Seguridad: ocho años de gestión, para terminar echándole la culpa a un juez
«Nos hubiésemos evitado un homicidio», lanzó Cornejo sobre el juez que le dio libertad condicional a Pereyra, el asesino de Pelayes. Mendoza, en el último mes, tuvo más homicidios que Rosario.
El asesinato de Héctor Pelayes, a quien mataron hace una semana en una entradera en su casa, dejó en carne viva a la política de Seguridad de la administración de Alfredo Cornejo quien, hasta su paso anterior por el poder, ostentaba a esta área como uno de sus fuertes de gestión.
El Gobierno y Ministerio de Seguridad en particular, sintieron el impacto de esa muerte producida en Corralitos (y ya viene padeciendo por homicidios que se sucedieron durante los últimos meses) porque el argumento oficial que se viene utilizando para sostener que la inseguridad está controlada es que se mantienen estables los homicidios. Esto, a pesar de que reconocen que suben y muy fuerte los otros robos en la vía pública y que además, como problema clave, la gente a esos delitos menores ya casi ni los denuncia.
Este dato surge como constante en la Encuesta de Victimización que regularmente elabora Seguridad, que se hace pública de manera esporádica y que en los papeles es prácticamente el único elemento de evaluación estadística con la que cuenta el Estado como herramienta para saber dónde esta parado en su contra los delincuentes. Hace un tiempo la ministra del área, Mercedes Rus, admitió que esa “cifra negra del delito” rondaba el 60%. También, tanto ella como su antecesor en el cargo, Raúl Levrino, se jactaban de que “Mendoza tiene la tasa de homicidios más baja del país”. El hechizo se rompió: la provincia registró en el último mes más homicidios vinculados a episodios de inseguridad que la ciudad de Rosario.
En materia de inversión presupuestaria las falencias se notan también. Según el monitoreo de los números que realizó el peronismo, la inversión para combatir a la delincuencia viene disminuyendo año a año en la provincia y, desde el 2017 hasta el 2023. En ese sentido, la participación presupuestaria del ministerio de Seguridad cayó alrededor de 2,5 puntos en el lapso de esos años.
Con muertes tan violentas como la de Pelayes y las otras, el Gobierno solo atinó a salir del sacudón ensayando respuestas muy particulares. Una fue la del propio Cornejo, despotricando porque los diarios, según su óptica, querían dar la imagen de que vivíamos en Medellín. Y luego Rus, en su descargo, volvió sobre un argumento que ya habíamos escuchado desde el arranque de esta etapa de gestión de los radicales. El gobernador arremete hace rato contra la Justicia porque entiende que los jueces no están aplicando el criterio de reiterancia y no retienen a los delincuentes en las cárceles luego de que son detenidos cometiendo un delito. Y ese camino siguió Rus, aunque en su intento de repartir culpas cometió un error grosero.
Todo comenzó cuando la ministra cayó en la cuenta de que el asesino de Pelayes era Roberto Rolando Pereyra Cruz, un hombre de 36 años, oriundo de Rodeo del Medio, Maipú, quien también cayó muerto en lugar de los hechos y gozaba de libertad condicional. Pereyra tenía antecedentes penales y pesaba sobre él una condena de 11 años y 6 meses de prisión por un homicidio en ocasión de robo y antes, también, había estado preso por un robo agravado. Desde el año pasado, había sido beneficiado con beneficios carcelarios.
El tema fue que Rus se equivocó feo al deslindar responsabilidades. “La Dirección de Derechos Humanos de la Corte solicitó su liberación, haciendo caso omiso a nuestras leyes», dijo, buscando apuntarle a un organismo de la Suprema Corte que controla el juez Omar Palermo, a quien Cornejo tiene entre ceja y ceja de toda la vida. La Dirección de Derechos Humanos no fue el organismo que permitió la liberación de Pereyra Cruz. Sino que quien firmó esa condicional fue un juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento.
Y por él fue Cornejo un día después de la gaffe política de su ministra de Seguridad. “Esa persona (por Pereyra) debería haber estado privada de la libertad y nos hubiésemos evitado un homicidio. No cumplió la condena porque un juez de garantías lo dejó en libertad”, atacó. Razón tenía para decir eso. Aunque el argumento de defensa resulta muy parcial: una gestión que ya lleva ocho años demostrando muchas dificultades para contener el avance del delito en la provincia, termina responsabilizando a un juez de todos sus males.
Hay, sin embargo, un hecho incontrastable en el marco de toda esta desgracia. Sarmiento se equivocó en otorgar un beneficio a quien dejó salir de la cárcel y no solo volvió a delinquir, Sino que además volvió a matar. Pereyra se encontraba alojado en Granja Penal cumpliendo su condena y ya venía incorporado al beneficio de Salidas Transitorias desde hace unos dos años y para poder liberarlo lo primeo que hizo el juez fue declarar la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, que sostiene que la libertad condicional no se concederá a los reincidentes, así como tampoco se concederá cuando la condena fuera por varios delitos, entre los cuales, está el delito por el cual lo habían condenado a Pereyra Cruz. La única forma de autorizar la libertad condicional, como lo hizo el juez, es si declara inconstitucional ese artículo.
El argumento jurídico que utilizó Sarmiento para adoptar esta decisión fue la supuesta discriminación que implica tratar distinto a personas que están en la misma situación, que se viola el principio de progresividad de la pena y que además esa imposición del Código atenta contra el articulo 16 de la Constitución Nacional. Sarmiento hizo uso del control de constitucionalidad difuso que pueden ejercer los jueces y su fallo se enmarca en diversos planteos similares que se han realizado en ese mismo sentido en varias jurisdicciones del país. En Córdoba, por caso, ya se dictó jurisprudencia al respecto. En Mendoza este punto en particular aún no llega a la Corte y, además, el Ministerio Público Fiscal (brazo ejecutor judicial de la política criminal del gobernador ) tampoco apeló la decisión de Sarmiento.
Pero la clave para entender la decisión del juez de Ejecución está en otro aspecto. Para decidir qué hacer, Sarmiento tuvo disponibles sobre su escritorio dos informes oficiales contradictorios entre sí. Uno que le recomendaba no liberarlo y el otro que avala la condicional.
Por un lado estaba el informe que hace el Servicio Penitenciario a través del Servicio Correccional, que recomendó otorgar el beneficio. Y lo hizo, basado en el argumento de que Pereyra había demostrado tener buena conducta dentro del penal. “Visto lo manifestado por los distintos vocales y lo plasmado ut supra y luego del pormenorizado análisis de la evolución del interno solicitante, basándose en las evaluaciones e informes realizados por personal profesional y técnico de las distintas áreas y en su desempeño institucional los integrantes de este órgano colegiado, por unanimidad estiman conveniente la presente petición, manifestando que (Pereyra) presenta un correcto desempeño institucional, no ha registrado sanciones disciplinarias en el último trimestre, mostrando adecuada adaptación a las normas disciplinarias imperantes en esta Unidad Penal. Tiene un trato muy respetuoso, tanto hacia el personal penitenciario como con sus pares. Realiza laborterapia de forma regular en el área de producción agrícola. Posee estudios secundarios incompletos y finalizó distintos talleres durante el ciclo 2022. Tiene hábitos laborales incorporados. No presenta inconvenientes en cuanto a seguridad. Ante las observaciones mencionadas y al no existir razones objetivas que inhiban el avance en el régimen progresivo de la pena, puede inferirse que el beneficio solicitado resultará favorable para el futuro personal, para una pronta reinserción social, por ello se estima beneficioso y se propicia el acceso al beneficio solicitado”, sostuvo el Servicio Penitenciario.
Sin embargo otro ente oficial, el Organismo Técnico Criminológico (OTC) recomendó no soltarlo. En el informe que firma la psicóloga Elena Vergara, se sostiene que en Pereyra “no se advierte en sus expresiones desarrollo empático hacia las víctimas, así como tampoco generación de mecanismos reparadores de ningún tipo, orientando el discurso hacia la necesidad de egresar en libertad, lamentando prioritariamente el tiempo de detención transcurrido hasta la fecha por sobre la valoración de la magnitud social del delito. Su personalidad ha sido descrita en informes profesionales confeccionados precedentemente como predominantemente impulsiva, con bajos niveles de tolerancia a la frustración, falencias en la posibilidad de anticipación de consecuencias de sus actos y en el ejercicio de autocontrol conductual, prevaleciendo estilo de afrontamiento reactivo- agresivo como alternativa de resolución de situaciones de stress. En consideración de lo observado y evaluado en la entrevista psicocriminología realizada, se advierte que si bien el desempeño institucional tiene características de formal, persisten factores de riesgo criminológico, los cuales se advierten en el posicionamiento desafectivizado frente al delito y a las víctimas, destacando falencias de significación clínica en la posibilidad de desarrollo de procesos reflexivos y autocríticos orientados hacia su conducta disruptivo-violenta, la cual no es percibida como tal, lo que permite estimar inconveniente el acceso al instituto solicitado, sugiriéndose conveniente dar continuidad a las actividades educativas y laborales emprendidas e inclusión en talleres psicológicos y psicoeducativos orientados hacia el ejercicio de autocontrol impulsivo, así como a las distintas etapas de la progresividad del régimen de la pena con la finalidad de optimizar pronóstico de reinserción social”.
¿Qué hizo Sarmiento? Tomó en cuenta el informe favorable a otorgar el beneficio y no el otro. ¿Por qué? Porque, según él mismo sostuvo en su descargo, la pericia psicológica le pareció científicamente pobre. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? En este caso, evidentemente la decisión fue equivocada y todo derivó en un resultado espantoso con dos muertes al final del camino que el mismo juez no podrá explicar jamás ante la familia de Pelayes. Y, además, a este mismo magistrado no es la primera vez que algo así le sucede. Hace unos cinco años, otro beneficiado por Sarmiento con libertad condicional salió de la cárcel y mató. Se trató de Cristian Reina Flores, quien debía cumplir una condena de 18 años de prisión en el año 2021 y en 2017 fue liberado. En 2019, Flores asaltó y asesinó a un comerciante en Maipú.
De trasfondo, lo que subyace alrededor de esta crisis es el debate acerca de las condiciones de encierro, la relación con los beneficios carcelarios y la forma en que deberían resocializarse los reclusos. Y aquí está la diferencia conceptual e ideológica, si se quiere, entre Cornejo y los jueces “sacapresos” que el gobierno desprecia y terminó responsabilizó como eje de sus males. Sarmiento entiende que la forma es resociabilizarlos fuera de las cárceles. Cornejo sostiene que hay que dejarlos adentro y que el Estado se está ocupando en ese sentido de ellos.
Las estadísticas oficiales acerca de la reincidencia en el delito de aquellos que gozan de beneficios como la libertad condicional no son muy precios en Mendoza, aunque sí se sabe en el juzgado de Sarmiento se han firmado unas 1000 libertades en un período de diez años y que el 18% de los que salen bajo estas condiciones vuelven a delinquir y en un período clave que va entre los seis y doce mes desde que son liberados. En su mayoría, caen otra vez por delitos de poca monta.
La Dirección de Promoción de Liberados, organismo que depende del ministerio de Seguridad y que se encarga del seguimiento de los presos una vez en la calle, es un organismo cuasi marginal con muy poco presupuesto y que tiene una actitud pasiva. No hace un seguimiento constante de los beneficiarios y sólo constata que los exreclusos vayan a firmar las planillas cada treinta días.
Conseguir trabajo para alguien que estuvo preso no es tarea fácil y mucho menos en el contexto socioeconómico actual. Cada liberado carga con un certificado de antecedentes que le dura diez años y, si bien esto no implica un impedimento legal, muchos empleadores se resisten a contratarlos de manera formal. En definitiva, una persona sale de la cárcel y, aunque haya estado condenado por un delito menor, la condena posterior es seguir desociabilizándose.
Si afuera se encuentran con este panorama, lo que sucede adentro no mejora demasiado. “Él sabe lo que era Mendoza hace 10 años atrás y lo que es hoy el sistema penitenciario. Hay una sobreinversión y lo hacemos por la resocialización”, le tiró Cornejo a Sarmiento en el medio de la diatriba en la que descargó toda su furia contra el juez. Es verdad esto, aunque sea una verdad a medias.
Es cierto que en las sucesivas administraciones radicales (Cornejo-Suarez-Cornejo) construyeron y mejoraron cárceles como no ocurrió en ninguna otra gestión desde el regreso de la Democracia a esta parte. Pero eso obedece también a un fenómeno originado por la estrategia clave de la política criminal instaurada por el propio Cornejo en 2017: el endurecimiento de las prisiones preventivas, que apuntan a sacar a la mayor cantidad de delincuentes de las calles para que la sensación de seguridad en definitiva mejore. Hábil, Cornejo sabe que para sostener su plan precisa aumentar constantemente la capacidad carcelaria para que las penitenciarías (que se llenan y cada vez más rápido) no se conviertan en un polvorín.
Un dato en medio de todo este debate. Según cifras extraídas del sistema LED del Poder Judicial de Mendoza, en 2023 se concedieron cerca de 3000 audiencias para tramitar prisiones preventivas, contra unas 800 en donde se debatieron libertades condicionales. Esto desencadenó un incremento de casi mil nuevos presos alojados en las cárceles mendocinas en un período de dos años.
El Instituto de Investigación de Política Criminal (ICPR según sus siglas en inglés) es un centro privado que estableció una ratio sobre la proporción de población tras las rejas por cada 100.000 habitantes. El promedio es de 160. En Mendoza, cada 100.000 habitantes hay 235 detenidos. Estos mismos números se pueden graficar de otra forma: existen hoy alojados en las cárceles mendocinas unos 6.300 reclusos, de los cuales unos 1.300 están durmiendo en el piso.
¿Se puede trabajar en la resocialización en este contexto? Esa posibilidad aparece como difícil. En primer lugar porque de todas las carencias intramuros, el hacinamiento es una de las peores. Y en segundo término porque la falta de presupuesto atenta contra el discurso oficial. Las dos variables para volver a reinsertar a los presos en la vida social son la educación y el trabajo. Y ambas, paredes adentro, de lo que adolecen es de la falta de presupuesto. Los cupos para los docentes que dan clases en los penales son muy limitados (en algunos centros de reclusión alcanzan a dar clases solo una vez por semana) y lo mismo sucede con el centro de Capacitación y Trabajo (CCT) que depende de la Dirección General de Escuelas, un organismo que le dicta talleres a los presos sobre soldadura electricidad y otros oficios.
Esto obliga al gobierno a revisar no solo lo que sucede adentro. Sino que no le deja más margen que, en un contexto asimismo de mucha violencia y precariedad económica, establecer una política criminal asociada a otras políticas. Y dejar de buscar culpables afuera.
