del ámbito jurídico».
Sobre el flujo migratorio en la frontera norte de Ecuador, «así como la puesta en marcha de
procesos de regularización para los migrantes que llegan de la República Bolivariana de
Venezuela … el Comité está preocupado por el limitado alcance de estos procesos de
regularización». De acuerdo a «informaciones recibidas, estarían excluyendo a los venezolanos
que llegaron al territorio de Ecuador después de 2022», los cuales mantendrían, en totalidad,
«una de las tasas más altas de migrantes venezolanos en situación irregular (68%)».
Pese a «los esfuerzos» de las autoridades ecuatorianas para proteger a «los extranjeros,
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo», la información de la ONU indica que serian objeto
«de detenciones arbitrarias, extorsión, trata, intimidación y amenazas, y lamenta la falta de
información específica sobre las medidas adoptadas para garantizar que las personas víctimas
de estos actos puedan acceder a la justicia y le sean respetados todos sus derechos humanos».
En lo concerniente a las «libertades de expresión y reunión pacífica, preocupan al Comité el
acoso, los atentados, y la violencia contra periodistas y otros profesionales de los medios de
comunicación, que incluso han conllevado al exilio forzoso». También «las vulneraciones del
derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica, en el contexto de las manifestaciones
de 2019 y 2022, en particular el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas», por
las fuerzas represivas «y la falta de información sobre el resultado de las investigaciones».
El Comité pidió al gobierno ecuatoriano de «asegurar que se investiguen de manera pronta,
exhaustiva, imparcial y eficaz todas las alegaciones relativas a actos de hostigamiento e
intimidación contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación; que los
autores sean llevados ante la justicia y sean debidamente sancionados; y que las víctimas reciban
reparación integral», concretamente «las organizaciones indígenas y campesinas»,
particularmente afectadas por las violaciones a las libertades de expresión y de reunión pacífica.
«Al Comité le preocupa la demora en la finalización y aprobación de un proyecto de ley orgánica
que regule el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades Indígenas a la
consulta y el consentimiento previo, libre e informado, así como las informaciones según las
cuales el Estado viene aplicando el Decreto No. 754 a comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, en contravía a la sentencia 51-23-IN/23 dictada en 2023 por la Corte
Constitucional».
De la misma manera «preocupa a la ONU que la presencia de la fuerza armada y las operaciones
en el contexto de la aplicación» del Decreto antes mencionado, «hayan provocado un aumento de
la violencia dando lugar a enfrentamientos violentos y a la criminalización de las personas
defensoras de derechos humanos», en el marco de informes «según los cuales no se han llevado
a cabo procedimientos de consulta adecuados y suficientemente participativos a fin de obtener el
consentimiento libre, previo e informado», concretamente sobre los proyectos mineros San Carlos
Panantza, Warintza, Rio Blanco, Curipamba-el Domo, La Plata y Mirador». Al respecto,
«preocupan las informaciones sobre los peligros que entrañan la contaminación y los derrames
petroleros en zonas habitadas, en particular las regiones donde viven pueblo indígenas».
El Comité le recuerda al Estado de Ecuador, que debe finalmente «difundir ampliamente» el
presente informe, con vistas a aumentar la conciencia sobre los derechos consagrados en el
Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU entre las autoridades judiciales, legislativas y
administrativas, la sociedad civil, y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el país
y la población en general». Encomió al Comité, entregar a más tardar «el 8 de noviembre de 2027,
información sobre la aplicación de las recomendaciones que le han sido formuladas». La próxima
comparecencia de Ecuador ante este Comité «tendrá lugar en Ginebra en 2032».
Desde Ginebra, Juan Gasparini.
