Latinoamericano residente en Venezuela, explica el origen del golpe de Estado de Nicolas Maduro

Las 2400 nuevas víctimas de la represión en Venezuela tras la elección presidencial del pasado
28 de julio, constituyen «una violación a la libertad de expresión, de reunión pacifica y de
asociación», según el Alto Comisionado Volker Turk en Ginebra. Se suman a 14 mil ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas, sucedidas desde 2013 bajo 2 gobiernos sucesivos de
Nicolás Maduro, quien busca un tercer mandato, mediante elecciones cuyas actas no han sido
publicadas.

«Para mí la dictadura militar comenzó cuando Maduro desconoció la Asamblea Nacional elegida
en diciembre de 2015. La oposición tenia dos tercios de los diputados. Los circuitos electorales
chavistas entonces perdieron diputados. Hicieron gerrymandering (manipulación electoral),
circuitos con la misma población pero con más diputados», dando la victoria a Maduro. Ahí
«comenzó el deslave del chavismo, que perdió circuitos», atestigua un latinoamericano que vive
en Venezuela y protege su identidad en el anonimato para no sufrir represalias.

Luego «Maduro y su mafia inventaron el fraude de Amazonas para liquidar la mayoría de dos
tercios. Dejaron fuera a los diputados indígenas. Hasta hoy no se repitieron elecciones en el
Amazonas. El aparato electoral del chavismo siempre ha sido todo el aparato del Estado, que
dispone de miles de millones de dólares. Ventajismo y podredumbre total. Fraude continuado.
Una vez se lo comenté a un militante chavista. Me respondió, si los «adecos» y «copeyanos» lo
hacían (partidos políticos dominantes anteriores al chavismo), ¿porque nosotros no lo podemos
hacer?», concluyó el testigo latinoamericano, quien se eclipsa en la geografía venezolana.

Las 2400 nuevas víctimas que acaban de ser detenidas, incluyen «detenciones arbitrarias de
manifestantes, defensores de derechos humanos, adolescentes, discapacitados, miembros de la
oposición o a quienes se considera relacionados con ellos, así como de personas que actuaron
como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de
votación», precisa el Alto Comisionado para Derechos humanos de la ONU, Volker Turk.

«El uso desproporcionado de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los
ataques contra manifestantes» perpetrados por «personas armadas que apoyan al gobierno»,
ocasionaron muertes que «no deben repetirse», añadió Turk, quien pidió «la liberación inmediata
de todos los detenidos arbitrariamente, y garantías de juicios justos».

«Todas las muertes ocurridas en el contexto de las protestas deben ser investigadas y los
responsables rendir cuentas y ser sancionados, en consonancia con las normas sobre el debido
proceso y los juicios justos», añadió el Alto Comisionado. A su vez alentó al gobierno de Maduro
que «presente denuncias en contra de quienes participaron en supuestos actos criminales, que
incluiría actividades legítimas, como participar en asuntos públicos, manifestarse pacíficamente o
ejercer el derecho a la libertad de expresión».

Volker Turk concluyó expresando «su preocupación por la posible adopción del Proyecto de Ley
de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No
Gubernamentales y Afines, así como el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y
Expresiones similares». De igual modo le «preocupa que a algunas personas se les haya
cancelado el pasaporte, lo que parece se un acto de represalia por su trabajo legítimo en el país».

Estas denuncias coincidieron con la «avalancha de graves violaciones de los derechos humanos»
constatada por la «Misión de Establecimiento de los Hechos », integrada por 3 expertos
independientes (Marta Valiñas, Patricia Tappatá y Francisco Cox), mandatados en 2019 por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU para «evaluar las presuntas violaciones de los
derechos humanos en Venezuela desde 2014», cuyo reciente informe acaba de publicarse en
Ginebra.

El documento registra 23 muertes recientes en Venezuela, «la gran mayoría por disparos de
armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las
protestas. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años». De momento, los
expertos identificaron 1260 detenciones en ese periodo, entre ellas «160 mujeres»,
documentadas en el Distrito Capital (18%), Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%), calificadas de
«terroristas»».

Esta Misión revela que «ha recibido información especialmente preocupante sobre detenciones
de más de 100 niños, niñas y adolescentes, que han sido imputados por los mismos crímenes
graves que los adultos», sin contar «con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las
actuaciones judiciales», violando de tal manera «las normas internacionales de protección de la
niñez, respetando su interés superior».

Esta «avalancha», incluye «audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales
con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar;
… (con la) imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio,
sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación
de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el
nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas».

Desde Ginebra, Juan Gasparini