A iniciativa de México, la ONU impulsa la protección de los derechos humanos de los migrantes

Mexico lidera el debate de la ONU sobre la migración «segura, ordenada y regular », para erradicar la discriminación racial, especialmente de la mujer, los niños, las personas con discapacidad, y combatir la delincuencia internacional que atenta  contra los trabajadores migratorios y sus familiares.

Coincidiendo con la entronización de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su país
consiguió en Ginebra, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara sin votación
una resolución bajo su liderazgo, «reafirmando la necesidad de proteger la seguridad y dignidad
de los migrantes, y de respetar, y hacer efectivos sus derechos humanos y libertades
fundamentales en todas las situaciones y durante todas las etapas de la migración».

Siempre según la ONU, respecto al «retorno de los migrantes, sea voluntario o no, debe ser conforme con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional, los derechos humanos y el interés superior del ninfo, el principio de no devolución y las obligaciones relativas al respeto de las garantías procesales y la prohibición de las expulsiones colectivas». La ONU suma «la necesidad de velar por que los migrantes que regresan sean debidamente recibidos y readmitidos, conforme a la obligación de los Estados de no privar arbitrariamente a sus nacionales del derecho a entrar en su propio país y a la obligación de los Estados de readmitir a sus propios nacionales».

Respaldado por algunos países latinoamericanos (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Paraguay y Perú), junto a Filipinas, Alemania, Irlanda, Luxemburgo y las Islas
Marshall, el texto expresa la inquietud «por la propagación de narrativas deshumanizadoras y
nocivas», que siembran la «desinformación y la información errónea, y discursos de odio sobre
los migrantes», actualmente unas 281.000.000 personas en el mundo, de los cuales 118.000 en
situación irregular en Mexico, que han huido de sus lugares de origen, buscando un futuro mejor.

Todos ellos tienen por rasgo común ser víctimas de la «xenofobia, racismo, formas múltiples e
interseccionales de discriminación, incluida por motivos de religión o de creencias, exclusión,
violencia, hostilidad hacia los migrantes y sus familias, divisiones sociales y discordia, y da lugar
a sanciones desproporcionadas por migración irregular, como la criminalización injusta, y la
adopción de políticas que pueden impedir el acceso de los migrantes a los servicios básicos, la
protección y la justicia, lo cual obstaculiza su pleno disfrute de los derechos humanos».

A «la instrumentalización de los migrantes con fines políticos o de otro tipo, amplificada por
algunos medios de comunicación, que los culpan con el propósito de desviar la atención y
dividir», la ONU agrega «las situaciones de especial vulnerabilidad y los riesgos que enfrentan los
migrantes, especialmente las mujeres y las niñas, así como los niños migrantes no acompañados
o separados, que pueden derivarse de los motivos por los que abandonaron su país de origen»,
destacándo «las circunstancias con que se encuentran durante todas las etapas de la migración,
de la discriminación relacionada con los aspectos específicos de la identidad o las circunstancias
personales, o de una combinación de esos factores».

Preocupa también a la ONU «la perdida de las vidas, las desapariciones, la explotación, la tortura,
la violencia sexual y de género y todas las demás formas de violencia, incluida la violencia por
motivos de religión o de creencias o la violencia por motivos de raza, y otras violaciones y
abusos contra los derechos humanos que sufren los migrantes» al emprender «viajes peligrosos.

Resulta por consiguiente «importante y creciente (el) número de migrantes, especialmente
mujeres y niños, incluidos niños no acompañados o separados de sus padres o cuidador legal,
que han resultado heridos o han desaparecidos al intentar cruzar fronteras internacionales».

La ONU advierte a los Estados, que «tienen la responsabilidad de promover, proteger y respetar
los derechos de todos los migrantes, independientemente de su situación migratoria»,
encontrándose « en su territorio» y estando «sujetos a su jurisdicción … reafirmando el
compromiso de adoptar medidas para evitar la muerte de migrantes, en particular promoviendo y
mejorando las operaciones de búsqueda y salvamento en regiones fronterizas peligrosas,
estableciendo y reforzando vías de migración segura, ordenada y regular», de seguro
«ampliándola y diversificando la disponibilidad y la flexibilidad de esas vías, y previniendo las
violaciones de los derechos humanos que resultan de las practicas de devolución sumaria,
especialmente las expulsiones colectivas y devoluciones».

La ONU recomienda a los Estados a tomar en cuenta que «la falta de documentación adecuada»,
para los migrantes, como «pasaportes, documentos nacionales de identidad, documentos
educativos, profesionales o sanitarios, crea barreras de acceso a las vías de migración segura y
regular, lo que aumenta la vulnerabilidad y puede conducir al uso de rutas peligrosas, con el
consiguiente incremento de los riesgos de explotación y trata».

A su vez, la ONU «reafirma el derecho soberano de los Estados a determinar su propia política
migratoria y su prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con
las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular el derecho
internacional de los derechos humanos», toda vez que reconoce «las responsabilidades comunes
y respectivas de los países de origen, tránsito y destino … poniendo de relieve fomentar la
cooperación, el intercambio de información, y la coordinación entre países a tal efecto», evitando
«enfoques que puedan agravar las situaciones de vulnerabilidad que puedan marginar aún más a
los migrantes, incluidas las narrativas deshumanizadoras y nocivas que presenten a los migrantes
como una amenaza o únicamente teniendo en cuenta los beneficios percibidos que aportan».

Al tiempo, la ONU estima, en cuanto al «tráfico ilícito de migrantes y los delitos en contra de ellos,
especialmente los relacionados con la trata de personas, el trabajo infantil y el trabajo forzoso,
siguen constituyendo un grave problema y que su erradicación requiere una evaluación y una
respuesta basada en los derechos humanos que se hayan concertado a nivel internacional, así
como una cooperación multilateral reforzada» entre los países involucrados, a fin de «prevenir,
investigar, enjuiciar y castigar del trafico ilícito de migrantes, prevenir, combatir y erradicar la trata,
e identificar, proteger y ayudar a las víctimas de la trata».

Siempre según la ONU, respecto al «retorno de los migrantes, sea voluntario o no, debe ser
conforme con las obligaciones que incumben a los Estados den virtud del derecho internacional,
los derechos humanos y el interés superior del ninfo, el principio de no devolución y las
obligaciones relativas al respeto de las garantías procesales y la prohibición de las expulsiones
colectivas». La ONU suma «la necesidad de velar por que los migrantes que regresan sean
debidamente recibidos y readmitidos, conforme a la obligación de los Estados de no privar
arbitrariamente a sus nacionales del derecho a entrar en su propio país y a la obligación de los
Estados de readmitir a sus propios nacionales».

Para darle la debida forma jurídica y política a los 28 principios a respetar universalmente la
protección de los migrantes, y así darle continuidad al debate de la presente resolución,
adoptada por consenso, la ONU encomienda a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para
Derechos Humanos, Volker Turk, planificar una sesión dentro de un año sobre los desafíos y
compromisos que deben asumir los Estados, consolidando la no criminalización de los migrantes,
erradicando los discursos de odio en su contra, prosiguiendo en la vía del consenso
internacional.

Desde Ginebra, Juan Gasparini