45 Estados denuncian en la ONU violaciones de los derechos humanos en Venezuela
« Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes»
Simon Bolivar, 2 de enero de 1814.
La Canciller argentina, Diana Mondino, leyó una «intervención conjunta» de 45 países durante la
ultima sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, sobre «la grave
crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela, que se ha acentuado aún más
en el año 2024». Lamentó «la suspensión de la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado»,
exhortando a Venezuela «a reanudar la cooperación» con dicha Oficina, y «permitir el ingreso al
país de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU». (1)
De America Latina y el Caribe, apoyaron el documento, ademas de Argentina, Chile, Ecuador,
Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. De America del Norte,
Canada y Estados Unidos. Se sumaron Corea, Japón, Nueva Zelandia, Israel y Australia. El resto
fueron unos 30 países europeos. (2)
«En las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio, la situación de los derechos
humanos ha empeorado a un ritmo alarmante: detenciones arbitrarias de figuras de la oposición,
periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con
discapacidad, algunas de las cuales podrían constituir desapariciones forzadas», afirmó la
Ministra de Relaciones exteriores de Argentina.
Condenó también el «uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de
hacer cumplir la ley y de grupos civiles armados conocidos como «colectivos», llamamientos del
estado para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en manifestaciones
pacíficas, cancelación de pasaportes y periodistas y defensores de derechos humanos», sin
olvidar de mencionar la «persecución judicial» contra el candidato presidencial, Edmundo
González Urrutia, quien reivindicó haber vencido a Nicolas Maduro en las recientes elecciones,
debiendo acogerse al asilo político que le concedió España.
«Resulta especialmente preocupante el daño que estas acciones ocasionan al Estado de
Derecho, la democracia y el respeto de las libertades civiles y políticas del pueblo venezolano, y
que redundan en un deterioro de la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos
por parte de Venezuela. Bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista,
se persigue, detiene y priva de la libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y
su legítimo derecho a la protesta pacífica», subrayó Diana Mondino.
Añadió que «además, hemos sido testigos de acciones que se dirigen a la persecución de niños,
niñas y adolescentes, por lo que reclamamos con firmeza la obligación de garantizar que sean
tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez».
Reclamó a su vez, «liberar de forma incondicional e inmediata a todas las personas detenidas
arbitrariamente, a poner fin a la ola de represión contra los opositores políticos y manifestantes
que se está intensificando en todo el país, y a respetar … las normas internacionales sobre sobre
el debido proceso y sobre las condiciones de detención, conforme a los instrumentos
internacionales ratificados por ese país en la materia».
Estas declaraciones se inscriben en el contexto de la incierta situación imperante en la embajada
argentina en Caracas, donde se han exilado 6 opositores al gobierno de Nicolas Maduro (3),
cercados por un dispositivo de las fuerzas de seguridad venezolanas que amenazan con irrumpir
y capturarlos. Argentina evacuó su personal diplomático y solo han quedado empleados de
mantenimiento. Buenos Aires encargó a Brasil ocuparse transitoriamente de sus intereses, pero
esa autorización estaría a punto de ser anulada por Venezuela, para secuestrar a los exilados.
Desde Ginebra, Juan Gasparini
(1) Venezuela ejerció su derecho a réplica mediante una intervención oral, cuya transcripción
escrita se acompaña al pie. La ejerció un diplomático venezolano en el Consejo de Derechos
